L'ALQUERIA D'ASNAR. La crisis que desde el pasado noviembre vive el Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar suma un nuevo capítulo, llegando al Juzgado. Los cuatro firmantes de la moción de censura han interpuesto una demanda contra las decisiones del alcalde, César Palmer. Esta demanda, en la sección contencioso-administrativo de Alicante por la vía especial de protección de derechos fundamentales, se centra "en las decisiones del alcalde, que han impedido la tramitación de una moción de censura presentada por la mayoría del pleno". Cesar Palmer gobierna en solitario desde noviembre, tras pasar a la oposición el PP y la otra edil no adscrita, que al igual que el alcalde habían concurrido por Compromís, una situación desencadenada tras una denuncia pública del PSOE sobre unas supuestas irregularidades en el ingreso de 1.625 euros de la recaudación de la piscina municipal y exigían que el alcalde explicara la situación. 

Los firmantes de la moción son los socialistas Andreu Ripoll, Sofía Domínguez y Rubén Colomina, y la edil no adscrita Saray González y, según indican, la acción judicial presentada denuncia que varios decretos de Alcaldía han causado “indefensión absoluta” a los regidores de la oposición y vulneran el derecho fundamental de participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución Española.

Recordar que la moción de censura se registró en febrero, con el apoyo de la mayoría absoluta del pleno (cuatro de los siete concejales) y proponía como candidata a la alcaldía a Saray González Linares. El acuerdo alcanzado entre los firmantes de la moción apuntaba que, aunque habrá una corresponsabilidad plena entre los cuatro regidores, la alcaldía se repartirá al 50% del tiempo restante de legislatura, iniciando el primer periodo Saray González (no adscrita) con Andreu Ripoll (PSOE) como primero y único teniente de alcalde, y al revés en la última parte de la legislatura. "Sin embargo, el alcalde declaró su improcedencia y archivó el procedimiento sin permitir su debate ni votación", alegando motivos que, según el recurso, "se basan en interpretaciones contrarias a la legislación vigente e incluso en normas declaradas inconstitucionales”.

El recurso sostiene que "el alcalde carece de competencias para inadmitir una moción de censura" y que su actuación "supone un bloqueo del control democrático al gobierno local". Además, se denuncian actuaciones "que podrían evidenciar una estrategia para impedir el cambio de gobierno, como son la designación de un secretario-interventor accidental sin la cualificación legal exigida, así como la contratación de asesoramiento jurídico externo con fondos públicos después de archivar la moción". Junto a ello, también denuncian "la negativa a permitir la tramitación de una nueva moción de censura", y señalan que la parte recurrente solicita al Juzgado "la adopción de medidas cautelares inmediatas, a sabiendas que será difícil que las acepten, entre ellas la suspensión de los decretos impugnados, y la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para debatir y votar la moción de censura".

Subsidiariamente, se pide limitar las competencias delegadas en la Alcaldía "para evitar decisiones que comprometen recursos públicos sin apoyo mayoritario" y los firmantes de la moción de censura y la demanda señalan que la situación actual está provocando una "parálisis institucional" en el municipio, con "problemas en la gestión económica, retrasos en pagos y falta de celebración de plenos ordinarios". Advierten que, a poco más de un año de las próximas elecciones municipales, “el mantenimiento de esta situación podría causar un perjuicio irreparable a los intereses de los vecinos y al funcionamiento democrático del Ayuntamiento”.