ALICANTE.- Aunque al terminar la reunión uno ha dicho A y el otro, B, el encuentro entre la cúpula de CEV Alicante y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha ido bien. A los empresarios les ha sorprendido el tono afable y pedagógico de Bernabé, en consonancia con el acto de toma de posesión del subdelegado del Gobierno (Manuel Pineda, también presente en el encuentro), en el que la delegada habló de “Alicante, tierra de excelencia”. ¿Y qué le han pedido los empresarios a la delegada gubernamental? Como casi siempre, el informe Ineca, que recoge el decálogo de las inversiones pendientes del Gobierno en la provincia de Alicante. Pero la petición ha ido más al detalle y se ha centrado en el programa Vertido Cero, que permitiría conectar las depuradoras de la comarca de l’Alacantí y destinar su agua para riego; el arreglo del embalse de San Diego, dentro del trasvase Júcar-Vinalopó, y proyectar la segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche.
Esa ha sido, en orden de prioridades, la principal reivindicación, aunque sobre la mesa han estado también las carreteras, en especial el desdoblamiento de la N-332 a su paso por Torrevieja, de la que la delegada ha dicho que pronto habrá novedades; la conexión férrea al aeropuerto, ligada al proyecto de la variante de Torrellano (todavía por empezar); las obras del tren Alcoy-Xàtiva, ya en marcha y que finalizarán en 2027; el fin del Corredor Mediterráneo o la ampliación del tercer carril de la AP-7 entre Orihuela y Crevillent, ya en marcha, pero con mucho retraso.
Sobre Vertido Cero, Bernabé ha reconocido no disponer de información, pero se ha comprometido a exigirla al Ministerio para la Transición Ecológica, al igual que con la balsa de San Diego. Se da la circunstancia de que este embalse está en desuso desde 2008, cuando se construyó, por las filtraciones que acumula y que impiden almacenar el agua procedente del Júcar, lo que hace inviable el postrasvase en el Vinalopó.
En cuanto al aeropuerto, los empresarios han valorado la inversión prevista, de 1.000 millones, pero exigen que al menos se proyecte la segunda pista, por el tiempo de tramitación que requiere. Los representantes empresariales consideran que el nivel de crecimiento del aeródromo alicantino hará necesaria esa segunda pista en los próximos años, de ahí que reclamen su proyecto como medida de anticipación.
La delegada, como era de esperar, ha hecho gala de las inversiones que el Gobierno tiene proyectadas en la provincia de Alicante y que ha valorado en 5.000 millones. Entre las actuaciones destacadas figuran los más de 1.100 millones para el aeropuerto, 750 millones para el trazado Xàtiva-La Encina y 260 millones para adaptar al ancho estándar el tramo La Encina-Alicante, clave para conectar el puerto con el Corredor Mediterráneo en materia ferroviaria; los 281 millones, incluyendo el tercer carril de la AP-7 entre Crevillent y Orihuela y la variante de Benissa, y una inversión de 542 millones (2022-2027) para desalinización y energía fotovoltaica, con proyectos estrella como la ampliación de la desaladora de Torrevieja.
El Vertido Cero, un proyecto durmiendo
El proyecto Vertido Cero, considerado la mayor actuación hídrica prevista en décadas para la provincia de Alicante, continúa sin arrancar pese al consenso generalizado sobre su necesidad ambiental y agrícola. La iniciativa, que debía modernizar las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia y permitir la reutilización de hasta 27 hm³ anuales de agua depurada, permanece encallada entre retrasos administrativos, pérdida de financiación europea y un cruce constante de acusaciones entre administraciones.
El proyecto fue impulsado por la Conselleria de Agricultura y Cambio Climático que dirigía Compromís, con el objetivo de eliminar los vertidos al mar y reutilizar el 100% del agua depurada en la ciudad de Alicante, donde se tratan casi 29 hm³ al año pero solo se reutiliza una parte. El resto acaba en la bahía norte, afectando a zonas como la Albufereta, el Cabo de las Huertas o Sant Joan. La modernización de las dos grandes depuradoras y la reordenación de caudales debía revertir esta situación y garantizar recursos hídricos adicionales para la agricultura del Vinalopó y la Vega Baja. El proyecto contaba con financiación de fondos europeos.
Desde entonces, la Generalitat y la Diputación acusan al Gobierno central de haber dejado caducar los fondos europeos Next Generation destinados a financiar parte de las obras, lo que habría supuesto la pérdida de una inversión clave. Ambas instituciones reclaman ahora que el Ministerio para la Transición Ecológica asuma íntegramente el coste de las actuaciones, al tratarse de obras de Interés General del Estado. Por su parte, Compromís ha llevado el asunto a Les Corts para exigir explicaciones al actual Consell del PP, al que acusa de no haber avanzado en el proyecto en los últimos dos años.
