Vista aérea de la planta desalinizadora Alicante II. Foto: MCTALICANTE. La adjudicación del nuevo contrato para gestionar de forma conjunta las desaladoras de Alicante I y II, que introducen hasta 48 hectómetros anuales en el abastecimiento de los municipios que dependen de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, se complica. A principios de junio, la mesa de contratación resolvió adjudicar el contrato (7,9 millones de euros anuales) a la UTE formada por GS Inima y Construcciones Alpi, que opera en la actualidad la planta Alicante II, tras dejar fuera a Acciona (que operaba Alicante I, construida en régimen de concesión, hasta este verano) por llegar fuera de plazo.
Sin embargo, tres meses después la explotación y mantenimiento de las plantas sigue sin adjudicarse. Una de las firmas descartadas, Sacyr Agua, recurrió en julio al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC), dependiente del Ministerio de Hacienda, al considerar que la oferta de la UTE elegida por el Taibilla debía ser rechazada. Y el Tribunal le dio la razón. De modo que la mesa de contratación cambió el sentido de la adjudicación, le quitó el contrato a Inima-Alpi, que quedó excluida del concurso, y se lo adjudicó a Sacyr Agua. Eso sucedió entre finales de agosto y mediados de septiembre. Y ahora, la UTE inicialmente adjudicataria y luego descalificada ha decidido también acudir al TARC en defensa de sus intereses, y el recurso ha sido admitido a trámite, lo que de nuevo paraliza el procedimiento.
El recurso de Inima-Alpi se registró este martes, con lo que el Taibilla, que ya había resuelto la adjudicación a favor de Sacyr (al valorar de nuevo las tres ofertas que aún seguían adelante tras la exclusión de la UTE como consecuencia del recurso, y antes la de Acciona por llegar tarde) ha tenido que volver a suspender el procedimiento, según la resolución que se ha publicado este miércoles.
En esencia, el fallo del TARC que anulaba la adjudicación a Inima-Alpi y obligaba a excluir su oferta se basó en un defecto formal que, sin embargo, resulta muy habitual en este tipo de concursos. La UTE adjudicataria había incluido en el sobre 2, donde solo debía aparecer la documentación general, algunos detalles sobre su propuesta técnica, que correspondían al sobre 3. Es decir, que al abrir este sobre el Taibilla obtenía "conocimiento, total o parcial, de la oferta del licitador por encontrarse incluido en él alguno de los datos que debieran figurar en el sobre de la proposición". Una circunstancia ante la cual, según la doctrina del propio TARC, el licitador debe quedar excluido. En el caso de Inima-Alpi, "está acreditado que en el sobre 2, relativo a los criterios cualitativos cuya cuantificación depende de un juicio de valor, se incorporó documentación relativa a la cualificación y experiencia del personal con que cuenta la licitadora-adjudicataria".
En el recurso de la UTE contra su exclusión, por su parte, señala que si se asume como cierto (hecho que no comparte) que el error en la documentación del sobre 2 debía provocar su descalificación automática, y la mesa de contratación no lo hizo, la resolución del TARC no puede implicar una nueva valoración de las ofertas restantes (como efectivamente sucedió), sino que el procedimiento debería declararse nulo y comenzar de cero. En este sentido, el recurso defiende que, al volver a valorar ofertas ya valoradas anteriormente, la mesa de contratación incurre en un defecto insubsanable de "contaminación de sobres". Es decir, que conocía el contenido de los tres sobres antes de comenzar a valorarlos de nuevo, algo que trata de impedir la nueva Ley de Contratación.
Así las cosas, este nuevo recurso puede dilatar la resolución definitiva, según los plazos habituales en el TARC, al menos otro mes. Y si el Tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda admite las alegaciones de la UTE, el concurso podría tener que volver a comenzar de cero, por lo que el nuevo contrato de gestión de las desaladoras podría no entrar en vigor al menos hasta 2020. Mientras, Acciona tendrá que seguir operando fuera de concesión la planta Alicante I, mientras Inima mantendrá también fuera de contrato la explotación de Alicante II. Además de Acciona, Sacyr e Inima, a la licitación se habían presentado Suez en UTE con FCC, y Abengoa.
