Operarios del servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante, en labores de poda.ALICANTE. La empresa especializada en el tratamiento de zonas verdes Geamur fija posiciones tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que conmina al Ayuntamiento de Alicante a retrotraer el concurso sobre la prestación del servicio para incorporar su oferta y se postula para asumir la prestación durante los tres años previstos en el contrato original, al interpretar que su oferta quedará clasificada como la mejor posicionada en el momento en el que se vuelva a valorar al conjunto de los licitadores en liza.
Esa es, cuando menos, la aspiración que la compañía prevé trasladar a los representantes del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), en el momento en el que pueda celebrarse un encuentro para disipar cómo se prevé cumplir la resolución del TS, toda vez que el plazo para su ejecución voluntaria concluye el próximo 28 de enero. De hecho, Geamur ya ha solicitado formalmente el desarrollo de una reunión para clarificar el futuro del concurso que se convocó en 2019 y que, según el fallo del alto tribunal, debe reactivarse con la readmisión de la oferta de la empresa, después de que quedase excluida a partir de los informes técnicos en los que se consideraba que incurría en baja desproporcionada no justificada.
Esa decisión motivó que la empresa recurriese su exclusión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y que obtuviese una resolución favorable (en la que el precio propuesto sí se consideraba razonado), que más tarde fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) y, finalmente, también por el TS, ante el recurso contencioso presentado por STV Gestión (la empresa a la que se le acabó concediendo el contrato) y por el mismo Ayuntamiento.
Así, Geamur parte con el objetivo de poder prestar el servicio al que optaron hace cuatro años sin contemplar la posibilidad de que les pueda plantear una posible fórmula de compensación alternativa como el pago de una posible indemnización económica. En esta línea, representantes de la empresa consultados precisaron que ni el TSJ ni el TS amparan esa opción, en la medida en que concluyen que debe retomarse el concurso para establecer una nueva clasificación con una nueva propuesta de adjudicación en la que se perfilarían como futuros contratistas.
Con todo, está por ver cuál puede ser la fórmula que pueda plantear el Ayuntamiento para dar encaje a la sentencia del TS. Por el momento, su alcance sigue en fase de análisis por parte de los técnicos de Contratación y del servicio de Asesoría Jurídica, ante la complejidad que supone volver a valorar las propuestas presentadas en el concurso cuando se ha producido una ampliación de precio de la prestación como consecuencia de la incorporación de nuevas zonas verdes generadas desde 2019.
Así, la dificultad residiría en cómo valorar ofertas ajustadas a las condiciones recogidas en el pliego de condiciones elaborado en 2019 cuando esas condiciones no son las del servicio que se está prestando en la actualidad y que, por tanto, requiere de nuevos costes y de más personal. A ello, se añadiría otra circunstancia adicional: el hecho de que se haya concedido una prórroga por un año más a la actual concesionaria por el que se faculta su continuidad en el servicio hasta enero de 2025.
Con todo, fuentes jurídicas consultadas apuntaron que esa prórroga podría perder toda vigencia desde el momento en el que la sentencia del TS vino a anular el resultado del concurso con la propuesta de adjudicación a la que dio lugar. Así, según las mismas fuentes, no podría mantenerse una prórroga sobre una adjudicación que no debería haber existido.
