Un momento de una de las protestas organizadas por la PPS contra la instalación de los depósitos en el Puerto. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La pugna sobre la concesión de la licencia para la instalación de una planta de almacenaje de carburantes en el Puerto de Alicante por silencio administrativo se resolverá finalmente el próximo 28 de febrero. Esa es la fecha fijada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para la votación y fallo sobre el recurso de apelación presentada por la empresa promotora de los depósitos de combustible (XC Business 90) frente a la sentencia de primera instancia que avaló al Ayuntamiento de Alicante al denegar la concesión de ese permiso.
La Concejalía de Urbanismo consideró, en ese trámite, que la compañía no había aportado toda la documentación requerida para completar el expediente de solicitud, por lo que concluyó que no podía interpretarse que se hubiese incurrido en un incumplimiento de plazos de respuesta por el retraso en la respuesta a su petición. En esencia, porque no podía contestarse a una petición sobre un proyecto incompleto. Con todo, XC Business optó por defender su posición inicial tras insistir en que fue la misma concejalía la que fue requiriendo distinta documentación adicional de forma recurrente con ánimos dilatorios. Es decir, con el fin de demorar su contestación.
Todo parece indicar que el pronunciamiento del TSJ respecto a esa disputa podría conocerse una semana después de que se produzca la votación y fallo. Eso sí, esa resolución tampoco zanjará la controversia, a pesar de que tanto el Ayuntamiento de Alicante como la Generalitat se hayan encomendado a la decisión del alto tribunal para concretar los próximos pasos a adoptar respecto al futuro del proyecto.
La decisión que pueda adoptar el TSJ no será definitiva, primero, porque seguirá existiendo la vía del recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) para cualquiera de las dos partes que se considere perjudicada por el sentido del fallo. Y segundo, porque el TSJ solo decidirá si procede que el Ayuntamiento conceda o no la licencia a los depósitos en base al trámite del silencio administrativo. Es decir, que, en caso de que la sentencia sea desfavorable a la petición de XC Business, el Ayuntamiento seguirá teniendo que responder a su solicitud de licencia por el trámite ordinario, ya que la petición de permiso todavía no ha tenido respuesta desde que se produjo su presentación, en el año 2013.
Por el momento, la Concejalía de Urbanismo ha acordado suspender los plazos en la tramitación de ese expediente -al menos hasta que exista un pronunciamiento del TSJ- después de que XC Business 90 haya aportado la última documentación reclamada al mismo tiempo en el que se le denegaba la concesión del permiso por silencio administrativo.
La promotora de los depósitos del Puerto completa informes para su licencia y añade el de seguridad
Esa paralización se acordó con el propósito de evitar que la empresa pudiese iniciar un nuevo procedimiento de solicitud de permiso por silencio administrativo, después de haber aportado esos últimos informes, según explicó el pasado viernes el alcalde, Luis Barcala, tras mantener una reunión de trabajo con la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas.
De ahí que, sea cual sea el escenario que depare el TSJ, el Ayuntamiento seguirá teniendo que pronunciarse respecto al proyecto salvo que la empresa acabe renunciando a su solicitud de permiso (un desenlace que por ahora se antoja improbable), o salvo que se encuentre un impedimento técnico o normativo que la empresa no pueda ser capaz de superar.
Al margen de ello, todavía cabría un tercer supuesto que evitaría la obligación de que el Ayuntamiento deba resolver forzosamente: que la sentencia sea favorable a XC Business y que se tenga que conceder sí o sí la sentencia por silencio administrativo. En ese caso, al Ayuntamiento solo quedaría la opción de recurrir ante el Supremo para no tener que conceder el permiso.
Entre tanto, vecinos, asociaciones ecologistas y entidades sociales, agrupados en torno a la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) mantienen su campaña de oposición al proyecto de los depósitos con la celebración de reuniones informativos con distintos responsables políticos e institucionales. El lunes fue el turno del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, quien les trasladó que el proyecto de XC Business no encaja en el modelo de desarrollo económico que pretende imprimir al Puerto, aunque apuntó que la propuesta viene heredada desde 2019 y que por el momento solo cabía esperar a la resolución del TSJ. Sea como fuere, los representantes de la PPS ofrecieron este martes una primera valoración sobre la reunión mantenida con Rodríguez, en la que reconocieron cierto cambio de actitud respecto a la receptividad y el compromiso de diálogo que se les habría manifestado.
Al margen de ello, apuntaron que "el presidente de la APA manifestó su oposición a la instalación de los macrodepósitos en el Puerto (sobre el que esta PPS insistió en varias ocasiones en su carácter urbano) como estrategia general, y contra la modificación sustancial de la concesión que en 2019 aprobó la propia APA, ante lo que le recordamos que este problema por tanto lo creó la APA. Pero no se concretaron las medidas para evitar la instalación de la primera fase, en el caso de que el TSJCV falle a favor de la empresa XC Business 90 respecto a la licencia ambiental municipal, y tampoco se nos dio la seguridad jurídica de que no se vaya a conceder la segunda fase con los mismos argumentos que se utilizaron en la primera", expusieron, a colación de las negociaciones emprendidas por la promotora de la planta para ampliar su propuesta de instalaciones en la terminal de mercancías.
Rodríguez traslada su oposición al proyecto, aunque apela al TSJ, y la plataforma plantea otro convenio como el de 1995 que cierre la puerta por completo a ese y otras propuestas similares
En todo caso, los portavoces del colectivo insistieron en manifestar su "total rechazo al proyecto" en todas sus fases y en defender "la vigencia y validez del Convenio de 1995, en el conjunto de condicionantes medioambientales que hacen inviable este proyecto (las playas urbanas, el LIC marino, la presencia de dos desaladoras, la estrategia europea de desaparición a corto plazo de garantizar la seguridad de la población ante los muy previsibles accidentes graves por explosiones, incendios o nubes tóxicas".
Además, según añadieron, "propusimos además, como vamos a hacer a todas las administraciones responsables e implicadas en este asunto, la redacción de un nuevo Convenio en el que se refleje con absoluta claridad y nitidez que no se permitirá nunca más en el Puerto urbano de Alicante instalaciones no sólo de estas características, sino cualquiera que suponga una actividad contaminante y peligrosa para la ciudad, de forma que no nos encontremos de aquí en adelante con una situación amenazante como la que estamos sufriendo".
Perspectiva del Puerto de Alicante con la instalación de hasta 18 depósitos, según el montaje difundido por la PPS y EU en 2019.Al tiempo, explicaron que "hemos solicitado documentación que nos ofrezca la seguridad referida a que no es posible que se apruebe una segunda o tercera fase en la instalación de macrodepósitos de combustible, hecho que sí ha anunciado la empresa promotora". Y añadieron que, en la reunión, también se abordó "el problema de las plantas industriales existentes en el muelle 17 y la inclusión del uso industrial en la modificación que se hizo de la PEPA (Plan Especial del Puerto de Alicante), quedando evidente la discrepancia entre ambas partes en la definición de uso industrial y su autorización para este Puerto urbano, el cual esta PPS niega de forma categórica".
Al margen de ello, "respecto a la carga y descarga de graneles pulverulentos, la PPS volvió a manifestar su reivindicación de que toda la actividad se realice en la nave cerrada del muelle 17, en cumplimiento de la sentencia del TSJCV de enero de 2018. El presidente de la APA anunció que según la empresa Eiffage la nave estará por fin plenamente operativa a finales del mes de marzo. Queda pendiente para una próxima reunión aclarar la situación de los muelles 13 y 15, que continúan realizando esta operación granelera al aire libre sin disponer de autorización ni de nave cerrada para ello", recalcaron.
Además, señalaron que "también queda pendiente tratar la cuestión de la zona de reserva de ampliación portuaria al sur, desde el Barranco de las Ovejas hasta el de Aguamarga, que como ya hemos manifestado en otras ocasiones rechazamos por las implicaciones medioambientales y de seguridad que implicaría semejante obra". "El presidente de la APA nos adelantó por otra parte que en consonancia con el Plan Estratégico de Puertos del Estado, de abril de 2022, existen proyectos que nos expondrán y podremos dialogar sobre ellos en próximas reuniones, y reconoció además la necesidad de mejoras en aspectos medioambientales como la calidad del aire y del agua". De hecho, los portavoces del colectivo destacaron que Rodríguez "manifestó su apuesta por un puerto sostenible, verde, moderno y digital, con lo cual expresamos nuestro total acuerdo. Sólo falta demostrarlo con hechos y acciones".
Y, por último, según las mismas fuentes, el presidente del Puerto "hizo una primera aproximación sobre el plan de infraestructura verde y los accesos ferroviarios y estación intermodal, tema que quedó pendiente para una próxima reunión. Ha sido un buen comienzo, pero han quedado temas importantes en el aire y hemos de ver que realmente esta voluntad de cambio y adaptación a los intereses de la ciudad y de la ciudadanía que en ella vivimos se plasma en actuaciones que garanticen la calidad de vida y el derecho a un medio ambiente saludable y seguro", concluyeron.
