ALICANTE. Punto final. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), considera que la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia sobre la causa del PGOU, una de las veinte piezas en las que se dividió el caso Brugal, da por zanjado el debate sobre la existencia de posibles irregularidades después de que el tribunal haya descartado que los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (ambos del PP) facilitasen un trato de favor al promotor Enrique Ortiz en la confección del que iba a convertirse en el nuevo planeamiento municipal.
Así, los dos partidos aliados al frente de la gestión municipal han registrado una moción para su debate en el pleno ordinario de julio, el próximo día 29, en la que plantean disolver la comisión municipal no permanente que se aprobó constituir en la sesión ordinaria del mes de abril de 2020. Se trataba de una iniciativa con la que se perseguía que se dilucidasen posibles responsabilidades políticas relacionadas con ese proceso.
Ahora, más de un año después, la propuesta conjunta, firmada por las portavoces de PP y Cs (Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez) trata de evitar ese análisis al considerarlo innecesario y carente de sentido. La moción es concisa y no se extiende en argumentaciones. Según pudo constatar este diario, se limita a proponer al pleno de la corporación la anulación de dicha comisión tras apuntar que "su objeto" ha desaparecido. Es decir, que al descartarse la existencia de una trama corrupta participada por los dos exdirigentes municipales, y que se hubiese amañado el PGOU, como apuntaban las acusaciones (entre las que figuraba el propio Ayuntamiento), no habría ninguna responsabilidad política que depurar.
De este modo, la moción plantea tan solo dos acuerdos. Primero, "dejar sin efecto el acuerdo de 30 de abril de 2020 de constitución de la comisión no permanente o específica". Y segundo, "en su consecuencia, disolver dicha comisión, por desaparición del objeto para la que fue constituida". En realidad, la comisión -aprobada a instancias de la moción presentada por Compromís, después de que se conociese el acuerdo de conformidad inicial alcanzado por Ortiz- no ha llegado a tener ningún recorrido, más allá de la designación de sus representantes. De hecho, no se ha convocado ni su primera reunión de constitución.
El propio equipo de gobierno ya manifestó, durante el debate de la iniciativa, que el proceso se encontraba judicializado y que era la Justicia quien debía desentrañar si existió o no delito en la redacción del nuevo planeamiento urbanístico, sin que resultase conveniente que se interfiriese en ese trabajo con la creación de una comisión política. Sin embargo, la propuesta acabó aprobándose con los votos de PSOE, Unides Podem, Compromís e incluso de Vox. PP y Cs, por su parte, optaron por la abstención.
No obstante, la sentencia también habría modificado ahora la posición inicial del partido de Santiago Abascal. Cuando menos, su portavoz municipal, Mario Ortolá, avanzó este viernes, a consulta de Alicante Plaza, que "una vez que hemos conocido la sentencia y ya se han depurado las responsabilidades penales". "Si de lo que se trata es de hablar de responsabilidades políticas, quien tiene que juzgarlas son los ciudadanos en las urnas por lo que ya no tiene ningún sentido", apuntó.
Esa posición suponía quitar presión sobre el bipartito, en el caso de que alguna de las tres fuerzas del eje progresista tratase de promover ahora nuevas acciones políticas relacionadas con la causa del PGOU, como así ha sucedido. Compromís ya ha planteado una propuesta para que el Ayuntamiento estudie la interposición de recurso ante el Tribunal Supremo (TS) en defensa del interés municipal.
El planteamiento de la coalición valencianista se conoció después de que el alcalde, Luis Barcala (PP), rechazase solicitar la casación: la misma jornada en la que se conoció la resolución judicial, el primer edil aseguró que el Ayuntamiento la acataría sin plantear recurso. Todo, pese a haber mantenido la personación municipal promovida tras la llegada al gobierno del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) en 2015, y haber solicitado, a través de un representante legal externo (el abogado José María López Coig), penas de prisión para los principales acusados.
Además, Unides Podem también baraja otra iniciativa paralela para que esa comisión municipal aprobada hace más de un año pueda celebrarse. No obstante, todo parece indicar que ninguna de las dos iniciativas saldrá adelante al no tener garantizado el respaldo de Vox.