El empresario Enrique Ortiz, en la Audiencia, al sellar el pacto de conformidad. Foto: EFE / MORELLALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves la propuesta formulada por Compromís con la que se promueve la constitución de una comisión de investigación sobre el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante investigado en el caso Brugal. Sin embargo, ha quedado rechazada la presentada por Unides Podem en un sentido similar. El debate de las dos propuestas se ha producido de forma conjunta, aunque se han votado por separado. La propuesta de la coalición valencianista ha prosperado con los votos de PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox y las abstenciones de PP y Cs. La propuesta de Unides Podem ha quedado rechazada con los votos del bipartito frente a 4 votos a favor de Unides Podem y Compromís y la abstención del PSPV-PSOE.
En primer término, el portavoz de Unides Podem, Xavier López, ha defendido el papel que jugaron los representantes de Guanyar, la confluencia precedente liderada por EU con el apoyo externo de Podemos, en la lucha frente a la supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Alicante en relación a la tramitación de ese PGOU. Así, ha recordado la querella impuesta por EU en relación a las irregularidades en la tramitación del planeamiento, "que nadie en el equipo de Gobierno parece que advirtió entonces". En esta línea, ha recalcado la necesidad de que se depurase la responsabilidad política y valorar los daños sufridos por la ciudad por culpa de ese caso de presunta corrupción.
Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, ha incidido en la confesión acordada por el empresario Enrique Ortiz en el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía y con el resto de acusaciones. Como López, ha relatado los acontecimientos que dieron lugar a la formación de esa causa sobre el presunto amaño y ha recordado "la valentía" que en su momento sí se denunciaron desde algunos ámbitos, como la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), liderada entonces por quien después fue conseller por Compromís, Manuel Alcaraz. En este sentido, ha reivindicado la asunción de responsabilidades políticas pese a que "ustedes puedan argumentar que personalmente no tuvieron nada que ver con la tramitación de ese PGOU".
El portavoz adjunto de Vox, José Bonet, ha diferenciado entre las dos mociones. En primer lugar, ha señalado que el pacto de conformidad de Ortiz no es una sentencia. En segundo término, ha señalado que la repulsa institucional a ese supuesto amaño debe aplazarse al momento en el que exista una sentencia para evaluar si finalmente se confirma esa condena. Por ello, ha avanzado que votaría en contra de esa propuesta.
Respecto a la propuesta de Compromís, también ha insistido en la necesidad de esperar a conocer el devenir del proceso, sin "inventar", ni "linchar", ni "despreciar" a la justicia. Con todo, ha confirmado su respaldo a la propuesta "en aras de la transparencia" sin entrar a "formular un juicio paralelo". Eso sí, ha incidido en que Vox reclamaría la documentación que afectase a todos los representantes políticos, no solo a los del PP, también a los del PSOE.
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha lamentado que se trate sobre este asunto en el contexto actual, marcado por la crisis sanitaria, y ha recriminado que se traiga esta propuesta "para sacar rédito político" sin que se haya formulado ninguna iniciativa sobre el urbanismo de la ciudad para que Alicante avance. Además, ha cuestionado sobre por qué no se trajeron estas mociones durante el pasado mandato, cuando tenían mayoría absoluta, y también por qué no dieron ningún paso en liquidar el contrato de ese Plan General.
Además, ha insistido en que los miembros del actual equipo de Gobierno solo tuvieron una única intervención respecto a ese documento, cuando se votó el desestimiento, a principios de 2015. A ello, ha añadido que ha tenido que ser el bipartito el que cancelase ese contrato sobre el planeamiento bajo sospecha.
El portavoz socialista, Paco Sanguino, ha considerado que la comisión no tiene por qué ser un problema, si de lo que se trata es de fomentar la transparencia, "sin acusar a nadie". Eso sí, ha señalado que los miembros del equipo de Gobierno tienen la oportunidad de desvincularse totalmente de ese caso de presunta corrupción para recuperar la confianza de la ciudadanía. En esta línea, ha recordado los resultados que le deparó al PP en los comicios de 2015, cuando bajaron a 8 concejales.
La portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha recriminado también que se trata de usar los discursos recurrentes y monótonos de siempre para "hacer demagogia y cinismo" y "encender el ventilador" sin que les importe Alicante. La edil ha insistido en que el PP no necesita ninguna oportunidad puesto que ya se ha condenado en multitud de ocasiones a quienes se han apartado de la legalidad. Así, ha recordado otras actitudes del resto de formaciones para asegurar que el PP no ha solicitado entonces ninguna comisión de investigación. En esta línea, ha insistido en la necesidad de dejar trabajar a la justicia. También ha señalado que fue en la etapa del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) "cuando Ortiz ganó más dinero con servicios al margen de contrato".
Bellido ha replicado que es cierto que hasta ahora no se ha dictado sentencia, pero ha considerado que el pacto de conformidad de Ortiz sí resulta trascendente. Así, ha lamentado que PP y Cs no llegasen a sumarse a la propuesta.
Por su parte, la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, ha vuelto a agradecer la labor desarrollada por responsables de EU, como el exedil Miguel Ángel Pavón, o su excoordinador, José Luis Romero, frente a la presunta corrupción en el PGOU. En esta línea, ha incidido en que no se trata de vincular a nadie de la actual corporación con estos hechos que sucedieron hace diez años, aunque sí ha señalado que es una oportunidad para desligarse de aquel episodio.
El edil de Urbanismo, ha replicado que "la política a la que nos tienen acostumbrados es la de hacer daño para sacar rédito" y ha recordado el episodio de la denuncia presentada contra el líder de Unides Podem por haberle acusado de favorecer a amigos en la tramitación de la ordenanza de concesión de licencias. Después, ha recordado otros casos que han afectado a representantes de otras formaciones progresistas, como el exalcalde socialista, Gabriel Echávarri, o la exedil de EU, Marisol Moreno.
Sanguino ha incidido en que la comisión es una oportunidad que debería ser aprovechada y De España ha insistido en que las fuerzas progresistas deberían aplicarse la misma vara de medir sin oportunismos.
El grupo socialista también ha formulado una pregunta al equipo de Gobierno para que precise si se piensa revisar los contratos mantenidos con las empresas del constructor Enrique Ortiz después de que se haya producido su pacto de conformidad. La respuesta ha llegado de manos del edil de Limpieza, Manuel Villar, quien ha recordado que el Ayuntamiento solo conserva la prestación de un servicio municipal concesionado con una de las empresas vinculadas a Ortiz: la limpieza viaria y recogida de residuos.
En esta línea, en primer término ha retado a Sanguino a precisar motivos jurídicos concretos para que se acuerde una posible rescisión de ese contrato. Además, ha señalado, si el PSOE consideraba que era una cuestión necesaria, "tuvieron tres años para hacerlo y no lo hicieron". Además, ha recalcado que "si se remontan a una cuestión de hace diez años será que no lo estamos haciendo tan mal". En tercer término, ha insistido en que fue el PSOE quien incluso apuntó la posibilidad de pedir responsabilidades a Ortiz e Hijos cuando renunció a seguir prestando el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, después de que venciese la vigencia de su contrato. Y por último, ha señalado que el PSOE también adjudicó contratos a las empresas del constructor durante el pasado mandato, como la realización de obras de asfaltado a la empresa Tizor.
