ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante da un paso más allá respecto a sus declaraciones públicas y ha registrado una moción, para su debate en la sesión plenaria de julio, en la que se insta al alcalde Luis Barcala a que el Ayuntamiento no abandone la causa del PGOU y presente un recurso ante el Tribunal Supremo tras el fallo de la Audiencia Provincial respecto a la causa sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad, investigada en el marco del caso Brugal.
El portavoz de la coalición valencianista Natxo Bellido considera que "el alcalde Luis Barcala debe pensar en los intereses generales de la ciudad y no puede retirarse de la causa del PGOU, el Ayuntamiento debe recuperar el dinero público que se perdió en un plan general que se fue al traste, por lo que le pedimos se centre en Alicante y no en los intereses del PP".
La moción de Compromís recuerda, respecto a la causa del PGOU, que en febrero de 2018 las partes registraron sus escritos de acusación en tiempo y forma, entre ellas el Ayuntamiento de Alicante y la Fiscalía Anticorrupción, recordando que tras el cambio de gobierno municipal en abril de 2018, el Ayuntamiento presidido ya por Luis Barcala, decidió mantenerse en la causa, por lo que tras la sentencia del 14 de julio, el Ayuntamiento de Alicante debería recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo como parte acusadora.
Además, el pleno ordinario de abril de 2020 aprobó la creación de una comisión municipal de investigación con el fin de esclarecer y depurar las responsabilidades políticas y municipales derivadas del contenido del sumario del caso Brugal que investiga el presunto amaño del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, así como analizar las consecuencias jurídicas de las contratas y/o concesiones de implicados en el sumario.
Por lo pronto, la propuesta de Compromís contaría con el respaldo de PSOE y Unides Podem. No obstante, el grupo municipal de Vox ya ha anticipado que no cree necesario que el Ayuntamiento interponga ese recurso, puesto que lo previsible es que en ese papel ya actúe la Fiscalía Anticorrupción.