El alcalde de Alicante, Luis Barcala. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha valorado este miércoles la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en la causa derivada del caso Brugal sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad para expresar su "satisfacción porque tras 12 años, por fin, la Justicia haya hablado". Además, ha confirmado que el Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular desde 2015, "no recurrirá la sentencia del caso Brugal sobre el PGOU".
"Siempre he manifestado mi absoluto respeto a las decisiones judiciales y es lo primero que destaco en este caso", ha subrayado el primer edil, a través de un comunicado. "Se cierran 12 años en los que se han causado daños hoy ya irreparables", ha añadido.
"Como no puede ser de otro modo, acato y expreso mi máximo respeto a la sentencia judicial, como siempre he dicho", ha manifestado el primer edil. "Después de más de 12 años, ha hablado la Justicia, que es a quien correspondía hacerlo, aunque se trata de una justicia lenta y tardía que no puede reparar el enorme daño, de todo tipo, infligido", ha agregado.
Así, después de examinar la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia, Barcala ha anticipado que el Ayuntamiento no presentará ningún recurso. "A la vista del fallo y sus fundamentos y hechos probados", ha indicado el alcalde, "el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia".
El primer edil asegura que la Justicia ha hablado después de 12 años, aunque "se trata de una justicia lenta y tardía que no puede reparar el enorme daño, de todo tipo, infligido"
El Ayuntamiento pasó a ser parte de la causa en cuanto se produjo el cambio de gobierno tras las elecciones municipales de 2015. En ese momento, PSOE, Guanyar y Compromís acordaron su adhesión en el procedimiento en defensa del interés público y designaron a un abogado externo, José María López Coig, como representante legal. Fundamentalmente, con el fin de reclamar los daños generados durante la tramitación de un PGOU que finalmente no llegó a entrar en vigor, con un coste estimado de 1,3 millones.
Poco después, el PSOE, que también estaba personado en las diligencias, acabó retirándose del proceso, al considerar que su papel ya había quedado cubierto a través de la personación del Ayuntamiento. Pese a todo, la agrupación local de Esquerra Unida (EU) continuó en la causa ejerciendo la acusación popular.
Sea como fuere, al margen de las reacciones del primer edil, también se han producido este mismo miércoles las valoraciones del resto de grupos políticos con representación municipal. En primer término, el secretario general de la agrupación local del PSPV-PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha declarado que la sentencia viene sobre una causa judicial "que se abrió en su día y que supuso un impacto muy grave sobre los cargos del PP, que provocó que perdieran las elecciones".
Además, ha expresado "cierta preocupación porque en ocasiones no hay correspondencia entre lo que la gente común y corriente percibe con las decisiones judiciales". "Vemos con preocupación que a veces las sentencias pueden no ser entendidas. Por supuesto que acatamos la sentencia como es lo normal, pero creo que los jueces deben tomar conciencia que hay una una verdad judicial que no corresponde con la que perciben los ciudadanos".
En esta línea, el portavoz municipal de Unides Podem, Xavier López, ha señalado que "vamos a ver que dice la sentencia, todavía no la conocemos, pero en cualquier caso al margen de respetar las decisiones judiciales consideramos que la etapa más oscura de la corrupción política del Partido Popular en esta ciudad y a nivel provincial, no debería quedar impune".
Así, ha considerado que "hay conversaciones e imágenes públicas que trasladan la sensación de clara connivencia entre el empresario Ortiz y Castedo, en el proceso de elaboración del Plan General y en gran parte de su gestión como exalcaldesa, y desde luego no es una buena noticia para la imagen de la justicia, ni tampoco para la de Alicante", ha recalcado.
De igual modo, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha considerado que "más allá de absoluciones, prescripciones de delitos o multas ridículas... sigue oliendo a podrido esa etapa de la política alicantina, donde el poder político entregó las llaves, el suelo y el Ayuntamiento a un empresario que se hizo así el amo de la ciudad".
En este sentido, ha apuntado que "a falta de poder leer y conocer la sentencia, la realidad es que en días como el de hoy resulta muy difícil para la mayoría de la ciudadanía entender las resoluciones judiciales". "Desde Compromís nos resulta muy complicado asumir que el colofón judicial a esta época sea tan barato para sus protagonistas, mientras que las consecuencias para la ciudad han sido tan terribles. No tenemos PGOU, la imagen de la ciudad fue asociada a la corrupción y se vulneraron de forma sistemática las fronteras entre los intereses generales de los alicantinos/as y los de empresarios particulares. Una herencia que sigue pagando la ciudad y de la que sus responsables la justicia les invita a hacer un simpa y no asumir responsabilidades judiciales", ha concluido.
