ELCHE. Contratos menores, facturas, posibles fraccionamientos... Malas praxis o recovecos de la administración local que llevan años teniendo lugar en el Ayuntamiento y que siguen coleando, especialmente ahora que las formaciones en la oposición han fijado esta cuestión como parte de su fiscalización o arietes para hacer mella en la gestión del Ejecutivo. En la pasada legislatura atacó el Partido Popular llevando 672 facturas que venían de reparos de Intervención a Fiscalía Anticorrupción, y que finalmente fueron archivados; ahora, el PSOE lleva 35 de facturas de suministro de plantas sin contrato, que acumulan 56.000 euros. Creen que debería proceder un concurso público por el montante para un mismo servicio, mientras que el Ejecutivo, con el PP al cargo, señalan que no hay reparo alguno, despejando la acusación, y que es una práctica que ya estaba instaurada.
Una serie con bastantes temporadas...
Un cúmulo de argumentos, contradicciones y prácticas que en absoluto son nuevas, y que ahora toca gestionar al bipartito que forman PP y Vox. Y algo es seguro, viene de años y años. En un ya lejano 2018, la Sindicatura de Comptes ya alertaba en su informe de fiscalización que había detectado fraccionamiento de contratos en la gestión municipal en el año 2015 y 2016, un curso político que coincidió con la etapa final del Partido Popular, y con la siguiente del tripartito, entonces con PSOE, Compromís e Ilicitanos por Elche. Y se recordaba que en 2011 se había detectado lo mismo. Todo ello junto a un ya clásico aviso de que Intervención no cuenta con un funcionario de Habilitación Nacional como establece la legislación.
... y mismos argumentos
Ya entonces la Sindicatura hablaba de facturas por importes superiores a 3.000 euros (ahora son 5.000 por una trasposición europea) sin que se promovieron los preceptivos expedientes de contratación. Ahora, unos cuantos años después, 'vuelve a saltar la liebre'. Y los elementos argüidos por el gobierno son muy similares a los que blandió el exalcalde Carlos González. Entre ellos que algunas de las facturas pagadas con reparos había que autorizarlas por la Junta de Gobierno para pagar servicios de limpieza o cuestiones similares habituales de gestión para no dejarlas sin prestar. El concejal de Contratación, Claudio Guilabert decía este jueves que esas facturas son necesarias también para poder autorizar gastos cotidianos "y no esperar meses para impulsar reformas urbanísticas o prestar servicios", en referencia a su uso frecuente de procedimientos simplificados o súper simplificados —licitaciones con menos trámite, más rápidos—.
Otro de los argumentarios esgrimidos por Guilabert el jueves, uno de los principales, era que esas prácticas ya se venían haciendo, y que venían siendo las habituales porque ya estaban instauradas. También decía que el bipartito progresista, en ocho años de gestión, tampoco se ha preocupado de elaborar pliegos para suministros varios (herramientas, parque móvil, Comunicación...). Una narrativa también reincidente. Es la misma que ya empleó el anterior equipo de gobierno pero en su primera legislatura, en época de tripartito (2019), cuando la concejal Ana Arabid se defendía de las críticas del PP por lo mismo: facturas sin contrato. Entonces como responsable de Hacienda apuntaba que era una práctica asumida de hacía años y que estaban haciendo pliegos de condiciones para evitar recurrir a estas facturas o contratos menores. Mismo argumentario, distinto color.
