ELCHE. El pasado mes de mayo el Ayuntamiento destacaba que la Agencia Valenciana Antifraude no apreciaba delito en las en las irregularidades administrativas del Ayuntamiento en los fraccionamientos de contratos que denunció el Partido Popular en 2021 y de los que ha venido dando cuenta este medio (como los de 2019 o 2020). Sin embargo, antes de archivar la investigación, el organismo contestó a finales de junio al Consistorio a sus alegaciones. De los siete contratos más sensibles que le trasladó la Fiscalía Anticorrupción, la agencia valenciana le insta a revisar dos contractos y facturas por posibles "causas de nulidad en su tramitación", pidiendo que se depuren responsabilidades, según el documento al que ha tenido acceso este medio, así como que se haga una licitación de mayor calado en un tercer expediente.
En retrospectiva, de las irregularidades en materia contractual que la Fiscalía estudió pero no halló delito, trasladó a Antifraude como rige el protocolo, siete casos denunciados por haber sido tramitados con reparos de Intervención. En el informe, señalaba que era "discutible" desde el punto de vista jurídico la justificación del fraccionamiento de la cabalgata de 2019, y que había "indicios razonables de veracidad de irregularidades administrativas en determinados hechos y conductas del Ayuntamiento", en referencia a fraccionamientos, falta de cobertura legal o falta de voluntad de licitar determinados servicios. Aunque "muchas de las conductas y hechos han sido reconducidos y los suministros objeto de denuncia han sido regularizados".
Con este contexto, de los siete expedientes que le trasladó, Antifraude se ha fijado en tres. En dos de ellos, los de las marquesinas 'Modelo Elche' adquiridas a Impursa y en un servicio de Facebook Live para streaming de eventos varios del Ayuntamiento, Antifraude pide revisar de oficio los actos administrativos en los que se contrató o emitió factura, ya que se hizo sin cobertura legal, por lo que podrían ser nulos, y pide depurar responsabilidades "de todo tipo que corresponda del personal y autoridades al servicio de las administraciones públicas y de posibles terceros". Asimismo, para el tercero, de suministro de material de ferretería, se recomienda al Consistorio que "proceda a tramitar el expediente de contratación correspondiente en cumplimiento de la normativa por el importe total estimado de suministro de ferretería", para evitar de nuevo situaciones como estas, ya que de 2019 a 2021 se adquirió material por más de 650.000 euros, ascendiendo los de no cobertura legal a 505.000 euros. Aunque aquí el Ayuntamiento ya ha acreditado que en 2021 y 2022 se han tramitado expedientes adjudicados con un total de 111.000 euros, por lo que se está corrigiendo.
Entrando más al detalle, en marzo Antifraude decide investigar porque según el análisis de Fiscalía, con el material de ferretería y los servicios de Facebook seguían produciéndose "prácticas administrativas irregulares en relación a ellos". En el caso de las marquesinas adquiridas, no había expediente alguno ni se justificaba la contratación directa por 43.000 euros. A ello alegó el Consistorio en mayo que existía exclusividad respecto a ese modelo y que no lo fabricaba otro proveedor. Pero en el informe final, de 29 de junio, sobre estas marquesinas analiza la Agencia que existe una "posible causa de nulidad al no constar la tramitación previa del correspondiente expediente de contratación. Se debe justificar si la cantidad el suministro sin la cobertura legal se ajusta al valor del mercado y si consta la recepción del suministro al Ayuntamiento". Además se deberá cuantificar los perjuicios producidos por el procedimiento de revisión de oficio "y depurarse responsabilidades de todo tipo que corresponda del personal y autoridades al servicio de las administraciones públicas".
En el caso de la asistencia técnica para retransmisión de redes y otros medios, el informe indica que desde 2017 esta asciende a casi 143.000 euros sin cobertura contractual y con cambios de nombre en la facturación. "También debería haber abierto procedimiento abierto"; es decir, un proceso de concurrencia pública. Antifraude señala que además del incumplimiento de la normativa contractual con la falta de tramitaciones correspondientes, la actuación "puede ser constitutiva de un vicio de nulidad de pleno derecho de los actos aprobatorios del gasto ocasionado", y que el hecho de no licitar "origina un posible perjuicio para la entidad local, ya que la existencia de varios licitadores conlleva normalmente una reducción del coste de la prestación o al menos una mayor adecuación al mismo del valor de mercado de dicha prestación". Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse.
Así pues, al igual que con las marquesinas, se pide también que se revisen de oficio los actos administrativos dictados aprobatorios de las facturas por posible nulidad, que se cuantifiquen posibles perjuicios y que se depuren responsabilidades. En este caso, ante las críticas de sendos órganos que especificaban que no se había justificado debidamente la contratación directa, el Ayuntamiento alegó que el gabinete de Comunicación se ha ido dotando de medios que no tenía para impulsar estas actuaciones, que en sus primeros momentos eran "novedosas".
En estos dos casos, en los que Antifraude más se fija, antes del cierre del expediente, en el que no se menciona nada sobre posible delito, se pide al Ayuntamiento que en tres meses desde la recepción de la resolución informe a Antifraude sobre el inicio de los procedimientos de revisión de estos actos, o un informe que justifique la no aplicación de estas recomendaciones. Asimismo, la administración local deberá informar de la finalización de los procedimientos en el plazo de un mes "y acreditar el inicio del procedimiento para dirimir posibles responsabilidades del personal y autoridades al servicio de las administraciones públicas, así como de las posibles responsabilidades de terceros". En un año debe acreditarse el resultado de esta tramitación.
Sobre el material de ferretería, Antifraude rechaza la justificación del Ayuntamiento de que se han realizado tramitaciones simplificadas de pagos menores (5.000 euros) para compra de estos materiales al faltar en las bases de ejecución "cuestiones procedimentales que son básicas y definitorias de los anticipos de caja fija", por lo que no hay lugar a la justificación y debe licitarse (lo cual ya se ha acreditado que se está haciendo). La Agencia señalaba que no se pueden considerar contratos menores estos pagos porque son hechos sucesivos en el tiempo y que en 9 de los 40 departamentos municipales se había superado el procedimiento simplificado en los límites anuales, "con un total de 352.500 euros".
Así pues, aunque en ningún momento se habla de responsabilidades penales, como justificó también la Fiscalía Anticorrupción, de cara a estas irregularidades administrativas, al equipo de gobierno se le ha seguido atragantando esta situación con los contratos menores. O al menos a priori, dado que Antifraude pide que se depuren responsabilidades y comprobaciones de las mismas, o que se justifique el no asumir esas recomendaciones. Aunque como ha venido destacando Hacienda en distintas ocasiones, cada vez son menores estos reparos, que representan una pequeña parte de todos los expedientes que se gestionan anualmente, el tema contractual sigue generando quebraderos de cabeza en el Consistorio, a la vista de los recientes servicios para las fiestas patronales.
