El alcalde y varios ediles compareciendo en 2021 para explicar la situaciónELCHE. La Agencia Valenciana Antifraude no ha encontrado actuaciones constitutivas de delito en las irregularidades administrativas del Ayuntamiento de Elche en los fraccionamientos de contratos que denunció el Partido Popular en 2021. El partido de la oposición presentó un amplio expediente de casi 2 millones de euros procedente de reparos de Intervención de 2019 a los que después añadió otros de 2020. Sin embargo, la Fiscalía se centró en unas pocas irregularidades, en las que tampoco apreció dolo, y que después trasladó a Antifraude, que ahora ha emitido el informe preliminar sobre estos servicios prestados sin contrato, o que debieron licitarse.
En este sentido, el pasado 12 de mayo la Agencia emitió un informe provisional centrado en siete servicios que se habían realizado con alguna irregularidad administrativa: fraccionamientos de contratos, servicios sin contrato... Ello referido al contrato del comedor social de Palmerales de Socialia, facturas de retransmisión de Facebook Live, la cabalgata de reyes de 2019, los gastos de material de ferretería, el contrato de suministro de gas natural con Naturgy Iberia, la adecuación de Urbaser de las playas por la borrasca Gloria y las marquesinas adquiridas con Impursa.
Aprovechando que no hay indicios que se puedan considerar infracciones penales, el equipo de gobierno quita hierro a la cuestión, a la que califica como una actuación para sacar rédito político, y lo deja en "procedimientos a mejorar, errores administrativos y otra consideradas como irregularidad, pero nunca delito penal", explica el portavoz Héctor Díez. Del informe, que según indica es confidencial, la Agencia finiquita algunos de estos servicios porque los da por resueltos, aunque no otros, a los que el Ayuntamiento ha presentado alegaciones.
Así, del servicio del comedor social de Palmerales, Antifraude destaca que ya se ha adjudicado el nuevo contrato y que los importes que se pagaron en su momento son inferiores a los pagos que se han establecido en la actualidad por contrato "y por tanto no existe perjuicio para la administración pública". De la cabalgata de Reyes de 2019, de la que la exInterventora habló de fraccionamientos, Antifraude señala, que no hubo sobrecoste ni voluntad de favorecer a ningún empresario en concreto: "Las deficiencias encontradas fueron corregidas en 2020 y ya no se produjeron reparos".
De los servicios prestados por Naturgy para el suministro de gas, el servicio anual ya está regularizado y adjudicado además recientemente a Esergi. Sobre las facturas de Urbaser para el destrozo de las playas, el informe señala que "no se puede considerar ningún delito porque los precios aplicados fueron los del contrato en aquél momento con la mercantil y para una situación extraordinaria". Por tanto, el informe las da por corregidas. Sin embargo, quedan otras para las que la entidad ha planteado 'recomendaciones' para subsanarlas.
En el suministro de ferretería, el Ayuntamiento tendría que haber realizado un procedimiento abierto de contratación, indicando una serie de importes que se han satisfecho en los últimos años. En este caso, Intervención y la Secretaría ha alegado que dichas cantidades son erróneas al incluir suministros que ya tienen contrato en 2021, y se le explica a la Agencia que muchas de las compras satisfechas son importes inferiores a 5.000 más IVA con factura, compras menores que el Consistorio transpuso por normativa europea, como contó este diario, y que está incluido en las bases de ejecución del presupuesto. "Además, se le indica a la Agencia que el suministro de material de 2021 y 2022 se ha adjudicado con contratos licitados para las instalaciones municipales y ya no se realizan las compras puntuales que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía".
El portavoz Héctor Díez comparece sobre el informe de AntifraudeSobre las retransmisiones de Facebook Live, la Agencia 'recomienda' un procedimiento abierto, es decir, una licitación, que no se realizó. A este asunto se alega que "la evolución del servicio del proveedor desde 2019 se ha prestado desde la propia emisora de radio de la empresa Version Radio", tratándolo el Ayuntamiento "como un medio más", señala Díez, añadiendo que desde que se produjo la denuncia, "los medios técnicos del gabinete de prensa han permitido últimamente hacer estas retransmisiones de manera directa". De este caso, más "singular" que el resto como señaló la Fiscalía, añadió en su sentencia de archivo que "no era un servicio esencial o de primera necesidad que justificara las sucesivas adjudicaciones", añadiendo que se podía inferir que se había encargado el servicio a la misma empresa aunque con distintos nombres. Con todo se archivó y la sentencia expresó que no se podía demostrar que hubiese voluntad de favorecer a la firma, destacando que la descentralización de servicios de comunicación desde las distintas concejalías generaba estos problemas.
Por último, de las marquesinas del 'modelo Elche' de Impursa, se señalaba que la contratación no estaba justificada, pero el Ayuntamiento recuerda que existe exclusividad respecto a ese modelo y que no lo fabrica otro proveedor. Intervención ha alegado que con un informe técnico de 2021, con omisión de fiscalización —es decir, con un 'reparo'—, se explica que hay una licitación en trámite y que los precios fijados se ajustan al precio de mercado.
Así, Díez apunta a que el "Ayuntamiento concluye que muchas de las cuestiones que se enunciaron han sido regularizadas con concursos públicos para contratos en vigor y que aquellas que no lo hayan sido, actualmente cuando se pagan se hace previo informe de Intervención donde se explica la situación específica del contrato y un informe técnico para garantizar que los precios se ajustan a mercado". Con la presentación de las alegaciones, ahora hay que esperar a que Antifraude emita su informe definitivo, pero incide el portavoz en que desde entonces se han estado realizando licitaciones para evitar estas irregularidades, que vienen de reparos que en su momento el alcalde catalogó de "necesarios" para la gestión del día a día de la administración, y que no tenían voluntad de fraude. La sentencia del año pasado de la Fiscalía indicaba que “el fraccionamiento de los contratos trascendió de la mera irregularidad administrativa. La arbitrariedad es patente y la actuación conllevó la exclusión de los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia en la contratación pública”. Con todo, no habrá más recorrido, aunque el PP sigue intentando encontrar algo más al bipartito con esta vía con 'reparos' recientes, aunque sin mayor trascendencia al estar avalados por la Intervención municipal.
