ELCHE. Miembros del equipo de gobierno (solo por la parte socialista) han comparecido este viernes ante los medios para dar cuenta y analizar la coyuntura después de que la Fiscalía Anticorrupción haya aceptado las diligencias para investigar los 60 contratos que levantaron suspicacias por parte de la anterior interventora en 2019 y del actual durante el ejercicio de 2020. El primer edil Carlos González asevera que los reparos llegan como consecuencia de la gestión del día a día y que se han de señalar sí o sí, ya que de lo contrario sí podría ser constitutivo de delitos. No obstante, también señala que los fraccionamientos a los que aludía la Interventora en 2019 "no están en fraude de ley".
Sobre los mismos, de los que dio cuenta este medio, que fueron en Fiestas por la cabalgata de reyes, en Vía Pública por material de ferretería y en Mantenimiento por obras en la Carretera del León, González asegura que estos supuestos "no entran dentro del artículo 99.2 de la LCSP, porque aunque no se cuestiona la opinión de la Interventora, no nos encontramos ante un fraccionamiento de contratos que suponga un fraude de ley para evitar la publicidad, la concurrencia y evitar el proceso de licitación. Esa es la diferencia", matiza. Según el regidor, asevera tajante que no se dan las características "aunque pueda parecer que sí", ya que el montante supera el límite de los contratos menores y como señalaba la Interventora, no era un servicio puntual y declinó la justificación del departamento para no licitar esta actuación. "No se intenta eludir los requisitos de la contratación en esos supuestos", afirma: "El fraccionamiento de contratos es otra cosa".
Sobre el resto de reparos, muchos de ellos necesitaban del visto bueno del alcalde para el pago consignado y que el suministro o servicio pudiera seguir realizándose, ya que de él depende la gestión del día a día. Ha puesto distintos ejemplos como la caducidad contractual de servicios que tenían que seguir ejecutándose, desde el comedor social de Palmerales, algún albergue social, el servicio de telecomunicaciones o incluso el nuevo contrato de limpieza, ya que el actual está aún vigente hasta la implantación total del nuevo y las prórrogas están agotadas legalmente —aunque autorizadas y ratificadas por el Consell Jurídic Consultiu—. "No levantar reparos sobre esto supone que no se pague el servicio prestado, esto sí es delito, y podría suponer por ejemplo no pagar a la plantilla de 350 trabajadores de la limpieza, o podría significar suspender un servicio, lo que sería también un perjuicio social o para la empresa".
No son todos los casos de los reparos, como el encadenado de hasta casi 30.000 euros por servicios de Facebook Live, como adelantó este medio, pero al menos en 2020 o la mayoría, se indicó que que había medios para pagar, el técnico había informado de ello. Independientemente de que existiesen otras anomalías. El alcalde alude a que esto es consecuencia de la gestión del día a día que está en vías de mejorar con el Plan de Intervención para mejorar la fiscalización, aparte de los pliegos de condiciones que ahora se redactan para pequeños suministros, y asevera que el Tribunal de Cuentas no ha advertido de ninguna ilegalidad a las cuentas de 2019. Las de 2020 aún están en proceso de auditarse. Culminaba resumiendo su intervención en que la gestión municipal "es estricta, rigurosa e intachable", y califica la denuncia del Partido Popular de "el auténtico absurdo, tenemos 12 contratos en licitación que generan reparos necesariamente y por eso su actuación es de extrema gravedad". "¿Plantean que dejemos de pagar a la plantilla de limipeza?", preguntaba retóricamente.
