Servicios prestados sin contrato en Elche: Intervención dice que por error, el alcalde que no hay 'troceos'

ELCHE. Aunque toda la atención se la han llevado las exhumaciones sin contrato que pasarán por el juzgado a finales de este mes, la fiscalización del Interventor del día a día sigue mostrando irregularidades administrativas en diversos procedimientos, como se ponía de relieve hace unas semanas con la liquidación del ejercicio 2021. Ahora, el Partido Popular ha vuelto a poner el foco en una de estas; concretamente, en dos servicios de pasacalles prestados sin contrato en la cabalgata de Reyes de este año. El partido de la oposición asevera además que se han fraccionado al superar la cantidad de 15.000 euros y ser ofertados por el mismo contratista; el Interventor dice que no se formalizó contrato por error y el alcalde dice que no ha habido tales fraccionamientos.

A este respecto, entre las recientes fiscalizaciones con omisión de control —los antiguos 'reparos'—, figuran dos pasacalles de la cabalgata del 5 de enero encargados a una firma oriolana, uno con disfraces de Star Wars por 9.438 euros y otro con los de Transformers por 7.623 euros; en total, 17.061 euros. Es una cifra superior a los 15.000 euros que establece la Ley de Contratos como límite para realizar contratos menores, por lo que el edil José Navarro entiende que "se tendría que haber licitado y no se puede considerar que por llevar disfraces diferentes sean contratos distintos", en alusión al concepto de los mismos y que los oferte una misma compañía. 

Otro procedimiento de contrato menor que empieza pero no se formaliza por carga de trabajo

La factura se emitió el 7 de enero, y en un informe de enero la técnico de Fiestas indicaba que "ambos pasacalles fueron seleccionados entre muchos para participar en la cabalgata para contratar, por su importe, mediante la modalidad de contrato menor". Expone que se inició el procedimiento en la plataforma electrónica correctamente, pero "por incidencia en fase de enviar al circuito dicho contrato quedó sin formalizar, hecho detectado con posterioridad a la prestación del servicio por tratarse de días acumulados de acumulación de trabajo que imposibilitaron la comprobación de la formalización del contrato". 

Por su parte, el alcalde Carlos González niega la mayor y dice que ha quedado absolutamente acreditado ante Fiscalía Anticorrupción por los expedientes archivados que "no hay fraccionamiento de contratos. Ni en la cabalgata ni en ninguno otro de los elementos y así ha quedado esgrimido en el auto de los archivos. Y tampoco los hay en este último ejercicio". Para el regidor se trata de "otro intento del PP por manchar la imagen del gobierno municipal, propio de quienes no tienen propuestas para esta ciudad" y añade que los reparos del Interventor son "razonables", pero "las valoraciones políticas del PP son sobreactuaciones, exageraciones tendentes a la difamación del equipo de gobierno". 

En 2019, similar con la cabalgata: se pidió antelación y se justificó de nuevo por carga de trabajo

Justifica junto a la concejala de Fiestas que la cabalgata y los diferentes servicios, también por su cariz de "contratos artísticos" no se pueden licitar al completo, sino que hay que contratar por separado sus distintos servicios, y que en la de 2022 se hizo todo bien. Según González, hay informes similares de otros consejos jurídicos consultivos para estos contratos. Una cuestión de nuevo relacionada con esta celebración que vuelve a ser objeto de polémica.

En 2019, como contó este diario, la entonces interventora advirtió de "fraccionamientos" en la cabalgata, servicio que se debió licitar, aunque no se valoró que hubiese voluntad de fraude, la clave por la que han sido archivados los reparos anteriores. No obstante, recordó que en 2018 se había tramitado también como contrato menor y se volvió a justificar en 2019 que se intentó elaborar un contrato menor "pero no se pudo por la saturación de Intervención en estas fechas", ya que era necesario porque faltaba el informe de esta figura. La Interventora instó, como ha hecho el actual, que se deben preparar estos servicios con tiempo. Ya entonces se detectaron otros servicios sin contrato, aunque durante estos años se han ido reduciendo. 

El Interventor esgrime que se debe a un error y vuelve a dar el toque

Dada la situación, cuando se detecta que no ha habido contrato, la concejala de Fiestas, Mariola Galiana, acordó elevar el informe a la Junta de Gobierno para cumplir con la obligación de pago porque se prestó el servicio. Los propios técnicos indicaron que el proveedor "ha actuado de buena fe y de conformidad con lo ordenado por este departamento". En ese sentido, el Interventor explica en su informe que las dos facturas para el contrato menor se dieron de alta en el programa, pero "por error no quedó formalizado con anterioridad a la prestación del servicio y sobre el que se emitió retención de crédito".

El Interventor Municipal añade que se ha justificado que la suspensión de los servicios "supondrían un perjuicio para el interés público" y que no se debía afectar al proveedor. Por su parte considera que habiéndose realizado los servicios, era necesario que la Junta de Gobierno avalara el procedimiento, y da un nuevo toque sobre estas situaciones: "Este sistema para tramitar este tipo de gastos debe ser excepcional, y no utilizarse para evitar el preceptivo procedimiento de contratación, por lo que el departamento correspondiente deberá planificar con antelación los servicios, no amparándose en la opción de este sistema y que pase su utilización de excepcional a habitual. Deben tramitarse con antelación los pliegos, con el fin de que no se presten los servicios o suministros sin la cobertura legal necesaria". Un informe del que dará cuenta a Recursos Humanos.

Dada la situación, los populares han aprovechado para ligar esta situación a la del caso de las exhumaciones por la no formalización de la relación contractual, ya que de nuevo se inició el trámite como contrato menor aunque este no se acabó fraguando, aunque el Interventor considera que es un error y no alude al fraccionamiento de contratos, cosa que sí hacen en el PP. "Lo único que cambia es el disfraz, se ha tratado de evitar la correspondiente licitación pública y cuando solicitamos los informes técnicos nos enteramos de que se realizó sin contrato, modelo Marga Antón para después justificarse en el error. Es gravísimo y no lo vamos a consentir", zanja Navarro.