Comparecencia de parte del equipo de gobierno sobre este asuntoELCHE. Este lunes el Partido Popular anunciaba que ha ampliado la denuncia interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción sobre los posibles delitos de prevaricación y fraude, por hipotético fraccionamiento de contratos. El Ministerio Fiscal abrió diligencias y ahora la formación liderada por Pablo Ruz ha añadido los últimos posibles fraccionamientos del bipartito. Son 56 y ya fueron objeto de debate, aunque de forma tangencial, en el reciente pleno de mayo tras preguntar desde la oposición por un nuevo informe de la Intervención.
La misma levantó este informe tras fiscalizar una de las tres modificaciones presupuestarias aprobadas en el pleno —sin ningún voto en contra—, relativa al pago de reconocimiento extrajudicial de créditos de 2.024.974,77 euros con el remanente del año pasado. Son gastos que no han podido adscribirse al ejercicio de 2020 por motivos varios como que la factura ha sido presentada o conformada con posterioridad al cierre de dicho presupuesto o porque se carecía de crédito adecuado o suficiente en el mismo. Sin embargo, en este informe de la Intervención, además de estos reparos, en la lista de proveedores cataloga 56 casos de 'fraccionamiento'.
Como ya ha venido contando este medio, no es la primera vez que se habla explícitamente de 'fraccionamiento' en estos informes. Ya los puso de relieve la Interventora en 2019, y en este mismo 2021 la actual figura mostró sus dudas con posibles casos de fraccionamiento en 2020. En este caso, vuelve a plantear sus dudas al aplicar de nuevo los mismos criterios: mismo proveedor y misma partida presupuestaria para comprobar el requisito de importe máximo de 5.000 euros —que permite contratar a dedo, es decir, contratos menores— para la tramitación simplificada. En este caso, se fiscalizan con reparo estas facturas porque son de un mismo proveedor y aplicándose a una misma partida, superan de forma acumulada el referido límite. En total, 82.135,95 euros. Por otra parte se presentan facturas correspondientes a contratos ya vencidos cuya nueva licitación se encontraba en trámite de contratación, por un importe total de 225.909,56 euros.
Asimismo, son servicios que ya se habían prestado en años anteriores, recuerda en el documento el Interventor, quien añade que en ellos ya se "avisaba de manera reiterada de la necesidad de ajustarse a los criterios y requisitos establecidos en la LCSP haciendo, el equipo de gobierno, caso omiso de estas advertencias". Son irregularidades que tocan a distintas áreas, desde Deportes para los Jocs Esportius, hasta limpieza de butacas en Cultura, pasando por podas de Parques y Jardines, suministro de materiales en Mantenimiento, Protocolo o Comunicación para eventos diversos.
Por tanto, por una parte, como ya hizo en el primer trimestre del año, según la Ley de Contratos del Sector Público, no asegura que existan fraccionamientos, aunque explica que "en base a dicha normativa, y ante la dificultad de determinar de forma objetiva la existencia de fraccionamientos o de alteración del objeto de los suministros o servicios tramitados de forma simplificada"... Y es entonces cuando aplica los mencionados criterios que inducen a pensar en el fraccionamiento, como defiende el PP. Que eso sí, para guardarse las espaldas, habla de "irregularidades". Además, en estos reparos el Interventor incide de nuevo en que siguen dándose los mismos problemas que hace meses o años que han venido advirtiendo tanto él como la anterior Interventora: "La omisión del trámite de aprobación del expediente de contratación en todo caso no debe afectar al proveedor que ha realizado el servicio o suministro y que debe cobrar por los servicios prestados".
A este respecto la Intervención hizo su respectivo informe pidiendo más recursos para un plan de fiscalización más amplio, que a priori se está elaborando conjuntamente por varias concejalías para destinar más recursos. En cualquier caso, aunque se ha anunciado la ampliación de la denuncia por la cual están abiertas las diligencias, es otro asunto idéntico a los de meses o ejercicios pasados: fraccionamientos o dudas de fraccionamientos, y algunos trámites omitidos en expedientes del día a día. Lo que hay que tener en cuenta en este sentido, es principalmente si estos supuestos troceos de contratos o facturas se han hecho con voluntad de eludir la ley, es decir, de no tener que recurrir a trámites que exigen concurrencia pública por su precio. Si había voluntad de cometer fraude.
Esta es la cuestión central de estos documentos. En defensa de su gestión, el alcalde aseguró que no ha habido voluntad de aplicar fraccionamientos "fraudulentos". De hecho, en 2019, aunque la Interventora no aceptó los argumentos de técnicos municipales, estos justificaban estos contratos —en el caso de la cabalgata de reyes de 2019— porque no había más alternativa ante este inminente evento. Si bien es cierto que durante los últimos tiempos se han mejorado los procesos de Contratación para licitar más a menudo estas pequeñas compras o servicios, son problemas que se siguen dando y por los que Intervención tiene que levantar reparo o advertir de posibles delitos. Con lo que cabe explicar, por ejemplo, que a pesar de que la Interventora habló explícitamente de "fraccionamientos" en 2019, después el Tribunal de Cuentas audita estas cuentas y no ha trascendido algún tipo de delito.
En cualquier caso, es obvio que a pesar de las tareas de fiscalización de la oposición, el Partido Popular seguirá intentando erosionar al bipartito con esta cuestión, de la que como mínimo, y a falta de demostrar, hay dudas. Y por ello Anticorrupción ha aceptado la denuncia y la está investigando. Otra cosa es si es comparable con el troceo del exalcalde de Alicante, que fue condenado por esta cuestión, porque sí hubo voluntad de ese fraude. Es una falla que los de Ruz han encontrado y seguirán estirando hasta que se pueda para poder aplicar el argumentario de una mala gestión municipal por problemas instaurados desde hace años —que de hecho salpicaron también al Ejecutivo del PP—. Ampliando la denuncia como han hecho ahora, pueden provocar que la Fiscalía prorrogue la investigación, que a priori tiene un plazo para cerrarse de seis meses.
Un proceso en el que todos han aprendido más sobre estas cuestiones, y en el que el PP ha dado un pequeño giro, ya no centrándose en los reparos, como aclaró Ruz el lunes, tras poner de relieve el alcalde que son cuestiones necesarias en la gestión. Por lo pronto, la realidad es que hay una incertidumbre con qué pasará con esto, aunque de puertas hacia afuera el bipartito asevera estar tranquilo. Eso sí, tanto la Comisión de Gestión Económica y Desarrollo Local, previa al pleno, como en la propia sesión plenaria, ningún grupo de la oposición votó en contra de estas modificaciones presupuestarias —que incluían estas dudas sobre fraccionamientos que ahora denuncian los populares—. Sí se abstuvieron.
