ELCHE. El presidente del Partido Popular de Elche y portavoz del grupo municipal, Pablo Ruz, ha anunciado la ampliación de la denunciada presentada por presunto delito de prevaricación y fraude por parte de PSOE y Compromís ante Anticorrupción. Desde la formación han ampliado con más casos de reparos y fraccionamiento de contratos presentes en las modificaciones presupuestarias aprobadas en el último pleno, y en la que se habló también de este tema.
Ruz ha declarado que “hemos puesto en conocimiento del fiscal nuevos hechos relativos a las irregularidades puestas de manifiesto por la intervención municipal en el último informe que hacia referencia a un reconocimiento extrajudicial de créditos”. Como en anteriores ocasiones, según el partido, la Intervención habla explícitamente de fraccionamientos, aunque no especifica si estos son una elusión voluntaria del proceso de contratación pública.
A este respecto, el 11 de mayo de 2021 la Intervención municipal firmó un informe en relación con el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, que se elevó a Pleno sobre gastos que no han podido aplicarse al Presupuesto de 2020 porque la factura ha sido presentada o conformada con posterioridad al cierre del presupuesto, o porque se carecía de crédito. Dicho informe recoge toda una lista de proveedores a los que se le ha hecho reparo y donde se observa cómo la intervención municipal cataloga como “fraccionamiento” a muchos contratos, explica el edil.
Como dice el informe de manera textual “la Intervención municipal ha aplicado el criterio de considerar el mismo proveedor y la misma partida para comprobar el requisito de importe máximo de 5.000 euros previsto en la Bases de ejecución del presupuesto para la tramitación simplificada, fiscalizándose con reparo las facturas que, siendo de un mismo proveedor y aplicándose a una misma partida, superan de forma acumulada el referido límite. Esta circunstancia se ha advertido en facturas incluidas en el expediente por un importe de 82.135,95 euros”.
“Tenemos que destacar que en este último informe hay servicios que ya se venían prestando en años anteriores y donde la intervención municipal avisaba de manera reiterada de la necesidad de ajustarse a los criterios y requisitos establecidos en la LCSP haciendo, el equipo de gobierno, caso omiso de estas advertencias”.
“Desde el Partido Popular seguimos haciendo nuestra labor de fiscalización, colaborando con la Fiscalía para esclarecer si estas irregularidades son constitutivas de delito” ha concluido Ruz. El plazo para cerrar la investigación son 6 meses, aunque son prorrogables para seguir con la misma.
