Visita de autoridades a las obrasELCHE. Finalmente el caso de las exhumaciones sin contrato en el Cementerio Viejo ya ha llegado al juzgado, en este caso al de Instrucción nº2 de Elche, ya que el Partido Popular interpuso en diciembre una demanda contra la edil de Cultura Marga Antón por presunta prevaricación. La jueza le ha citado para declarar como investigada el próximo 27 de abril, aunque desde el equipo de gobierno se confía en que no tendrá recorrido. Por su parate, el alcalde Carlos González muestra su "respeto" a la decisión judicial, apuntando que se cumplirán con las exigencias que se soliciten, mientras que se muestran tranquilos "porque el informe del secretario municipal señaló que no existe delito penal sino una cadena de errores administrativos".
En este sentido, el secretario municipal venía a decir en su informe que hubo varios factores que incidieron en que no se firmara finalmente el contrato, trámites que se dieron por hecho y que se no se realizaron. Además de falta de experiencia en estos pasos del arqueólogo y del Técnico de Administración General (TAG). El equipo de gobierno cuenta con el informe para defender que en el mismo queda claro que no hubo delito sino error administrativo.
Al tiempo, González critica al PP por su estrategia de "judicialización" de la vida política, lo que asegura que pone de manifiesto la "incapacidad" de la formación para hacer propuestas de ciudad y "poner sobre la mesa asuntos que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de los ilicitanos". Como ya dijera en su momento con los fraccionamientos de contratos que archivó Anticorrupción —y que esta ha trasladado a Antifraude por si encontrase algo—, el regidor señala que denuncia que los populares basan su oposición en la crispación y en la bronca política; "el enfrentamiento sistemático en su idea de destruir al adversario". Asimismo, desde el PSOE, partido de la concejala —ahora en la nueva Ejecutiva comarcal—, transmiten "tranquilidad y respaldo y confianza en que el juzgado va a archivar las diligencias previas" y opinan que el PP, "como siempre, está embarrando el terreno de juego".
El portavoz del PP Claudio Guilabert informando de la cita del juzgadoEn cualquier caso, después del informe evacuado por el Secretario, con el expediente completo, Vox alertó de algo más que el hecho de que no hubiera contrato, como que parte del equipo que realizó las exhumaciones al lograr la adjudicación en julio de 2021, Drakkar Consultores, en febrero ya consta el equipo de la empresa madrileña como la encargada de realizar la prospección arqueológica, refrendado por la Junta de Gobierno del bipartito el 5 de marzo. Tres días después, el 8 de marzo, la firma, que inició las obras sin rubricar contrato, presentó un presupuesto por el máximo subvencionable (el 100%), con los 28.289,80 euros para la obra 2021 y de 11.519,20 euros para 2022. Ofreció exactamente los 39.809 euros en los que se había valorado previamente la actuación total. Fue este el desencadenante de que se decidiera abrir un expediente disciplinario que según indican desde Recursos Humanos, aún no hay resolución, aunque se inició en diciembre. Eso sí, como contó este diario, ahora la segunda fase de la actuación ya está en licitación, como debió tramitarse la primera.
En definitiva, son algunas de las cuestiones que tendrá que analizar ahora el juzgado tras la apertura de las diligencias, si hubo o no algún tipo de delito, tras las declaraciones de la edil; según el Secretario y por ello lo afirman en el equipo de gobierno, no. También se dieron otros hechos como que la intervención empezase sin que finalizase el periodo de exposición pública, como reconocía el informe municipal, y no se ha aclarado por qué cuando el área municipal de Cultura sabe en septiembre de la situación, no paraliza hasta octubre. Cabe resaltar que iban a contrarreloj para justificar la subvención el 2 de noviembre.
