ELCHE. El Juzgado de Instrucción número 2 de Elche ha abierto diligencias previas contra la concejala de Cultura Marga Antón, a quien ha llamado a declarar como investigada por el no contrato de las exhumaciones del Cementerio Viejo, que dejaron a su vez otras cuestiones sin explicar. El Partido Popular presentó la demanda acusándola de prevaricación administrativa el pasado 16 de diciembre y ahora la vista será el próximo 27 de abril a las 10:00 horas. Aseveran que se le ha enviado ya la notificación.
El recién nombrado portavoz del partido en Elche, Claudio Guilabert, incide en que "este tiempo ha sido incapaz de responder los motivos por los que no se paralizaron las obras de exhumación hasta el 21 de octubre, cuando se tenía conocimiento de este hecho a principios del mes". También por qué no había contrato o por qué no se respetaron los plazo de alegaciones una vez el proyecto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). "O también por qué en el equipo técnico de elaboración de la concejalía existían cinco miembros que luego formarían parte de la empresa adjudicataria". Asimismo, el valor de la obra también fue el mismo que después ofreció la firma contratista, Drakkar Consultores, que no rubricó después el contrato antes de iniciar las obras.
"No queremos judicializar la política, pero no seremos cómplices de las irregularidades que PSOE y Compromís efectúan en nuestro Ayuntamiento", señala Guilabert. Desde el PP cargan también contra el alcalde, quien respaldó a la edil, al igual que el partido, que cerró filas. Los populares exigieron la dimisión de la edil, responsable de la concejalía, aunque desde el equipo de gobierno se defendió, al igual que la edil, que no se rubricó finalmente el contrato por error, ya que se siguió el trámite habitual pero no se formalizó el mismo. Una secuencia de los hechos que reflejó el Secretario en un informe sobre la situación.
Sin embargo, el expediente completo refleja que tanto los miembros de Drakkar figuraban en el informe para el proyecto y tiempo después se adjudicaron la obra. Asimismo, la firma presentó el precio exacto de la valoración realizada para las obras tres días después de celebrarse la Junta de Gobierno en la que se elevó el acuerdo para solicitar la subvención a la Conselleria. Por ahora, el Ayuntamiento ha abierto un expediente al arqueólogo municipal para dilucidar qué ocurrió y la segunda fase de las exhumaciones está, ahora sí, en licitación, como debió tramitarse la primera, que se gestionó como contrato menor.
