el bipartito no respondió a todo y la oposición incide en la dimisión

Fin del 'examen' a las exhumaciones de Elche: un pleno que sirvió de poco para aclarar y a esperar los tribunales

30/11/2021 - 

ELCHE. El pleno de este mes de noviembre no ha aportado mayor luz a la irregularidad administrativa derivada de las exhumaciones en el Cementerio Viejo sin relación contractual. La pasada semana el Secretario municipal emitió su informe con la sucesión de los acontecimientos, y la oposición en bloque, como incidió este lunes, sigue exigiendo la dimisión de la edil de Cultura Marga Antón. Tanto ella como el concejal de Contratación, Hector Díez, quien compareció porque lo pidió la oposición y porque el informe del Secretario desveló que fue su departamento quien tenía que haber gestionado fallido contrato, no aportaron mucho más allá de las pocas dudas que quedan por esclarecer.

En este sentido, Díez se apoyó en el informe del funcionario y explicó las competencias en materia de Contratación de su concejalía, y defendió que ya se explicó lo acaecido en rueda de prensa y Junta de Portavoces, a la que el Partido Popular no acudió porque en estas juntas no se levanta un acta formal y explícita como la del pleno. Sí apuntó el edil que fue consciente del caso el 17 de septiembre, cuando el vicesecretario informa de que no procede un contrato menor, porque son obras, y por tanto había de salir a concurrencia pública esta actuación. Un argumento más por el que la oposición pide la dimisión de Antón, ya que estiman que al ser ella la edil de Cultura, responsable de las exhumaciones, no puede ser que no fuese consciente, ya que en rueda de prensa afirmó enterarse de esta anomalía un día antes de la paralización de las obras, el 21 de octubre. 

Un mes para actuar desde que se detecta el error

Si bien es cierto que cronológicamente la sucesión está refrendada por informes sectoriales, como el del técnico de Cultura que el 18 de octubre apunta en un informe que se acuerda paralizar las obras, la realidad es que ni en el pleno —Díez y Antón fueron cuestionados por ello— ni en general se ha explicado por qué pasó un mes desde que se detecta el error del expediente en septiembre hasta que se paralizan las obras en octubre. Hubo diversas reuniones y asesoramientos interdepartamentales para ver cómo actuar, aunque se tardó un mes. Asimismo, la fecha de marras en la que se identifica el problema por el vicesecretario, el 17 de septiembre, según el informe de los hechos, se traslada ello al "área de Cultura", no mencionando si se informa directamente a la concejal. La oposición entiende que es lógico que sí.

Muchas preguntas (a los concejales) y pocas respuestas

Algo que también se preguntó en el pleno a la edil, que no respondió, limitándose al informe del secretario, a apelar a su gestión transparente y a que "no ha habido arbitrariedad, ni coste para los ciudadanos, porque se justificó la subvención". Aseveró que paralizó las obras cuando se aclararon las circunstancias y el error, y achacó la situación a "la falta de experiencia de los técnicos y la premura para justificar la subvención", con lo que culmina el informe del Secretario. La concejala denunció que a la oposición solo les importan los hechos y tapar "la apuesta por la recuperación de la memoria histórica, quieren cobrarse una cabeza política, pero tenemos la convicción de no haber actuado al margen de la legalidad". También incidía en el error técnico el concejal Héctor Díez sobre la interpretación que se hizo para entender que se podía hacer un contrato menor: "Si el TAG  hubiera consultado el decreto de competencias en lugar de las bases de ejecución del presupuesto…". 

Sospechas sobre un amaño... o no ¿error en la interpretación del expediente?

Por otra parte, y no menos importante, entre la multitud de respuestas no respondidas, Vox apuntó dos aspectos, que por qué se había aprobado el equipo a realizar la exhumación antes de escoger al adjudicatario, y por qué este había ofrecido justo la cifra por la que se había fijado el precio de la intervención. Algo que sería un ejemplo claro de un contrato a dedo por conveniencia, sin embargo, a priori podría tratarse de un error en la interpretación del extenso informe realizado por el arqueólogo para explicar la situación. Algo que preguntaba el edil Juan Antonio Alberdi y que no respondieron tampoco los concejales y que dejaba entrever como un caso flagrante de amaño.

El quid está en un pequeño detalle, y es que el arqueólogo señala que tras el proyecto de excavaciones, una vez se confirma la subvención autonómica el 15 de julio, previamente se habían solicitado tres presupuestos. Una vez confirmada la subvención, este escoge el 27 de julio a Drakkar por ser el precio más barato, e incorpora estos documentos al expediente original. Conforme se fueron logrando autorizaciones o pasos del trámite, se sumaron al proyecto redactado primero, por eso puede parecer tanto que el equipo ya se había escogido, como que había clavado el precio por el que había que hacer las obras; daba a entender que en un primer momento estaba todo preparado. De ser así, sería algo más que una irregularidad administrativa de forma muy obvia. Asimismo, las tres empresas ofrecieron un precio más alto por las obras —Alberdi señaló que solo las no seleccionadas— que el de la subvención concedida por la Generalitat, de 23.197,64 euros para 2021 y 9.445,74 para 2022. El 82% de lo pedido por el Consistorio. 

No obstante, en el informe del Secretario, al faltar algunas fechas concretas, en una parte de su documento apunta que "Al efecto, la inversión total prevista en el Proyecto de Intervención del Arqueólogo era de 28.289,80 € para 2021 y de 11.519,20 € para 2022", dando a entender que era ese el precio proyectado por el arqueólogo, y que por tanto, según las dudas de Vox, habría 'clavado' Drakkar. Según los informes, la conselleria ofreció al Ayuntamiento una subvención del 82% de la actuación según el proyecto, y con ese porcentaje se escogió el precio de la mencionada empresa, el más barato. Es por esto que el Secretario afirma no atisbar delito penal. En todo caso, cuándo se piden los presupuestos y cuándo y cómo se tramita la subvención, es otra de las cuestiones clave para dilucidar si hay algo más.

El PP llevará el caso al juzgado por delito penal tras esperar a las comparecencias

A partir de ahí, la oposición anduvo cuestionando estos aspectos a los técnicos implicados en este trámite, aunque es cierto que no se conocía entonces el informe del Secretario. Y esto quedando algunas dudas no esclarecidas, como el por qué de ese mes para decidir qué hacer —sin olvidar la premura que existía como reconoce el Secretario—, si la edil lo sabía a pesar del descuadre de fechas, o si la empresa adjudicataria no recordó en ningún momento que no se había firmado ningún contrato, en cualquier caso y según los informes sectoriales, hay una irregularidad clara tras el trámite.

Un trámite con errores encadenados, que ya ha dado todo lo que tiene que dar de sí estas semanas a raíz de los documentos y las comparecencias, salvo que se descubra algo nuevo. Si ello constituye delito, tendrán que decidirlo los tribunales. De momento, a la oposición y al PP le ha servido para intentar erosionar al bipartito y a la titular de Cultura, ya que para el bipartito no ha sido un plato de buen gusto. De hecho, como recordaba Pablo Ruz en el pleno, Compromís no se ha pronunciado en ningún sentido con toda esta polémica, evitando que la pelota pase a su tejado, a pesar de ser socios de gobierno. Como dato curioso, también recordaba el portavoz popular que el 30 de septiembre, sabiendo ya la situación que existía, el alcalde visitó las obras con su homólogo crevillentino.

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