ELCHE. A final de semana se hacía público el informe realizado por el Secretario municipal sobre lo que falló para que no hubiese contrato en las exhumaciones realizadas en el Cementerio Viejo. Además de refrendar, como ya es conocido, que no procedía un contrato menor de obras para este servicio, sino un concurso público, el informe también resalta que no era Cultura quien tenía que haber tramitado este contrato, sino Contratación, competente para las licitaciones. Asimismo, también resalta que la actuación inició antes de que finalizase la exposición pública, ya que cabía opción de presentar recurso.
En sus conclusiones apunta que "sin duda es una irregularidad administrativa" después de hacer la enumeración de los hechos, además de observar que "no se detecta actuación alguna que conlleve responsabilidad administrativa o penal, ni tampoco ha existido perjuicio económico derivado de la misma". Ahora bien, la contratación menor de obras no está delegada en la concejala de Cultura, como erróneamente figura en las Bases de Ejecución del Presupuesto, sino sólo la contratación menor de suministros y servicios.
A ese respecto, sobre las bases, el Secretario considera que "el citado error indujo a una equivocada tramitación del expediente de contratación, que, dada la errónea redacción de la Base 20, no pudo ser detectado por el TAG (Técnico de Administración General), apenas recién llegado al Ayuntamiento de Elche, y en concreto al área de Cultura, de forma que, no siendo realmente competente la concejala de Cultura para los contratos menores de obras, sino solo para los contratos menores de servicios o suministros, debió tramitarse por el área de contratación".
Además de ello, el funcionario deja entrever previamente, como también se puede concluir tras seguir el proceso y los acontecimientos, que se actúa con celeridad porque el 2 de noviembre es la fecha tope para justificar la subvención ante la Generalitat y por tanto no perderla. También destaca que una vez la conselleria da el visto bueno a las obras, se emite la resolución para que se proceda al trámite de información pública por
plazo de 15 días, de acuerdo a este tipo de procedimientos de memoria histórica, "para que se puedan personar posibles interesados en el procedimiento", explica el Secretario, quien añade después que se envía al BOP el 9 de agosto, se publica el 13, y añade que "en ese día, sin embargo, las obras ya habían comenzado".
Este viernes, tras recibir la oposición el informe, comparecían para pedir en bloque de nuevo la dimisión de la edil de Cultura Marga Antón. De nuevo porque aseveran que miente con la sucesión de los hechos: en rueda de prensa para reconocer que no había contrato declaró que fue el día de antes de paralizar las obras cuando se enteraron que no cabía contrato menor de obras porque era una actuación en todo caso de contrato de servicios. Pero fue el 17 de septiembre cuando el vicesecretario advirtió de ello y el mismo día avisó al área de Cultura.
Así consta en el informe del Secretario y en su momento del vicesecretario —a quien llega la documentación para firmar antes que la concejala, según este documento—. Aunque no se menciona explícitamente que se avise a la edil de Cultura ese 17 de septiembre, sino "al área de Cultura", la oposición entiende que como responsable última de la concejalía lo sabía, y es por ello que exigen su dimisión. Un mes después, en octubre, tras corroborar que no había contrato, que el trámite no era el correcto y que tenía que haberlo tramitado Contratación y no Cultura, se solicitó el asesoramiento de la Secretaría y la Intervención para poder decidir el procedimiento y las actuaciones concretas a seguir. Tras varias reuniones, el 14 de octubre se decide pedir informes sectoriales al TAG y arqueólogo, emitidos cuatro días después, y que se paralicen las obras, lo cual se ordena el 21 de octubre y el 22 se ejecuta.
Esa es la secuencia de los hechos a nivel administrativo tras entrar el expediente erróneo en la cadena, según el informe del Secretario. El último día de plazo para justificar la actuación, el 2 de noviembre, se envía la documentación acreditativa de la realización de los trabajos.
El resultado, una irregularidad administrativa que a juicio del funcionario no supone responsabilidad penal, aunque la oposición está esperando a la comparecencia de Antón y del concejal de Contratación, Héctor Díez, para llevar el asunto a los tribunales. estos días han estado preparando las intervenciones.
