Familiares visitan las actuacionesELCHE. Las exhumaciones del Cementerio Viejo de víctimas del franquismo reúne todos los factores para convertirse en algo más que un quebradero de cabeza para el bipartito ilicitano, ya que tras el informe del Secretario, que venía a decir que todo había sido una consecuencia de errores administrativos —que lo son—, expedientes adjuntos muestran que hay más claroscuros de los que el Ejecutivo ha querido mostrar en público. Aún quedan diversas cuestiones que dilucidar, pero por lo pronto, lo que queda reflejado en un acta de la Junta de Gobierno del 5 de marzo de 2021, es que entonces ya figuraba el equipo de arqueología encargado de las exhumaciones, antes de pedir oficialmente los presupuestos a esta y otras dos firmas. Además, el precio total valorado para las obras es exactamente el mismo que el presupuesto ofertado por la empresa de la intervención, en este caso, la madrileña Drakkar Consultores, que correspondía al máximo subvencionable por la Generalitat, el 100%. Se obtuvo el 82%.
En otras palabras, y a tenor de los documentos, como refleja en el expediente elaborado por el arqueólogo municipal, y como refrendó Vox este martes, que irá a los tribunales por la vía penal al igual que el Partido Popular, se conocía de antemano que Drakkar iba a ser la encargada de realizar las obras. Ya se había apostado por ella. Antes de recibir la subvención y de pedir el presupuesto a otras dos compañías, ya que al tratarse de un contrato menor, por ley se han de presentar tres presupuestos. En el expediente se da a entender que el 27 de julio se escoge a la firma madrileña porque tiene el precio ofertado más barato, pero de esta ya estaban sus operarios en febrero en la propuesta de actuación que había que presentar a Cultura para solicitar la subvención. En ella también aparecen concejales de Aspe y Crevillent, implicados en el proyecto porque a priori también hay víctimas de sendos municipios en la fosa.
Así, la empresa que ha realizado la intervención en el camposanto ofertó 28.289,80 euros para la obra 2021 y 11.519,20 euros para 2022. El precio total valorado previamente para esta actuación. La firma lo presentó el 8 de marzo, tan solo tres días después de celebrarse la Junta de Gobierno en la que se elevó el acuerdo —aunque en febrero ya figuraba el proyecto con su equipo de operarios— para solicitar la subvención a la Conselleria. Por otra parte, el presupuesto presentado indica para la segunda fase, las muestras de ADN, un precio de 689 euros para cada uno de los 14 cuerpos, lo que da como resultado 9.646 euros, y no 9.520 como indica la propuesta. No obstante, al sumarle el 21% del IVA a esos 9.520 euros, es como se llega a los 11.519,20 euros redondos planteados para las actuaciones de 2022.
Yendo más allá, en la resolución de 23 de diciembre de 2020 se establece cómo se puntuarán las propuestas de exhumaciones para obtener mayor o menor financiación. El 15 de julio la conselleria determina que Elche ha obtenido 82 puntos: lo que supone 23.197,64 euros para 2021 y 9.445,74 euros para 2022. Sin embargo, Drakkar había presentado un presupuesto por el máximo subvencionable (el 100%) el 8 de marzo, con los 28.289,80 euros para la obra 2021 y de 11.519,20 euros para 2022. Ofreció exactamente los 39.809 euros en los que se había valorado la actuación total. Una de las cuestiones pendientes de conocer es saber cuándo se fijó ese precio de las exhumaciones por el arqueólogo y que la firma debió conocer antes de presentar un presupuesto calcado. Cómo se ha gestado se antoja clave para esclarecer algo más que el erróneo proceso administrativo.
Resolución del 15 de julio
Resolución del 15 de julioUn cúmulo de casualidades que como contó este medio, podrían entenderse si el expediente presentado por el arqueólogo se hubiera ido modificando a posteriori para añadir al proyecto original las actualizaciones (empresa elegida, precio de la actuación...). Sin embargo, como mostró Vox a los medios con documentos, en febrero ya consta el equipo de la empresa madrileña como la encargada de realizar la prospección arqueológica. Y es aprobado por la Junta de Gobierno del bipartito el 5 de marzo, por lo que esta opción queda descartada. "No son una serie de problemas sin más", asegura el edil de la formación Juan Antonio Alberdi, arquitecto y perito judicial.
En retrospectiva y para entender la cronología y otras incógnitas, cabe resaltar que la solicitud de la subvención a la Conselleria de Trasparencia, con sus anexos correspondientes, fue presentada por registro electrónico el 15 de marzo de este año para esas obras valoradas en 39.809 euros. Ya es conocido que la firma madrileña había presentado el 8 de marzo un presupuesto idéntico a la valoración del coste de las obras.
Pero además, ese 15 de marzo era el último día para solicitar la subvención. Sin embargo, aunque se desconoce la fecha en la que se solicitan los presupuestos, los de las otras dos firmas llegan fuera de plazo, una entregada el 6 de abril —aunque por error pone 2020— y otra el 10 de mayo. Lo cual no tiene que significar que supieran que había subvención o que ya había expirado el plazo. Así que en cualquier caso, dadas las fechas, sus ofertas no eran válidas, la suerte ya estaba echada, cosa que se refrenda con la 'adjudicación' el 27 de julio a la madrileña. Para un precio valorado en 39.809 euros —que se presupone no debían conocer—, una compañía presenta uno de 42.688,80 euros y la otra de 45.362,90 euros. Un precio superior por el que el bipartito ha defendido que en el caso de haberse realizado la licitación pertinente, el resultado hubiera sido el mismo por ser la madrileña la oferta más competitiva.
Por otra parte, además de la chapuza administrativa a la vista de los continuos errores cronológicos, Alberdi asegura que "el informe del arqueólogo dice que acaban las obras el 27 de septiembre de 2021, pero se presenta en la intervención para un mes después". También siembra las sospechas sobre que el mismo 27 de julio que se escoge a Drakkar, entre en la Dirección General de Cultura la solicitud de autorización del proyecto de exhumación. Asevera además que el precio de las obras de la excavación que clavó la firma madrileña, "se presentó el mismo día de la Junta de Gobierno de marzo". Su compañera de filas, Aurora Rodil, asevera que "nos sentimos engañados en la Junta de Portavoces porque sabían con el informe del Secretario lo que vendría después".
En definitivas cuentas, además de la tormenta perfecta de los errores, de los que ya se han dado cuenta estos días —que entre filas y entorno del bipartito reconocen como una "chapuza"—, se ha constatado que la empresa que ha llevado a cabo la intervención ya estaba preasignada desde el primer momento, que ofreció exactamente el mismo precio planteado por el técnico, que las otras dos compañías —a quien se había de pedir presupuesto por ley porque para los contratos menores debe haber al menos tres diferentes— presentaron sus presupuestos fuera de plazo. Aunque eso sí, queda por esclarecer si se les pide fuera de ese margen, es decir, como mero formalismo.
A ello hay que sumar lo ya planteado, y que no deja de ser parte de lo mollar: se empezaron las obras sin contrato, nadie se dio cuenta hasta septiembre cuando el expediente llega al vicesecretario, la intervención empezó sin que finalizase el periodo de exposición pública, como reconoce el Secretario, y no se ha aclarado por qué cuando el área municipal de Cultura sabe en septiembre de la situación, no paraliza hasta octubre. Uno de los puntos clave es que iban a contrarreloj para justificar la subvención el 2 de noviembre. Y hay otros detalles como que la carta de adjudicación de la conselleria a la empresa de la actuación está sin firmar. Ni la concejal Marga Antón ni el responsable de Contratación, Héctor Díez, aclararon mucho en el pleno de noviembre. Y no contestaron a las preguntas clave sobre ese precio justo o que los operarios de una de las tres empresas a las que se solicitó presupuesto ya figurasen como equipo de excavación.
