Plaça de Baix / PEPE OLIVARESELCHE. El bipartito que gobierna la ciudad ya ha cuadrado las piezas que necesitaba para tener el engranaje interno engrasado. La pasada semana La Junta de Gobierno aprobó los nuevos coordinadores de área en las que ahora se ha compartimentado el Ayuntamiento. Unos nombramientos que conllevaron una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Unas designaciones que conllevaron el nombramiento de un nuevo interventor en el Consistorio, eso sí, de forma accidental —provisional—, situación en la que lleva más de 25 años, por la cual el Síndic de Comptes le pegó un tirón de orejas en 2018.
De entre los nombramientos realizados en la Junta de Gobierno, la hasta entonces Interventora Municipal, Inmaculada Sánchez Mañogil, pasa a ser ahora la coordinadora de Gestión Financiera y Tributaria, por lo que le suplirá en la Intervención Víctor Martí, designado por el alcalde. Antes de ocupar el cargo, era coordinador del área de Hacienda, por lo que ha sido prácticamente un cambio de cromos de sendos funcionarios entre un puesto y otro. Eso sí, a pesar del fichaje de Martí, este es en los mismos términos: será el Interventor de forma accidental, es decir provisional, "hasta que se cree la plaza y se saque a concurso", especificó el viernes el portavoz Héctor Díez, sin especificar plazos.
Unos plazos que el Síndic de Comptes recordó el año pasado que llevan más de 25 años estirándose. Es el tiempo que lleva el Consistorio ilicitano sin un interventor con su plaza fija. Una figura que con el nuevo nombramiento sigue ocupando un funcionario municipal A1, sin la habilitación nacional requerida para el puesto. Señalaba el informe de la auditoría que sólo los puestos de trabajo de Secretaría y Tesorería están ocupados con carácter definitivo por funcionarios que ostentan la mencionada condición; mientras que los de Vicesecretaria e Intervención están cubiertos por funcionarios del mismo Ayuntamiento. Una anomalía por la que el Síndic le pegó el toque de atención al Consistorio.
Sin embargo, el edil de Recursos Humanos, Ramón Abad, apunta a que la responsabilidad de convocar el concurso para provisionar la plaza definitivamente es el Estado, el Ministerio de Hacienda, y que mientras, el Ayuntamiento cubre la plaza subsidiariamente. En cualquier caso, Abad asevera que el escrito del Síndic de Gregues le fue remitido al Ministerio al ser de su competencia, para que estudie la concurrencia de plazas. Asimismo, estos días, sobre la situación de interinidad y puestos accidentales como este, el bipartito indica que está esperando a la resolución europea sobre cómo consolidar y estabilizar la plantilla, para poder proceder con ello. De momento, se ha aprobado una bolsa acumulada de años atrás para 63 personas.
Así pues, el Ayuntamiento deja la pelota en el tejado del Estado, ya que es el Ministerio de Hacienda y Función Pública quien designará los tribunales calificadores, correspondiendo al Instituto Nacional de Administración Pública la gestión y ejecución de los procesos selectivos. Según un decreto del pasado ejercicio, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse mediante nombramientos provisionales, acumulaciones, comisiones de servicio, nombramientos accidentales o de interinos. La normativa por tanto ofrece diferentes caminos para autorizar el nombramiento provisional, mientras que llega el concurso estatal y la comunidad autónoma no lo exige. Acerca de los accidentales:
Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimientos previstos en los artículos anteriores del presente real decreto, las Corporaciones Locales podrán solicitar a las Comunidades Autónomas el nombramiento, con carácter accidental, de uno de sus funcionarios con la preparación técnica adecuada y, siempre que sea posible, que pertenezca al subgrupo A1 o cuente con una titulación universitaria.
También el decreto de 2018 establece que: Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación en las Entidades Locales.
Según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Existirán dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario. El concurso unitario será convocado por la Administración del Estado; pero las corporaciones locales con puestos vacantes aprobarán las bases del concurso ordinario, y efectuarán las convocatorias, remitiéndolas a la correspondiente Comunidad Autónoma para su publicación simultánea en los diarios oficiales. De todas formas, una vez más, en previsión de distintos escenarios, excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación.
Hay por tanto distintas interpretaciones de la normativa, y muchos huecos, interpretables, que suponen distintos caminos para llegar a una determinada posición. Es uno de los motivos para que el Ayuntamiento lleve más de un cuarto de siglo sin un plaza de un funcionario de habilitación nacional en el puesto de la Intervención, cuyas funciones son: el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la contabilidad, tesorería y recaudación. Un cargo importante que ya cuando se hizo público el informe del Síndic, levantó denuncias de varios agentes sociales al considerar que se debía provisionar la plaza fija para tener a una persona "independiente" fiscalizando las cuentas, y no designada por el gobierno de turno.
Sobre la auditoría realizada a los cursos 2015-2016, esta señalaba que Intervención "no elevó al pleno un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Y que tenía que "ser más rigurosa en la formalización de los informes de disconformidad y calificar de manera expresa como advertencias todas aquellas situaciones en las cuales se aprecia un desacuerdo en el fondo o en la forma con los actos, documentos o expedientes examinados". Bien es cierto que algunas cuestiones ya se han estado corrigiendo, y sobre esta última, precisamente el Partido Popular denunció en los estertores de la legislatura, que el tripartito estaba pagando facturas —de Cultura— con reparos de la Intervención.
