Una muestra de los asentamientos alegales levantados en parcelas de la Cañada del Fenollar, en Alicante. ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante adopta la primera resolución ejecutiva frente a los asentamientos ilegales implantados de manera progresiva (varios de ellos, sobre zona de rambla) en las partidas rurales con la firma de un primer decreto de paralización de los trabajos de reparcelación de las parcelas en las que se ubican. Se trata de una primera orden a la que le sucederán próximas resoluciones con el avance de los expedientes de infracción incoados hasta el momento por la Concejalía de Urbanismo en coordinación con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), que se elevarían a cerca de 40. Y, además, la administración local continúa profundizando en el análisis de riesgos hasta el punto de anticipar la elaboración de un estudio sobre la inundabilidad de todo el término municipal en paralelo a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Así se ha concretado este miércoles en el transcurso de la segunda reunión de la Mesa técnica de evaluación de riesgos para emergencias climáticas constituida el pasado 8 de noviembre -menos de dos semanas después de la catástrofe de la dana de Valencia- con el fin de coordinar actuaciones de varios departamentos municipales (Urbanismo, Medio Ambiente, Seguridad e Infraestructuras) con el propósito de planificar e implementar medidas adicionales de prevención frente a riesgos de avenidas que pudiesen generar inundaciones en el conjunto del término municipal, así como de revisar protocolos de actuación en caso de emergencia.
La promulgación de ese primer decreto ha sido, de hecho, uno de los avances dados a conocer en el transcurso de ese encuentro, como primer paso para erradicar la presencia de asentamientos irregulares en zonas inundables. En esta línea, la Concejalía de Urbanismo ha informado de la tramitación de los primeros decretos de suspensión de obras de reparcelación en estos asentamientos, así como de la actualización de protocolos de actuación y colaboración con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ante infracciones graves o muy graves en terrenos no urbanizables, según han precisado fuentes municipales, a través de un comunicado.
Al tiempo, el alcalde, Luis Barcala, ha informado sobre el registro de una solicitud formal a la AVPT para que se prioricen las actuaciones de restauración de la legalidad urbanística en las zonas que presenten riesgo de inundación, como las zonas de rambla de las partidas rurales en las que se ha venido acumulando el registro de denuncias por parte de las asociaciones de residentes, como ha venido informando este diario.
En el escrito remitido a la dirección de la AVPT, Barcala pide que se "eleve propuesta al Consejo de Dirección de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio de introducir un nuevo concepto en la priorización de expedientes en relación a aquellos que se ubiquen en zonas con niveles de Peligrosidad 1, 2, 3 y 4, según la cartografía del Patricova (Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana), así como aquellas calificadas por el planeamiento vigente municipal como suelo no urbanizable de Protección de Ramblas o equivalente", con el objetivo de "minimizar riesgos".
En esta línea, la Concejalía de Urbanismo ha notificado ya el primer decreto de suspensión de obras ilegales de reparcelación detectadas en suelo no urbanizable e inundable en La Cañada del Fenollar, al que se sumarán otros en los próximos días. "Estos primeros decretos son fruto de la colaboración con el Seprona y con la AVPT, con las que se trabaja en el establecimiento de un protocolo que fija las actuaciones de cada administración y las vías de coordinación para la adopción de medidas tras las denuncias e incoación de expedientes por irregularidades urbanísticas en materia de protección del territorio", añade la nota pública.
De igual modo, en la reunión de la Mesa Técnica se ha concretado que en la actualidad existen en Urbanismo 40 expedientes abiertos por infracciones de este tipo, de los cuales 15 corresponden a suelo calificado como rambla. Para todos ellos el Ayuntamiento emitirá los correspondientes decretos de suspensión de obras, según inciden las mismas fuentes. Además, se ha concretado que "está en curso informe jurídico sobre la legislación aplicable en situaciones de construcciones o usos en suelos con calificación de no urbanizable rústico-rambla, así como las vías de actuación administrativa y modificaciones normativas en su caso. Medidas con las que se pretende agilizar el desmantelamiento de estos asentamientos".
El decreto municipal de suspensión de obras ordena la "paralización y suspensión inmediata de los actos u obras de edificación o uso del suelo" ya que "resultan actuaciones de manifiesta ilegalidad y sin posible subsanación, por estar ejecutándose sin ser conformes con el planeamiento municipal". Con ello, se da traslado del expediente, junto al acta de inspección de la Policía Local y el informe técnico municipal a la AVPT, al tratarse de una infracción tipificada como grave y "estar delegada la competencia exclusiva en materia de protección de la legalidad urbanística, respecto a infracciones urbanísticas graves o muy graves en suelo no urbanizable, común o protegido".
Un momento de la reunión de la Mesa Técnica de evaluación de riesgos para emergencias climáticas. En caso de incumplimiento de la orden de paralización, "se procederá por los agentes de la Policía Local al precinto de las obras y se informará a la Autoridad Judicial por la posible comisión del delito de desobediencia/resistencia". Además, se advierte a los interesados que deberán restaurar la legalidad urbanística, con el añadido de que, en el caso de no hacerlo "se procederá a adoptar las medidas restauradoras y sancionadoras pertinentes por la AVPT, independientemente de la posible responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del incumplimiento".
Además, en la reunión de la Mesa Técnica también se ha compartido información sobre el protocolo de actuación en el que han trabajado Ayuntamiento, el Seprona y AVPT contempla que las competencias del Ayuntamiento de Alicante son el levantamiento de actas de infracción, el dictado de medidas cautelares como la suspensión de obras mediante decreto y el precintado oficial en caso de incumplimiento. Asimismo, emitirá informes técnicos, a través del Servicio de Planeamiento, conforme a los modelos establecidos por la AVPT, y remitirá a la agencia la documentación requerida (actas, informes técnicos y decretos de suspensión). Siendo, a partir de dicho momento, la tramitación del expediente de restauración de la legalidad urbanística -con el consiguiente desmantelamiento de la edificación irregular-, competencia de la AVPT.
Una vez aprobado y firmado por las partes el protocolo de actuación y tras análisis de los informes jurídicos realizados, se elaborará una hoja de ruta de las diferentes casuísticas existentes y su plan de minimización de riesgos, tales como modificaciones de ordenanzas o normativas, planes de restitución de la legalidad o expropiaciones, según concreta la nota pública.
Al tiempo, en la reunión de la Mesa Técnica también se ha concretado que, como parte de los trabajos asociados a la redacción del nuevo PGOU en curso, se va a realizar el estudio completo de inundabilidad de todo el municipio, que -junto a todos los estudios parciales ya realizados con motivo del desarrollo de los distintos sectores urbanísticos ejecutados desde la aprobación del último plan-, será la herramienta actualizada y fundamental para la toma de decisiones, para la futura ordenación urbanística y de protección de la ciudad.
A esas medidas se añade las iniciativas que ya se han dado a conocer con carácter previo, como la planificación de hasta tres nuevos parques inundables con una funcionalidad similar al ya existente en La Marjal, en Playa de San Juan, así como de doce tanques antitormenta como el construido en San Gabriel. Y, en paralelo, se prevé promover dos iniciativas más: la solicitud ante el Ministerio para la Transición Ecológica para que se instale un radar metereológico específico para la provincia de Alicante y la amplificación del alcance del sistema de alertas del que dispone la empresa mixta Aguas de Alicante, responsable del servicio de abastecimiento y de la red de alcantarillado de la ciudad: el denominado Sistema Integrado de Prevención y Alerta frente a Inundaciones y Descargas al Medio Receptor (SIPAID).
Por otro lado, en el marco de las actividades que se desarrollan en paralelo a la Mesa Técnica de emergencias climáticas, también ha tenido lugar este miércoles un taller sobre intervenciones en situaciones de emergencias y actuaciones en casos de vivienda e infravivienda en zonas con riesgo de inundación organizado por la AVPT, en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante y dirigido a los policía locales de los municipios de la comarca de l'Alacantí. Fuentes municipales han precisado que los agentes ha podido conocer las distintas casuísticas que se producen en el territorio, los modos de identificación y actuación en aquellos casos que se encuentren de manera irregular e incumplan la normativa vigente, de forma que se desarrolle una actividad de control coordinada en todo el territorio.
