Foto: PEPE OLIVARESELCHE. Contratos menores, facturas, posibles fraccionamientos... Malas praxis o recovecos de la administración local que llevan años teniendo lugar en el Ayuntamiento y que siguen coleando, especialmente ahora que las formaciones en la oposición han fijado esta cuestión como parte de su fiscalización o arietes para hacer mella en la gestión del Ejecutivo. En la pasada legislatura atacó el Partido Popular llevando 672 facturas que venían de reparos de Intervención a Fiscalía Anticorrupción, y que finalmente fueron archivados; ahora, el PSOE lleva 35 de facturas de suministro de plantas sin contrato, que acumulan 56.000 euros. Creen que debería proceder un concurso público por el montante para un mismo servicio, mientras que el Ejecutivo, con el PP al cargo, señalan que no hay reparo alguno, despejando la acusación, y que es una práctica que ya estaba instaurada.
Un cúmulo de argumentos, contradicciones y prácticas que en absoluto son nuevas, y que ahora toca gestionar al bipartito que forman PP y Vox. Y algo es seguro, viene de años y años. En un ya lejano 2018, la Sindicatura de Comptes ya alertaba en su informe de fiscalización que había detectado fraccionamiento de contratos en la gestión municipal en el año 2015 y 2016, un curso político que coincidió con la etapa final del Partido Popular, y con la siguiente del tripartito, entonces con PSOE, Compromís e Ilicitanos por Elche. Y se recordaba que en 2011 se había detectado lo mismo. Todo ello junto a un ya clásico aviso de que Intervención no cuenta con un funcionario de Habilitación Nacional como establece la legislación.
Ya entonces la Sindicatura hablaba de facturas por importes superiores a 3.000 euros (ahora son 5.000 por una trasposición europea) sin que se promovieron los preceptivos expedientes de contratación. Ahora, unos cuantos años después, 'vuelve a saltar la liebre'. Y los elementos argüidos por el gobierno son muy similares a los que blandió el exalcalde Carlos González. Entre ellos que algunas de las facturas pagadas con reparos había que autorizarlas por la Junta de Gobierno para pagar servicios de limpieza o cuestiones similares habituales de gestión para no dejarlas sin prestar. El concejal de Contratación, Claudio Guilabert decía este jueves que esas facturas son necesarias también para poder autorizar gastos cotidianos "y no esperar meses para impulsar reformas urbanísticas o prestar servicios", en referencia a su uso frecuente de procedimientos simplificados o súper simplificados —licitaciones con menos trámite, más rápidos—.
Otro de los argumentarios esgrimidos por Guilabert el jueves, uno de los principales, era que esas prácticas ya se venían haciendo, y que venían siendo las habituales porque ya estaban instauradas. También decía que el bipartito progresista, en ocho años de gestión, tampoco se ha preocupado de elaborar pliegos para suministros varios (herramientas, parque móvil, Comunicación...). Una narrativa también reincidente. Es la misma que ya empleó el anterior equipo de gobierno pero en su primera legislatura, en época de tripartito (2019), cuando la concejal Ana Arabid se defendía de las críticas del PP por lo mismo: facturas sin contrato. Entonces como responsable de Hacienda apuntaba que era una práctica asumida de hacía años y que estaban haciendo pliegos de condiciones para evitar recurrir a estas facturas o contratos menores. Mismo argumentario, distinto color.
Plantas en el arco municipal / Foto: PEPE OLIVARESEl concejal justifica que al entrar en la gestión los funcionarios explicaron por qué se acude a estas prácticas, porque es lo que decía anteriormente Intervención. Y que por eso el responsable destaca que recurren a todo tipo de contratos, también los abiertos simplificados, abiertos sumarios, etc., que permiten acortar los tiempos de trámite. Una celeridad de la que han hecho santo y seña... Aunque ello suponga, paradójicamente, recurrir a los contratos menores que quieren ir desterrando: así es como se elegirá al despacho de arquitectura que elabore el catálogo, tras quedar desierto el concurso público.
Por tanto, en mayor o menor medida, ambos equipos de gobierno han recurrido a facturas y contratos menores, al tiempo que intentaban reducirlos con concursos públicos que eviten pagos discrecionales. Eso sí, el actual Ejecutivo no se moja nítidamente con si ha podido incurrir en fraccionamiento o no, se escuda en que es lo que se encontraron: "Era el criterio que decía la señora Maciá, proveedor por partida". Una respuesta a colación de que se hayan autorizado algunos proveedores más pagos menores de los permitidos. La concejal refuta ese criterio y apunta a que el concepto del contrato es genérico para suministrar plantas (y en general), da igual que sean especies diferentes o para otro lugar, como justifica Guilabert. Sea como fuere, si ese criterio actual no es válido, ahora los órganos competentes como Antifraude, tendrán que dirimir si el edil tiene razón o no respecto a esa interpretación del concepto. Esos serán los criterios válidos, independientemente de los que haya utilizado el Consistorio antes o ahora.
Asimismo, sobre las acusaciones de Guilabert a los socialistas de pagos de suministros a un proveedor por más de 50.000 euros (consta en 2020 y esos años, sin contrato) en años anteriores, asevera Maciá, reconoce que sin recordarlo, que no eran de flores en todo caso, y que de las 672 facturas que presentó el PP estando en la oposición, ninguna, tenía que ver con las 30 facturas de flores que el edil utiliza para contraargumentar que el bipartito anterior hizo lo mismo. "Antes de querer barrer la casa ajena uno tiene que tener barrida su propia casa", decía el concejal de Contratación.
Por lo pronto, el actual equipo de gobierno no ha hecho público hasta ahora ningún informe de control de los que antes pasaban por pleno, donde se daba cuenta de si había habido reparos y anomalías con facturas o contratos menores. Ello hizo que el PP pudiera presentar su denuncia a Fiscalía. Por ello tampoco se conoce aún si hay algún tipo de anomalía, más allá de las palabras del equipo de gobierno. Ante "tanta factura" sin pliego que denunciaba el edil este jueves, durante estos meses no se ha mentado nada sobre esta cuestión.
Para acabar, y como curiosidad en esta particular serie de catastróficas desdichas desde años, justificaciones idénticas inclusive, también se han repetido los cambios de interventores, la figura fiscalizadora municipal. La Interventora que más incidió en los posibles fraccionamientos de contratos del bipartito (o tripartito) progresista fue cesada en la anterior legislatura, aunque nombrándola como coordinadora de área de Hacienda. Y hace unos días el actual Ejecutivo prescindía de ella ahora como coordinadora. El pasado mes de junio, al poco de entrar, el actual bipartito también cesó al Interventor que había hasta entonces, y que había alertado también estos años, o sembrado la duda, sobre posibles fraccionamientos del bipartito PSOE y Compromís. Ahora, en cualquier caso, toma la palabra Antifraude con la gestión de PP y Vox. Ya pidió actuaciones en 2022 pero no se hizo nada.
