El edificio del antiguo Hotel Palas.ALICANTE. Otra herencia recibida, aunque inconclusa, a la que el actual equipo de Gobierno del PP sólo ha tenido que dar el último empujón. Se trata del proceso de subasta aprobado en Junta de Gobierno la semana pasada para vender una parcela de propiedad municipal situada en el distrito de Playa de San Juan con la obligación legal de destinarse a la construcción de vivienda de protección oficial (VPO), al tratarse de suelo adscrito al Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). Estas son las claves administrativas y políticas de un proceso impulsado por el propio PSOE desde principios de 2016, durante la etapa de gobierno del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), que ahora parece suscitar todo tipo de interrogantes sobre la oportunidad del momento escogido para su convocatoria.
La venta pública parte con un precio fijo de 6,6 millones (5,5 más IVA) sin posibilidad de que se admitan propuestas económicas al alza (lo que, a priori, repercutiría en mayor interés del propio Ayuntamiento), al tratarse del importe límite previsto por ley, tras aplicar la regulación autonómica y nacional que rige sobre la materia. Así figura, de hecho, en el informe de valoración económica sobre la parcela (de más de 8.000 metros cuadrados) emitido por el Departamento de Gestión Urbanística cuando se inició el expediente, en febrero de 2016. De ahí que el criterio para decantar la adjudicación entre las ofertas que opten a su compra sea el del registro de la propuesta constructiva con los mejores servicios y condiciones urbanísticas, como explicó el actual concejal de Hacienda y Patrimonio, Carlos Castillo, tras una confusión inicial.
Entre las condiciones previstas en el pliego, figura la construcción de un máximo de 133 plazas de estacionamiento (10 puntos); la inclusión de un club social para la urbanización (hasta 10 puntos); el diseño de una piscina con una lámina de agua de 500 metros cuadrados (10 puntos); la incorporación de 1.200 metros cuadrados de instalaciones deportivas (10 puntos); o la dotación de puntos de recarga eléctrica y de plazas para el estacionamiento de bicicletas. Todo, al margen de la bonificación por la reducción de plazos de construcción respecto al tiempo máximo de 18 meses previsto para el conjunto de las 150 viviendas que debe comprender la futura promoción.
A grandes rasgos, esos criterios de valoración figuran en el expediente sobre el proceso desde que la Concejalía de Patrimonio lo puso en marcha, durante la etapa en la que las competencias recaían en la edil socialista Sofía Morales. La regidora (que renunció a su acta de concejal en junio para regresar a la docencia) ordenó la apertura del expediente, a través de una providencia dictada el 30 de mayo de 2016, después de que se emitiesen los primeros informes previos (como el de valoración del su calculada en base a la fórmula prevista por ley). El objetivo inicial que se pretendía conseguir con la operación de venta, del que se da cuenta en la propia memoria del departamento de Hacienda, era el de generar ingresos con los que reponer "parte del efectivo destinado a indemnizar a la mercantil Hansa Urbana en ejecución de la sentencia dictada el Tribunal Supremo el 26 de abril de 2010" por la que el Ayuntamiento tuvo que abonar una indemnización de 18,1 millones. Ese pago, según esa memoria, mermó la capacidad municipal de acometer inversiones por lo que se consideró necesario recuperar parte de esa suma gastada de manera forzosa.
Hasta poco antes de esa fecha, según fuentes municipales, PSOE, Guanyar y Compromís habían barajado la posibilidad de continuar con la operación de permuta concertada por el exalcalde del PP, Miguel Valor, en 2015, por la que planteaba la entrega de dicho solar municipal al Obispado a cambio del inmueble del antiguo Asilo de Benalúa. El propio portavoz de Guanyar y exedil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, señaló a Alicante Plaza cuando trascendió la convocatoria de la venta pública que, para entonces, el tripartito tuvo que aprobar un acuerdo formal por el que desistía de ese convenio firmado por Valor para volver a abordarlo con otras condiciones de contenido social: que las viviendas que se construyesen en esa parcela, situada en la avenida Historiador Vicente Ramos, se destinasen a VPO y que se reservase algún porcentaje al alquiler social, por ejemplo. Este lunes, Pavón añadió que por aquel entonces él no tuvo conocimiento de que se hubiese activado el proceso de subasta con otro fin distinto al de la permuta con el Obispado.
Sea como fuere, la subasta no prosperó por las dudas y las diferencias de criterio político que se suscitaron en las filas del propio PSOE entre los partidarios de rentabilizar esa parcela, entre los que se encontraba la propia Morales, y los que rechazaban su venta, principalmente el propio alcalde, Gabriel Echávarri. Según las fuenets consultadas, el ya exprimer edil siempre alegó cuando se abordaba la posible venta de la parcela que la operación desposeía al Ayuntamiento de parte de su patrimonio sin que existiese una perentoria necesidad de liquidez. Así, Echávarri no dio su visto bueno a la subasta pese a los argumentos que se barajaron a favor: que el Ayuntamiento disponía de una amplia bolsa de suelo municipal y que, además, se contaba con las cinco parcelas adquiridas forzosamente en el litigio entablado con Hansa Urbana, de modo que no existía tal despatrimonialización.
Después de que el expediente con los informes de valoración se remitiese al Servicio de Contratación el 7 de julio de 2016, se giró una nueva instrucción desde la Concejalía de Patrimonio, fechada el 31 de enero de 2017, en la que se informaba de que no se iba a proseguir con la convocatoria pública de venta. La subasta de la parcela quedaba paralizada. Pero el asunto no quedó ahí: Contratación recibió una nueva comunicación de Patrimonio el 13 de diciembre de 2017 (ya con el PSOE en solitario al frente del Ayuntamiento, tras el abandono de Guanyar y Compromís) en la que se pedía que se continuase con los trámites de la venta. Pero, como refleja el propio expediente, hubo una orden en sentido contrario que exponía negro sobre blanco las diferencias cada vez más acusadas que existían entre Echávarri y su edil de Hacienda. En concreto, el histórico del expediente refleja literalmente que la venta "vuelve a paralizarse a finales de 2017 por decisión verbal de la Alcaldía".
Y el recorrido de la disputa no acaba ahí. Según el propio expediente, todavía se produjo una última providencia "de la Concejalía de Patrimonio de 3 de abril de 2018, reflotando el expediente y requiriendo a este servicio para que lo revise y actualice". Esa última providencia se emitió seis días antes de que Echávarri registrase su dimisión y renuncia al acta de concejal, después de que trascendiese su segundo procesamiento por el despido supuestamente irregular de una trabajadora interina municipal, familiar del actual alcalde, Luis Barcala (PP).
A su llegada el poder, diez días después del registro de esa dimisión, los populares se encontraron el expediente prácticamente puesto al día y sólo tuvieron que completar su última parte del recorrido. El propio PP ha justificado su puesta en marcha en la conveniencia de poner en el mercado un bien patrimonial que permanecía sin uso en un momento en el que se ha reactivado el mercado inmobiliario. Además, se ha puesto el énfasis en la oportunidad de apostar por la VPO también en una zona en la que no es nada habitual como la Playa de San Juan, sin llegar a mencionar que el Patronato Municipal de Vivienda disponía de un proyecto propio -impulsado precisamente bajo los anteriores mandatos del PP- para promover VPO de manera directa justo en esa misma parcela. Además, se ha destacado que se trata de la primera operación de venta de suelo para la promoción de vivienda pública que se pone en marcha desde hace 25 años, sin precisar que, en realidad, se trata de un proceso que, con todas las diferencias expresadas, venía de atrás, de la época socialista.
¿Qué uso se pretende dar a los 6,6 millones (en realidad, 5,5 netos) que pueda obtenerse de la venta de esa parcela? Hasta el momento no ha trascendido. Los populares y el propio edil de Hacienda sólo han apuntado al respecto que el Ayuntamiento siempre está necesitado de liquidez, aunque también han señalado que esos recursos obtenidos de la venta de un bien que forma parte del Patrimonio Municipal de Suelo (obtenido como cesión obligatoria al Ayuntamiento del 10% de los aprovechamientos urbanísticos, cuando se aprobó el Plan Parcial 6 de Playa de San Juan) deben destinarse a los fines tasados y previstos por ley, como la ampliación de ese patrimonio (compra de más suelo público, por ejemplo), la promoción de VPO u otros fines sociales.
¿Qué fin preveía dar el PSOE a esos ingresos en el caso de haber completado el proceso? Las fuentes municipales consultadas precisaron que entre las propuestas que se barajaron entonces figuraba principalmente la posible compra del edificio del antiguo hotel Palas, adquirido y rehabilitado por la Cámara de Comercio para convertirlo en su sede institucional, ahora arrendado por el Ayuntamiento de Alicante desde 2014 para poder satisfacer su necesidad de espacios en los que instalar concejalías y servicios de atención al público.
