ALICANTE. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (PROVIA) ha elegido este martes en asamblea al que será su nuevo presidente durante, al menos, los próximos 4 años. Pedro Javier Soliveres ha sido el elegido en sustitución de Antonio Fernandez, quién ha ejercido el cargo durante los últimos ocho años.
Pedro Javier Soliveres, que ha ostentado el cargo de vicepresidente 1º durante la última legislatura, estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Valencia y desde 1987 ha desarrollado su trayectoria profesional en Grupo VAPF. Se trata de una empresa familiar con sede en el municipio de Benissa con más de 50 años de historia, centrada en el sector de la construcción y promoción de viviendas, principalmente en la zona norte de la Costa Blanca.
Además de su nombramiento, durante la Asamblea General celebrada hoy se han modificado distintos cargos de la junta directiva de PROVIA. El nuevo presidente contará con Pablo Serna Lorente y Asunción Soro Bonmatí, como vicepresidente 1º y 2ª, respectivamente. José J. Montes Gosálbez asume el cargo de tesorero de la asociación y como vocales se ha nombrado a: Juan Alcaraz Alcaraz, Manuel Pertusa Cases, Javier Fur Quesada, Teresa Puchades Olmos, David Martínez Montero, Luis Sirvent Sirvent, Ovidio Pérez Alonso, Jordi Berenguer Botella, Jose Maria Comín Rodríguez, Jerónimo Antón García y Mª José Rocamora Cañizares. El secretario general seguirá siendo Jesualdo Ros.
El nuevo presidente de Provia ha explicado tras su nombramiento que entre sus objetivos para los próximos años destaca “conseguir que nuestro sector alcance el respeto y la consideración que merece, en base a la aportación que realizamos a la sociedad”. Además, otro de sus retos será impulsar el reconocimiento del turismo residencial como generador de empleo y riqueza y también facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes. Pedro Javier Soliveres ha agradecido la labor desarrollada por la anterior junta directiva y a afirmado que trabajará para para reducir los plazos y la burocracia en el sector, y garantizar la seguridad jurídica de las empresas asociadas.
