VALÈNCIA. Un año ha transcrurrido desde que el Consell afirmó que estaba ultimando el nuevo plan eólico que debía poner fin a más de veinticinco años de bloqueo administrativo. La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo (que en aquel entonces todavía tenía competencias en materia de Energía) aseguró que se estaban cerrando flecos y afinando asuntos jurídicos. Sin embargo, el sector valenciano de las renovables se pregunta qué flecos serán esos que tanto están demorando el desbloqueo de la energía eólica en la Comunitat Valenciana. Esta tecnología todavía sigue lastrada por el modelo diseñado por el gobierno de Eduardo Zaplana en 2001, que además conllevó la condena del expresident en el caso Erial por el pago de comisiones a empresas a cambio de adjudicar licitaciones. De aquel mapa eólico y aquellas adjudicaciones, tan solo se ha desarrollado el 50%.
A pesar de que el sector valenciano de las renovables se reúne una vez al mes en una mesa de trabajo con la Administración autonómica, lo cierto es que el desarrollo de la energía eólica específicamente sólo se ha aborado en seis ocasiones, según indican a este periódico. Sobre el avance de ese nuevo modelo, aseguran, saben más bien poco o nada. "Nos dicen que llega pronto", aseguran desde la asociación Avaesen. Esta falta de avance amenaza ahora con enquistarse en un momento donde el Consell de Pérez Llorca también se encuentra en el tiempo de descuento antes de las elecciones autónomicas el próximo mes de mayo. La inquietud del entorno empresarial ahora es que lo que no se ha conseguido cerrar en los dos años y medio de legislatura no se consiga lograr en los próximos ocho meses.
Esta situación de atasco en el desarrollo de la energía eólica ha sido un factor negativo para el crecimiento de las energías renovables, que además ahora se encuentran en un momento de transición hacia un modelo donde el almacenamiento es fundamental para salvar las cuentas de numerosas plantas fotovoltaicas ante los precios de la electricidad a cero y en negativo. "El último desarrollo eólico fue en 2010 en la Comunitat Valenciana. En un momento donde la velocidad a la que van las cosas nos da vértigo nos encontramos con el potencial eólico paralizado. ¿Por qué hay eólica al otro lado del Maestrazgo y aquí, no?", se pregunta Carlos Mínguez, abogado socio de Andersen en el departamento de Derecho Público y Regulatorio, Codirector de la oficina de Valencia y Codirector del área de Energía y Recursos Naturales.
Por su parte, desde la Generalitat aseguran a este periódico que "se trabaja en las bases" para renovar en plan eólico de la Comunitat Valenciana, ya que el objetivo es avanzar en la estrategia europea de descarbonización. "En este sentido, la generación eólica tiene un papel fundamental ya que constituye un producción de más del 10% y se quiere trabajar para que se aumente", indican. En paralelo, según indican desde la Conselleria de Medio Ambiente, "se está haciendo una fuerte apuesta" por la fotovoltaica y por la hibridación, una cuestión "más demandada por el sector" y por la que "se están aprobando mecanismos para facilitar su implantación" en la Comunitat Valenciana.
- Archivo - Energía eólica -
Por contra, diversas fuentes del entorno renovable aseguran a ValenciaPlaza que la maraña jurídica en el desarrollo de energía eólica es la que está frenando el interés de inversores en esta tecnología. El principal problema del Plan Eólico vigente es la zonificación en la que se distribuyen los permisos para la instalación de aerogeneradores, lo que también conllevó problemas jurídicos con los promotores que desarrollaron o trataron de desarrollar algunos parques. A esto se suma la condena judicial por los procesos de adjudicación en el caso Erial.
Los seis frentes del Plan Eólico
Las costuras legales del modelo del Plan Eólico (desde su diseño técnico hasta sus adjudicaciones) se han manifestado en seis ejes principalmente durante las últimas dos décadas. Estas son las que más controversia han generado.
1. La fragmentación de parques
Uno de los puntos más sensibles del plan fue la división de grandes instalaciones en subconjuntos inferiores a 50 MW. Sobre el papel, se trataba de ordenar territorialmente la potencia; en la práctica, los tribunales dedujeron que esa estrategia permitía mantener la autorización en manos de la Generalitat y sortear la competencia estatal. Varias resoluciones del TSJ valenciano señalaron que algunos de esos subconjuntos constituían, en realidad, un único parque, anulando autorizaciones clave y sembrando dudas sobre la arquitectura jurídica del plan.
2. Los conflictos de interés en los estudios ambientales
La credibilidad institucional también se vio afectada por las denuncias de conflicto de intereses en el proceso de adjudicación de estudios ambientales. El caso más sonado señaló al entonces director general de Energía por contratar a una empresa vinculada a un familiar directo. Aunque la investigación penal no derivó en condenas, el episodio alimentó la percepción de opacidad y añadió presión sobre un plan ya cuestionado por su diseño administrativo.
3. Choque con la normativa ambiental europea
La estructura original del plan tampoco encajó con las exigencias comunitarias. Varias ONG ecologistas elevaron denuncias a Bruselas alertando de posibles vulneraciones de la Directiva de Hábitats, la de Aves y la normativa europea de Evaluación de Impacto Ambiental. Los proyectos previstos en áreas protegidas (LIC, ZEPA o entornos de especial relevancia ecológica) colocaron al plan bajo el escrutinio europeo y activaron advertencias sobre la insuficiente integración del principio de precaución.
4. Evaluaciones ambientales cuestionadas
El procedimiento de evaluación ambiental fue otro de los puntos negros del plan. La utilización de "declaraciones complementarias" para modificar proyectos sin una nueva evaluación completa y la aprobación de algunas tramitaciones fuera de plazo abonaron la idea de que la administración actuó con una laxitud incompatible con la magnitud del despliegue previsto. El TSJ valenciano acabó por tumbar parte de esas actuaciones, reforzando la tesis de que el proceso nació con carencias estructurales.
5. Impactos sobre territorio y patrimonio
Más allá del plano jurídico, la oposición local encontró en la protección del territorio un argumento sólido. Colectivos y ayuntamientos afectados documentaron afecciones a zonas forestales, corredores faunísticos, elementos de piedra en seco y enclaves arqueológicos. Aunque muchas de estas denuncias no llegaron a los tribunales, sí alimentaron recursos, alegaciones y paralizaciones que complicaron aún más la ejecución del plan.
6. Caducidades y revocaciones que reabren el debate
Más de veinte años después, las consecuencias siguen aflorando. La Generalitat ha declarado en los últimos meses la caducidad de documentos ambientales de varios proyectos por irregularidades detectadas en la tramitación original. Estas decisiones no solo frenan parques previstos, sino que reabren el debate sobre la vigencia del modelo y refuerzan la necesidad (asumida ya por el Consell) de elaborar un nuevo marco regulatorio que cierre la etapa de incertidumbre jurídica y reubique la planificación eólica en parámetros actuales.
