ALICANTE. La asociación de vecinos del barrio del Pla de Alicante vuelve a posicionarse respecto a los planes de ampliación del número de plazas sujetas al sistema de estacionamiento regulado, la conocida como contrata de la ORA o de la zona azul. Lo hace instando al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a convocar una consulta popular con el fin de pulsar la opinión de la ciudadanía antes de promover la adaptación del servicio con la renovación del contrato actual. Así lo exponen portavoces del colectivo a través de un comunicado en el que dan cuenta de la intervención que tenían preparada para participar en el pleno extraordinario celebrado el pasado viernes, en la que se registró una pregunta formulada por el grupo municipal del PSOE respecto a la revisión del pliego de condiciones del nuevo concurso anunciada por el equipo de gobierno, después de que se haya desbloqueado su tramitación.
En concreto, en el texto de esa intervención -que, al parecer, no fue autorizada por defectos formales- se apunta que la exalcaldesa Sonia Castedo, del PP, se comprometió, en una intervención plenaria registrada el 29 de junio de 2012, a no implantar la ORA en ninguna zona de la ciudad "sin el consentimiento de vecinos y comerciantes". En esta línea, el colectivo de residentes apunta que el actual alcalde, Luis Barcala, ya ejercía como concejal en ese momento, por lo que conmina al ejecutivo actual a cumplir con ese compromiso.
"Señor alcalde, catorce años después, una vez vencido el contrato de la zona azul, es decir, extinguida la obligación de que las alicantinas y alicantinos tengamos que pagar a una empresa privada por aparcar en nuestras calles, usted, señor Barcala, ustedes señoras y señores concejales del Partido Popular, quieren volver a condenarnos a pagar, en este caso por diecinueve años, y sin haber preguntado ni consultado a la ciudadanía alicantina", apunta el escrito de esa intervención, en alusión a los plazos previstos para la implantación del servicio, a través de esa nueva licitación.
"Como usted bien sabe, señor Barcala, la participación ciudadana es un derecho constitucional recogido en la Constitución Española, norma que usted ha jurado o prometido guardar y hacer guardar. Señor alcalde, incluso el actual Reglamento de Participación Ciudadana, cuya renovación y actualización se va a tratar en otro punto del pleno [a colación de otra iniciativa registrada por Esquerra Unida Podem para que se diese trámite a esa actualización], le proporciona a usted la herramienta para que la ciudadanía alicantina pueda ejercer su derecho a la participación ciudadana respecto de la zona azul: la consulta popular".
Así, argumentan que "los derechos no se ruegan, se exigen, por tanto y ante el derecho que otorga la constitución a la ciudadanía, como ciudadanas y ciudadanos, le exigimos que convoque una consulta popular sobre la posible implantación de la ORA tal y como usted esta planteando realizarla, y se abstenga de continuar con ningún tipo de procedimiento para su contratación ni implantación, sin antes conocer el resultado de dicha consulta popular", concluyen.
¿Cuáles son los planes del equipo de gobierno respecto a ese servicio? En principio, como viene informando este diario, la actual licitación en curso contempla la generación de 3.077 plazas nuevas reguladas distribuidas en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes. Eso sí, se apuesta por ampliar el ámbito de la zona naranja que pasará a ser completamente gratuita para los residentes. De hecho, hasta 2.542 de las 3.077 nuevas plazas sujetas a regulación quedarán delimitadas como zona naranja. Además, también se añaden otras novedades como el fin de la exención de pago en la franja horaria comprendida entre las 14:00 y las 16:00 horas, la introducción de bonificaciones para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida y la incorporación de pago por parte de propietarios de motocicletas.
Por último, el nuevo concurso también comprende la construcción de un nuevo depósito de vehículos único que sustituirá a las instalaciones actuales distribuidas en Babel y en la partida de El Bacarot y que quedará emplazado sobre una parcela municipal del barrio de Rabasa, junto al emplazamiento en el que se prevé construir la nueva Comandancia de la Guardia Civil. La construcción de ese nuevo depósito correrá a cargo de la concesionaria del servicio, que asumirá su explotación por un periodo de 19 años y un presupuesto estimado de 143 millones.
Con todo, el desenlace de ese concurso se encuentra ahora paralizado, a la espera de que el equipo de gobierno concluya la revisión de los cálculos apuntados respecto al estudio de costes que garantizan su viabilidad, según concretó el edil de Movilidad, Carlos de Juan, el pasado viernes, en respuesta a la pregunta formulada respecto a esa revisión por parte del grupo municipal del PSOE. De este modo, el proceso permanece en suspenso, cuando solo se habría registrado una única propuesta para optar a la nueva explotación: la presentada por la alianza formada por Pavapark y Vectalia. Es decir, la misma unión empresarial que gestiona el servicio en la actualidad, ahora ya a través de una prórroga extraordinaria, una vez agotadas las prórrogas previstas en el concurso precedente.
