ALICANTE. La (hasta ahora) última ronda de declaraciones en la causa sobre las supuestas anomalías registradas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus se salda con el refuerzo del papel decisivo de Fraorgi en el impulso de esa promoción objeto de controversia. Cuando menos, así lo han sostenido este lunes los tres miembros del consejo rector de la cooperativa Residencial Les Naus al ofrecer testimonio ante la jueza instructora bajo la condición de investigados. Los tres han derivado la práctica totalidad de los acuerdos sobre el polémico residencial a Fraorgi: la entidad gestora con la que se concertó la gestión y comercialización de los pisos. Todo, sin llegar a referirse a los dos contratos suscritos con esa entidad por los que se establecía una contraprestación de 4,4 millones en relación al encargo de esas dos tareas.
De hecho, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado la declaración de los tres con la intención de que ofreciesen explicaciones respecto a esos pagos. No obstante, los tres comparecientes se han limitado a responder a las preguntas formuladas por sus respectivos abogados (al margen de alguna aclaración solicitada por la propia jueza instructora), tras acogerse a su derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía ni del resto de las acusaciones.
Su declaración ha transcurrido en poco más de 45 minutos. El primero en comparecer ha sido el presidente de la cooperativa, quien ha dicho que conocía al administrador único de Fraorgi, Francisco Ordiñana (también investigado en la causa) porque había mantenido una relación profesional previa con él y que fue él mismo quien le llamó para que ejerciese como presidente de la cooperativa. Así, ha sostenido que entró en la cooperativa en julio de 2018 y que su responsabilidad era la de velar por la aprobación de los acuerdos propuestos por la gestora en la asamblea. En este sentido, ha manifestado que la gestión y comercialización eran solo de Fraorgi, de modo que se planteaban los acuerdos y la asamblea los ratificaba.
Además, ha sostenido que se enteró a través de los medios de comunicación sobre el desarrollo de la promoción y de su emplazamiento y ha explicado que los requisitos planteados por el ayuntamiento en las bases del concurso para optar a la compra del solar del distrito de Playa de San Juan eran muy sencillos, por lo que ha justificado la rapidez en el registro de la oferta. Después, ha sostenido que pagó el precio de su vivienda (un ático en el que reside en la actualidad) y que no tuvo ninguna ventaja de nadie para adquirirla y ha dicho que no tuvo ningún contacto con ningún concejal ni con ningún cargo público del ayuntamiento.
En segundo término, la vicepresidenta de la cooperativa ha explicado que nunca había trabajado para Fraorgi y que no tenía ninguna relación previa con Ordiñana. Además, ha declarado que se inscribió en la cooperativa en julio de 2018 y que Ordiñana le llamó para ofrecerle que se convirtiese en vicepresidenta. Como el presidente, ha asegurado que las decisiones las planteaba Fraorgi. Y también ha sostenido que adquirió su vivienda (también un ático) con el mismo precio y condiciones que el resto de cooperativistas, sin mantener tampoco ningún tipo de contacto ni de relación con ediles, y que ella no ofreció ninguna ventaja a ninguna persona ligada al ayuntamiento, ya fuese concejales o funcionarios.
- La secretaria, la vicepresidenta y el presidente de la cooperativa, en los juzgados de Benalúa. -
- Foto: EP
Por último, la secretaria de la cooperativa ha explicado que accedió a la cooperativa en 2018 y que asumió el puesto de secretaria porque eran pocos integrantes en ese momento, sin llegar a apuntar si alguien le había ofrecido ese puesto. Como sus predecesores en la comparecencia, ha dicho que no realizó ninguna labor de mediación con el ayuntamiento y que era Fraorgi quien se encargaba de todo.
Contratos por gestionar y vender
De este modo, su testimonio no ha permitido arrojar luz sobre la motivación de los contratos concertados entre la cooperativa Residencial Les Naus y Fraorgi por ese importe global de 4,4 millones, como pretendía Anticorrupción. Hasta ahora, representantes de Fraorgi habían sostenido que el importe de esos contratos equivalía al 14% de los costes de la promoción y que estaba justificado en las coberturas y prestaciones que asumía esa entidad gestora en descargo del conjunto de los cooperativistas. En esta línea, las mismas fuentes han venido manifestando que, a través de esos contratos de gestión y comercialización era Fraorgi quien asumía riesgos como un posible encarecimiento de costes derivados del proceso de construcción, de forma que los compradores de los pisos no asumían pagos adicionales respecto al precio de compra convenido. Además, habían explicado que también fue Fraorgi quien avaló el préstamo al promotor suscrito para obtener la financiación necesaria para contratar la realización de las obras, sin que los cooperativistas quedasen expuestos al riesgo de impago en su devolución.
¿En qué situación queda ahora la instrucción? Está por ver si alguna de las partes llega a solicitar la práctica de pruebas adicionales, después de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante aportasen la última información solicitada por la jueza instructora, tamgbién a instancias de Anticorrupción. Por el momento, todo podría quedar supeditado a la entrega del informe solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional sobre la capacidad económica de los 140 compradores de los pisos de la promoción con el fin de evaluar si cumplían los requisitos de nivel de renta establecidos en el decreto regulador autonómico para acceder a una vivienda de VPP. Se trata de un informe solicitado el pasado mes de febrero que la jueza apremió a la Udef a entregar en cuanto fuese posible, a través de una última providencia girada hace dos semanas.
