ALICANTE. Ya hay respuesta. Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alicante registraron justo este viernes la contestación por escrito a la última solicitud de información requerida por la jueza que investiga las supuestas anomalías detectadas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus. Su recepción en el juzgado se habría recibido justo el mismo día en el que había trascendido un nuevo requerimiento en el que se concedía un plazo inexcusable de cinco días para que se facilitase, toda vez que no se había atendido la primera petición, cursada el pasado 7 de octubre.
Con todo, esa respuesta facilitada ahora no arroja, en realidad, datos adicionales de relevancia que puedan contribuir a avanzar en las averiguaciones, si de lo que se trataba era de desentrañar si alguien pudo tener acceso a información reservada sobre el pliego de condiciones de la subasta del solar en el que se construyeron las viviendas antes de que se hiciese público por los cauces oficiales (su difusión en la Plataforma de Contratación Pública).
Tampoco permite precisar si se dio difusión a esas bases del concurso por algún otro cauce entre el momento en el que se aprobó su convocatoria en Junta de Gobierno, el 10 de julio de 2018, y la fecha en la que se abrió oficialmente su la convocatoria mediante la publicación en esa Plataforma de Contratación Pública, el 5 de septiembre de ese mismo año. En realidad, esa respuesta municipal solo indica que no se dispone de otros informes diferentes a los ya aportados en el juzgado respecto a la existencia de otras posibles tasaciones sobre el valor de la parcela municipal a subastar, o sobre las peticiones de paralización del concurso ante la existencia de posibles discrepancias sobre esas tasaciones: otro de los extremos objeto de la investigación.
En concreto, la nueva documentación remitida al juzgado -fechada este jueves, 29 de octubre, y recibida este viernes- se compone de tres informes distintos: uno elaborado por el Servicio de Innovación, Informática y Agenda Digital; otro por el Servicio de Gestión Patrimonial, y otro por el Servicio de Contratación. Así lo detalla el jefe del departamento de Servicios Jurídicos en el escrito en el que desglosa el detalle de los tres documentos.
Por partes. El primero de esos informes, elaborado por Informática con fecha de 19 de octubre, viene a certificar que resulta técnicamente imposible "proporcionar las comunicaciones mantenidas en correos corporativos" entre personal de las áreas de Gestión Patrimonial y de Contratación," ni con otros posibles destinatarios internos o externos", sobre la tramitación de los expedientes relacionados con la subasta de la parcela en la medida en que el Ayuntamiento no conserva correos de esa etapa por su antigüedad, de hasta 8 años, según se concreta.
En este sentido, el dictamen apunta que "el periodo de retención de las copias de seguridad establecido en las normas de seguridad del Ayuntamiento de Alicante vigentes es de 1 año" y que, aun así, desde 2024 "se han establecido mayores periodos de retención para las nuevas copias de seguridad que se han ido generando", con "retención de 5 años para las copias mensuales y de 1 año para las copias diarias". De este modo, se colige que no estarían disponibles las comunicaciones registradas entre 2016 y 2018: el periodo en el que se elaboró el pliego de condiciones del concurso. Y, por tanto, tampoco las comunicaciones que pudieron cruzarse en el periodo concreto comprendido entre julio y septiembre de 2018.
El segundo de los informes, elaborado por Gestión Patrimonial con fecha de 20 de octubre, recoge las conclusiones del informe de Informática respecto a la imposibilidad de recuperar esas comunicaciones. Y, además, añade otros dos aspectos. Primero, que ese servicio no dispone de información adicional respecto a que se realizase un posible anuncio de la convocatoria del concurso anterior y diferente a su publicación en la Plataforma de Contratación, a través del sistema PLYCA. Es decir, que no se facilitó, por parte de ese departamento, ninguna difusión relacionada con la convocatoria del concurso salvo la que se procuró por esa vía oficial.
Ninguna difusión del concurso
En todo caso, apunta que "ante la demanda de información de un posible anuncio de la licitación realizado fuera de la plataforma PLYCA, que se debe solicitar esa información al Gabinete de Prensa y, en su caso, si los empleados municipales ya no son los mismos, solicitar los correos electrónicos de aquellos que se ocuparan de la publicidad en aquellas fechas o de la noticias publicadas por el Ayuntamiento, ya que en este servicio, no tenemos constancia de ningún anuncio de la licitación, que no fuera realizado en el PLYCA". Por lo pronto, lo cierto es que la información sobre la convocatoria del concurso sí se hizo pública tras el acuerdo de su aprobación en Junta de Gobierno, como suele suceder con las decisiones relevanes que se adoptan en ese órgano de representación política en el que se adoptan la mayoría de las decisiones relacionadas con la gestión municipal. De hecho, así lo recogió este diario en ese momento (como se puede comprobar en este enlace).
En segundo término, ese informe de Gestión Patrimonial apunta que tampoco dispone de documentos adicionales relacionados con las propuestas de suspensión y de reactivación del concurso, o con informes de valoración sobre el suelo, al margen de los ya aportados al juzgado. En concreto, el servicio municipal detalla que ya se proporcionó copia del "Oficio del Concejal de Patrimonio a Contratación solicitando la suspensión de la tramitación" con fecha de 17 de julio de 2018; la "Propuesta de acuerdo suspensión del procedimiento", con fecha de 2 de agosto de 2018; el "Oficio del Concejal de Patrimonio a Contratación de remisión de informe de valoración", con fecha de 9 de agosto de 2018"; el "Informe de valoración parcela" y el "Informe del Técnico Experto de Patrimonio", con fecha de 11 de septiembre de 2018. Así, que, según ese informe, no podría contribuir al esclarecimiento de los hechos con la entrega de nueva documentación.
Y, por último, el tercer informe, elaborado por Contratación con fecha de 22 de octubre, coincide con el planteamiento de Gestión Patrimonial de forma mucho más sucinta. En esta línea, subraya que no se dispone de información relacionada con la subasta del solar distinta a la ya remitida al juzgado el 24 de febrero de este año y rechaza que se hubiese promovido ninguna otra actuación destinada a dar publicidad a la convocatoria del concurso al margen de su difusión en la Plataforma de Contratación Pública. "En cuanto a la posible existencia de otras actuaciones de publicidad del citado acuerdo, al margen de la publicación del anuncio en PLACE, no consta en este Servicio que se haya efectuado ninguna otra actuación de publicidad", concluye ese informe.
En principio, esa respuesta municipal zanjaría el requerimiento formulado por la jueza responsable de las diligencias, tras admitir la práctica de la prueba solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en ese sentido. Está por ver si la contestación puede motivar que se demanden más aclaraciones o que se promueva la petición de otro tipo de información relacionada con el procedimiento.
En todo caso, todavía seguiría sin disponerse del informe también solicitado por la Fiscalía Anticorrupción a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) para que se analizase la capacidad económica de cada uno de los 140 socios cooperativistas que compraron los pisos de Les Naus para concretar si cumplían los requisitos establecidos en el decreto autonómico por el que se regulan los límites de renta para acceder a una VPP. Se trata de un informe que se solicitó en febrero y que todavía no se habría aportado.
