ALICANTE. Nueva vuelta de tuerca en la investigación. La jueza que instruye las diligencias sobre las presuntas anomalías detectadas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar subastado por el Ayuntamiento de Alicante en un proceso que se alargó entre 2018 y 2022 vuelve a apremiar a la administración local para que facilite la información que se le había solicitado el pasado 8 de octubre. Así consta en una nueva providencia en la que confiere a los servicios jurídicos municipales un último plazo "inexcusable" de cinco días procurar esa información bajo apercibimiento de que se pueda incurrir en responsabilidades "a que hubiere lugar en derecho", como las derivadas de un posible delito de desobediencia a la autoridad o de obstrucción a la justicia.
En concreto, la información reclamada alude a los posibles acuerdos que pudieron adoptarse para dar publicidad a la promoción objeto de controversia, o con los informes que pudiesen haberse encargado para precisar el valor económico de la parcela municipal subastada, como se concretaba en la providencia previa dictada el citado 8 de octubre. Se trataba de una petición con la que se atendía la práctica de la última prueba solicitada por la Fiscalía Anticorrupción hasta ahora, junto a la citación de tres miembros de la junta rectora de la Residencial Les Naus para que prestasen declaración en calidad de investigados por la supuesta comisión de los delitos que se analizan en la causa: prevaricación administrativa, información privilegiada, tráfico de influencias, fraude, y/o negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Esa comparecencia está señalada ahora para el 9 de noviembre, después de que se acordase un primer aplazamiento.
En detalle, la información requerida al ayuntamiento debía precisar qué actuaciones se llevaron a cabo en el proceso de enajenación de la parcela de propiedad municipal desde que la Junta de Gobierno aprobó su valoración, el 10 de julio de 2018, hasta la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 5 de septiembre del mismo año con el fin de determinar si se pudo dar publicidad a ese concurso antes de darle inicio de forma oficial. Además, la providencia dictada el pasado 8 de octubre también emplazaba a los servicios jurídicos municipales a entregar toda la documentación y comunicaciones relativas a las "dudas surgidas sobre el precio de la parcela", así como sobre la "decisión de suspender cualquier actuación de impulso de dicho expediente" de venta del solar o el "alzamiento de la suspensión" de ese procedimiento de subasta.
Al tiempo, en esta nueva providencia notificada este jueves, la jueza insta igualmente al grupo investigador de blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional a hacer entrega del informe encomendado el pasado 23 de febrero en el que debía analizar las condiciones económicas de cada uno de los 140 compradores de los pisos de la urbanización, situada en el distrito de Playa de San Juan, con el fin de evaluar si cumplían los requisitos establecidos en el decreto autonómico regulador de las condiciones de acceso a una VPP. Es decir, disponer de ingresos no superiores a 6,5 veces el IPREM en 14 pagas entre el conjunto de miembros de la misma unidad de convivencia, lo que equivaldría a 54.000 euros (con posibilidad de aumento en determinados supuestos como el cuidado de menores o de mayores de 65 años, por ejemplo).
La elaboración de ese informe también fue propuesto por la Fiscalía Anticorrupción en el momento en el que decidió presentar su propia denuncia para que se investigasen los hechos, después de que recibir los escritos de denuncia previos presentados por la plataforma Sumar, por el grupo municipal del PSOE y por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, al margen de la denuncia registrada directamente en los juzgados por la organización Manos Limpias.
Las diligencias de investigación se sigue en la actualidad frente a 18 investigados, tras incorporar a los tres miembros de la junta rectora de la cooperativa. Entre esos 18 investigados, figuran la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general de Organización Interna (que ha regresado a su plaza como jefa de Contratación), María Pérez-Hickman; los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret; el administrador único de Fraorgi (la entidad gestora de la cooperativa), Francisco Ordiñana; así como el técnico de la conselleria de Vivienda que visó la totalidad de los 140 contratos de compra, Roberto Palencia, además de algunos de los adquirientes de esos pisos.
En el caso de los tres miembros de la comisión rectora de la cooperativa, la Fiscalía Anticorrupción considera necesaria su comparecencia para que puedan aportar explicaciones respecto a los dos contratos suscritos con la sociedad gestora Fraorgi y con la empresa Iuvenale Somnia SL (que comparten como administrador único al también investigado Francisco Ordiñana) en los que se concierta el pago de 3.430.000 euros (más IVA) y de 1.125.000 euros (más IVA), respectivamente, por la gestión de los trámites administrativos relacionados con el proyecto constructivo y por la comercialización de los pisos.
