ALICANTE. La próxima ronda de declaraciones en la causa sobre las presuntas anomalías registradas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 queda retrasada hasta el 9 de noviembre.
La titular del juzgado que instruye las diligencias ha dictado una nueva providencia en la que confirma el aplazamiento de las comparecencias de tres representantes de la junta rectora de la cooperativa que debían prestar testimonio en calidad de investigados el próximo miércoles, 21 de octubre, al constatar que esa nueva prueba no podía desarrollarse en el salón de actos del edificio judicial de Pardo Gimeno -donde vienen practicándose las declaraciones hasta ahora- puesto que ese espacio está reservado en esa fecha para la celebración de un juicio con varios acusados.
De este modo, los tres representantes de Residencial Les Naus -que también adquirieron viviendas (tres áticos) en la urbanización- quedan citados ahora en esa nueva fecha del 9 de noviembre. Se trata del presidente, Luis Alberto Melero; de la vicepresidenta, Vanesa Quero; y de la secretaria de la cooperativa, Trinidad Box, en función de la solicitud registrada por la Fiscalía Anticorrupción, asumida por la jueza instructora.
La petición de su declaración se justificaría en la necesidad de que pudiesen aportar explicaciones respecto a los dos contratos suscritos entre la cooperativa y su sociedad gestora Fraorgi, por un lado, y con la empresa Iuvenale Somnia SL (que comparten como administrador único al también investigado Francisco Ordiñana), por otro. Con el primero, se concierta el pago de 3.430.000 euros (más IVA) por la gestión de los trámites administrativos relacionados con el proyecto constructivo. Con el segundo, se prevé otro pago de 1.125.000 euros (más IVA) por la comercialización de los pisos.
La citación de esos tres representantes de la cúpula de la cooperativa eleva a 18 el número total de investigados en las diligencias. Entre ellos, figura la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general de Organización Interna y actual jefa del área de Contratación, María Pérez-Hickman; los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret (que, como Gómez y los hijos y un sobrino de Pérez-Hickman, también compraron pisos en el residencial); el funcionario del servicio territorial de Vivienda que visó los 140 contratos de las viviendas, Roberto Palencia; y el administrador único de Fraorgi, Francisco Ordiñana, además de otros nueve compradores de los pisos.
Las diligencias tratan de determinar si esos 18 investigados pudieron incurrir en los delitos de prevaricación administrativa, información privilegiada, tráfico de influencias, fraude, y/o negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en la gestión de esas viviendas. Por lo pronto, al margen de la declaración de los tres miembros del consejo rector, la instructora también aceptó la petición formulada por Anticorrupción para que se requiriese al Ayuntamiento de Alicante información sobre si llevó a cabo alguna actuación en el proceso de enajenación de la parcela de propiedad municipal desde el acuerdo de la Junta Local de Gobierno que aprobó su valoración, del 10 de julio de 2018, hasta la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 5 de septiembre del mismo año.
Así, la jueza instó a los servicios jurídicos municipales a aportar "toda la documentación y comunicaciones relativas a las dudas surgidas sobre el precio de la parcela", así como sobre la "decisión de suspender cualquier actuación de impulso de dicho expediente" o el "alzamiento de la suspensión" del procedimiento de subasta. Por último, también reclamó al Ayuntamiento que informase y aportese toda la documentación y comunicaciones al respecto, sobre si dio alguna publicidad al acuerdo de la Junta de Gobierno del 10 de julio de 2018, por el que se convocó el proceso de subasta del solar de La Condomina en el que se levantó la promoción, al margen de la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado, en el mes de septiembre de ese año.
