ALICANTE. La instrucción sobre las supuestas irregularidades detectadas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 continúa con nuevas declaraciones. La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que asume las diligencias de investigación, ha a acordado citar a declarar como investigados al presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa promotora del complejo residencial, a partir de la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que habría registrado su solicitud en las jornadas previas. En esa petición, eso sí, no se planteaba la citación de ningún representante político.
Con estos nuevos investigados, que comparecerán el próximo 21 de octubre, son ya 18 los que tienen dicha condición en estas diligencias previas desde que fueron incoadas, el pasado mes de febrero. Entre ellos, figuran la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general de Organización Interna (que ha regresado a su plaza como jefa de Contratación), María Pérez-Hickman; los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret; el administrador único de Fraorgi (la entidad gestora de la cooperativa), Francisco Ordiñana; así como el técnico de la conselleria de Vivienda que visó la totalidad de los 140 contratos de compra, Roberto Palencia, además de algunos de los adquirientes de esos pisos.
Al tiempo, la instructora ha acordado la práctica de las nuevas declaraciones a petición de la Fiscalía en una providencia en la que también solicita al Ayuntamiento alicantino información sobre si llevó a cabo alguna actuación en el proceso de enajenación de la parcela de propiedad municipal desde el acuerdo de la Junta Local de Gobierno que aprobó su valoración, del 10 de julio de 2018, hasta la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 5 de septiembre del mismo año.
La providencia requiere en este sentido a los servicios jurídicos de la Corporación que remita toda la documentación relativa a esa cuestión, incluidas las comunicaciones que pudieran haber mantenido las concejalías de Gestión Patrimonial y de Contratación o las habidas "en el interior de cada concejalía", así como "peticiones de informes, informes emitidos", etc.
Se trata de una petición que encajaría en las solicitudes planteadas por los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante, en el seno de los trabajos de la comisión de fiscalización constituida para tratar de esclarecer los procesos administrativos seguidos en relación con el desarrollo de la venta de la parcela municipal y de la supervisión del destino pretendido: la promoción de VPP. No obstante, esa documentación no se llegó a facilitar a los grupos políticos -como habían reclamado especialmente los concejales de Vox- después de que un informe emitido por el secretario municipal concluyese que esos hipotéticos correos que pudiesen haberse girado entre representantes de las dos concejalías no formaban parte del expediente de Les Naus objeto de revisión en la comisión y que, además, estaban amparadas por el derecho al secreto de las comunicaciones.
En concreto, la resolución judicial hace hincapié ahora en la necesidad de que el Ayuntamiento aporte "toda la documentación y comunicaciones relativas a las dudas surgidas sobre el precio de la parcela", así como sobre la "decisión de suspender cualquier actuación de impulso de dicho expediente" o el "alzamiento de la suspensión" del procedimiento de subasta. En principio, ese proceso quedó suspendido en dos ocasiones: primero en torno al año 2016, bajo el mandato del tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís; y después, ya bajo el gobierno del PP, a finales de 2018, después de que se registrasen dos recursos contra el pliego de condiciones (y la inclusión de la polémica cláusula de desempate que primaba la anticipación en el registro de las ofertas).
Por último, reclama al Ayuntamiento que informe, y aporte toda la documentación y comunicaciones al respecto, sobre si dio alguna publicidad al acuerdo de la Junta de Gobierno del 10 de julio de 2018, por el que se convocó el proceso de subasta del solar de La Condomina en el que se levantó la promoción, al margen de la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado.
Además, la magistrada ha dictado una segunda providencia, en este caso para requerir a la formación política Compromís, el depósito de una fianza de 3.000 euros como paso previo para admitir su personación en la causa como acusación popular. Una solicitud que todavía no se ha aceptado.
