ALICANTE. Las indagaciones promovidas por la Fiscalía Anticorrupción para desentrañar las posibles irregularidades que puedan haberse registrado en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 tratan de profundizar en la propuesta presentada por dicha cooperativa con el fin de determinar si pudo contar con información privilegiada respecto a las condiciones de la convocatoria. De ahí que, al margen de requerir la declaración de los representantes de las otras cuatro promotoras o entidades que también presentaron oferta en el proceso, también haya reclamado a los responsables de Residencial Les Naus que entreguen el anteproyecto que registraron para participar en esa enajenación y toda la documentación previa de la que la cooperativa disponía con antelación.
Se trata de una documentación, requerida en una de las providencias dictadas el pasado viernes por la magistrada que dirige la instrucción, que los fiscales adscritos a Anticorrupción -Pablo Romero y Fran Marco- pretenden comprobar a la vista de que el administrador único de Fraorgi (la entidad gestora de la cooperativa), Francisco Ordiñana, defendió en su declaración bajo la condición de investigado que la oferta se podía preparar en menos de un día puesto que los requisitos exigidos no eran excesivamente exigentes. Máxime si se contaba con la experiencia previa de un proyecto similar, como -según explicó- sucedía en el caso de la cooperativa, tras el impulso de otra promoción hasta cierto punto similar desarrollada en el PAU 5 de Playa de San Juan. De ahí que, a preguntas de las acusaciones, tratase de justificar que la oferta de Residencial Les Naus se presentase al día siguiente de la apertura de plazo para hacerlo, a pesar de que el segundo licitador no registró su alternativa hasta 12 días después.
Al margen de ello, Anticorrupción también revisa ahora la documentación ya aportada a la causa, a petición de la propia Fiscalía, respecto a dos contratos firmados por la cooperativa con la propia Fraorgi y con la empresa Iuvenale Somnia SL, en las Ordiñana figura como administrador único. El primero de ellos regulaba la prestación del servicio de gestión de la promoción, por un importe de 3,4 millones, según fuentes consultadas. Y el segundo regía el servicio de comercialización de los futuros pisos, con la búsqueda de socios cooperativistas interesados en la compra de las 140 viviendas construidas en la promoción. Ese segundo contrato ascendía a un importe próximo a otro millón, según fuentes consultadas. Anticorrupción trataría de precisar si pudo haberse producido un enriquecimiento injusto a través de una hipotética alteración de precios, sobre viviendas protegidas construidas sobre suelo público que deben venderse con precios tasados, al cargar los costes de esos contratos sobre los cooperativistas que adquirieron los inmuebles.
Por lo pronto, fuentes conocedoras de esos contratos apuntaron que esos contratos respondían a los pagos por las gestiones a realizar por la gestora de la cooperativa y por la empresa encargada de comercializar los pisos con la búsqueda de interesados en su compra, y que sus importes responderían a precios de mercado por el trabajo a desempeñar, entre los que figurarían la tramitación del proyecto de construcción, la contratación de la constructora que edificó los pisos, los gastos de gestión de préstamo al promotor y la cobertura de seguros, entre otros puntos, en los que se asumirían riesgos sin derivarlos a los cooperativistas.
La documentación y la 'reunión'
Fuentes consultadas indicaron que esa nueva documentación sobre el anteproyecto de la promoción solicitada por la Fiscalía se facilitaría previsiblemente este martes. Y lo mismo sucedería en lo que respecta a la información adicional requerida al Ayuntamiento respecto a los correos enviados por los responsables del Servicio de Patrimonio a la Vicesecretaría general con los informes de advertencia sobre un supuesto conflicto de interés. Cuando menos, así lo aseguró este lunes el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras participar en el acto de izada de la bandera azul de la Playa de San Juan.
Al respecto, señaló que "toda la información que se está requiriendo la estamos facilitando". "Hoy [por ayer] ha llegado un requerimiento del juzgado en el que se recuerda que hay un plazo para remitir una documentación de toda la que se había remitido ya, de toda la que se ha preparado y que mañana [por hoy] estará completamente cumplimentada", apuntó. En este sentido, aseguró que el ayuntamiento se había puesto a "entera disposición" del órgano judicial y que "todo lo que" la magistrada "estime que es necesario para la instrucción" se pondrá "a su disposición".
No obstante, a preguntas de los medios de comunicación, el primer edil no llegó a pronunciarse sobre el contenido de la declaración del administrador de Fraorgi, Franciso Ordiñana, en las que aseguró que había mantenido una reunión con él respecto al proyecto de Les Naus. Barcala evitó aclarar si se había producido ese encuentro.
"No voy a hacer absolutamente ninguna declaración", aseguró, tras argumentar que "hay una investigación judicial" y "dos comisiones" al respecto -la constituida en el Ayuntamiento y la creada en les Corts- "y por respeto a esas dos comisiones y por respeto, por supuesto, a la investigación judicial yo no voy a hacer absolutamente ninguna declaración", remarcó.
En esta línea, sostuvo que él no podía valorar ni pronunciarse sobre unas supuestas manifestaciones que se atribuyen a una persona, que habían difundido terceros y que habían publicado los medios de comunicación sin estar presentes, según argumentó. "Sobre Les Naus, ya lo digo de antemano; no hago absolutamente ninguna declaración. Ninguna es ninguna. No hago valoraciones y mucho menos valoraciones de terceros, vamos. Eso sería una irresponsabilidad absoluta", concluyó.
