ALICANTE. El testimonio ofrecido por el exconcejal de Hacienda, Patrimonio y Deportes de Alicante, Toni Gallego, no cerrará la instrucción de las diligencias sobre las supuestas anomalías detectadas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar enajenado por el ayuntamiento entre 2018 y 2022. Cuando menos, esa es la previsión que manejan las acusaciones que forman parte de la causa, que ya meditan solicitar que se practiquen nuevas testificales para profundizar en el esclarecimiento de los hechos.
Lo cierto es que la jueza responsable de la instrucción podría dar por cerrada la investigación en cualquier momento, en el caso de que interpretase que ya se disponen de evidencias necesarias para decidir entre el archivo de las diligencias o su transformación en procedimiento abreviado (la antesala de la apertura de juicio). No obstante, no es menos cierto que, hasta el momento, ha asumido todas las solicitudes de toma de declaración que se le han formulado. Incluida la del propio Gallego, no vinculada de forma directa a la tramitación del expediente de venta del solar o a la adjudicación de los pisos, sino relacionada con una hipotética ocultación deliberada por parte del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), del hecho de que la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, era una de las cooperativistas que compró vivienda en el residencial objeto de la controversia.
De ahí que la receptividad demostrada por la instructora hasta ahora permita augurar que también pueda acordar el desarrollo de las nuevas pruebas que se le soliciten. Por lo pronto, se estima que al menos la Fiscalía Anticorrupción registre la práctica de nuevas declaraciones en los próximos días. Y las acusaciones que ejercen el PSOE y Ciudadanos (Cs) podrían valorar plantear otras, o adherirse a esas peticiones, en función de cuál sean los nombres propuestos por Anticorrupción.
Hasta ahora, no ha trascendido a quién más se pretendería que se cite a comparecer ante el juzgado, ni bajo qué condición (como testigos o como investigados). En todo caso, todo parece indicar que podría plantearse la solicitud de declaración de más técnicos municipales o de los socios cooperativistas que participaron en la constitución de Residencial Les Naus y que formaron parte de su junta directiva, después de que ya se tomase declaración en calidad de investigado al administrador de Fraorgi (la entidad gestora de la cooperativa), Francisco Ordiñana. Incluso podría proponerse que se cite a otros cargos políticos municipales que pudiesen tener algún tipo de participación o conocimiento en los hechos sujetos a revisión.
Hasta ahora, al margen de los 15 investigados, se ha tomado declaración a los representantes de las otras cuatro empresas que participaron inicialmente en el proceso de enajenación del solar en el que se levantó la promoción, se ha llamado a declarar a responsables del servicio territorial de la Conselleria de Vivienda, a funcionarios de los servicios municipales de Patrimonio y de Urbanismo, así como al vicesecretario municipal, que ejerce como secretario. Entre representantes políticos, solo han comparecido la exconcejal de Urbanismo, como una de las 15 investigadas, y el propio Gallego, como testigo.
Conclusiones de la comisión municipal
Entre tanto, la fiscalización política sobre los procedimientos seguidos en la construcción y venta de las VPP de Les Naus continuará este viernes, cuando ya se ha convocado la que debería convertirse en la última sesión de la comisión municipal relacionada con la promoción. Su convocatoria parte con dos únicos puntos: la aprobación del acta de la sesión anterior, la exposición de conclusiones de cada grupo político, su debate y la propuesta de dictamen.
Las cinco formaciones representadas en la corporación ya han registrado sus propuestas particulares de conclusiones. A grandes rasgos, el equipo de gobierno sostiene que la revisión de los expedientes municipales habría permitido concluir que todos los procedimientos que quedaban bajo competencia del Ayuntamiento se habían ajustado a la legalidad; Vox considera que no se han planteado obstáculos al trabajo de la comisión ante la falta de documentación y la inasistencia de los comparecientes propuestos; y tanto PSOE, como Compromís y EU Podem consideran que, al margen de esas dificultades para poder revisar lo sucedido, sí se habría demostrado que habrían fallado los controles municipales, de lo que responsabilizan de forma directa al alcalde, Luis Barcala.
A priori, se antoja complicado que las diferencias existentes entre esas posiciones pueda permitir que se alcance un documento común que sirva como dictamen conjunto. De no proponerse un texto compartido susceptible de ser votado por una mayoría política, se someterá a votación cada una de las propuestas por separado y se asumirá la que reúna un mayor número de votos. Después, se dará cuenta al pleno en la próxima sesión ordinaria, al margen de que PSOE, Compromís y EU Podem ya hayan anticipado su intención de forzar la convocatoria de un pleno extraordinario en el que poder debatir, de nuevo, sobre esas conclusiones para presentarlas ante el conjunto de la ciudadanía.
Todo ello, al margen de la labor de fiscalización que todavía debe desplegarse en la comisión de investigación constituida en Les Corts en torno a las mismas presuntas irregularidades, que todavía no ha reanudado sus trabajos tras la suspensión propiciada durante el periodo vacacional. En principio, su desarrollo debería reanudarse a principios de este mes de octubre, una vez celebrado el Debate de Política General, de forma que se concrete un nuevo calendario para las comparecencias pendientes. Entre ellas figura la del propio alcalde de Alicante, que se acogió a su derecho a no comparecer en la comisión municipal, como la mayoría de las personas propuestas para responder ante ese mismo foro, tras alegar que ya había ofrecido explicaciones en el pleno extraordinario convocado el pasado mes de febrero.
