LA ROMANA.- El Ayuntamiento de La Romana, gobernado por el PSPV-PSOE, ha vuelto a poner en marcha la licitación del servicio de recogida, recuperación y tratamiento de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de los espacios públicos del municipio, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) anulara íntegramente el anterior concurso. El consistorio lleva más de 20 años sin contrato por este servicio.
La nueva convocatoria tiene como antecedente la resolución del TARC, con fecha de 19 de febrero, dictada por este órgano administrativo tras estimar el recurso presentado por Javier Richart Velasco, concejal de Por La Romana, contra la adjudicación del contrato anterior a la mercantil Sapesa, S.L, empresa que actualmente presta el servicio.
El procedimiento anulado fue publicado en junio de 2025 y adjudicado el 30 de octubre de ese mismo año. Sin embargo, la resolución del Tribunal obligó a dejar sin efecto tanto la adjudicación como la totalidad del procedimiento de contratación, al apreciar incumplimientos sustanciales de la Ley de Contratos del Sector Público.
El origen de la anulación
El recurso presentado por Javier Richart cuestionaba la intervención de la empresa Centro de Ingeniería y Gestión, S.L., contratada por el Ayuntamiento para prestar asistencia técnica durante la licitación, especialmente en la valoración de las ofertas.
El TACRC concluyó que, aunque los pliegos contemplaban expresamente la asistencia de esta empresa, el expediente no identificaba previamente a los profesionales concretos que iban a intervenir en la valoración, ni acreditaba su formación y experiencia profesional, tal y como exige el artículo 326.5 de la Ley de Contratos del Sector Público.
El Tribunal consideró que no era suficiente identificar a la empresa adjudicataria de la asistencia técnica, sino que resultaba obligatorio conocer las personas físicas encargadas de realizar las valoraciones, sus cualificaciones y su experiencia, permitiendo así a los licitadores comprobar su independencia y, en su caso, plantear posibles recusaciones.
La resolución también rechazó el argumento del ayuntamiento de que la contratación de una empresa como persona jurídica eximía de identificar previamente a los técnicos responsables de la evaluación. La resolución considera que el incumplimiento detectado no constituye un simple defecto formal, sino un vicio sustancial que afecta a la transparencia, la igualdad de trato y la imparcialidad del procedimiento. Además, dado que las ofertas presentadas en ese primer concurso, que eran tres, ya habían sido valoradas tanto en los criterios sujetos a juicio de valor como en los criterios automáticos, el Tribunal entendió que no era posible subsanar el problema mediante una nueva puntuación. Por ello, acordó la anulación administrativa de la adjudicación y de todo el procedimiento de licitación.
El Tribunal reconoció expresamente la legitimación de Javier Richart para presentar el recurso, al acreditar que había votado en contra de los acuerdos municipales relacionados con la clasificación y adjudicación del contrato.De esta forma, el recurso del concejal de Por La Romana terminó provocando la anulación íntegra de un contrato de servicios de gran importancia económica para el municipio.
Una nueva licitación: un año menos y más presupuesto
Uno de los cambios más relevantes de la nueva convocatoria es la modificación de la duración y de la dotación económica del servicio. El anterior concurso contemplaba una duración de diez años y un valor estimado de 3.510.225,46 euros. En cambio, el nuevo expediente establece una duración de nueve años y un valor estimado de 3.805.981,22 euros. Esto supone un incremento de 295.755,76 euros, aproximadamente un 8,42 %, pese a que el contrato se reduce en un año. El alcalde, Nelson Romero, justifica ese incremento por los cambios que se han tenido que adoptar a raíz del fallo del TARC. Pese a ello, Romero lamenta la actitud del concejal Javier Richart, al que considera que su objetivo es obstaculizar el concurso, pese a la necesidad que tiene el municipio. Ahora, en el nuevo concurso, se ha designado una mesa de contratación, formada por dos concejales y tres funcionarios, que son los que deben valorar las ofertas.
En cambio, Ricart sostiene que todo hace indicar que el concurso "es un nuevo traje a medida" para que la empresa Sapesa, la actual prestataría del servicio, renueve la concesión, de ahí que ya ha anunciado que estudia recurrir el concurso. "Tenemos dudas de porque ahora se convoca un concurso nuevo con un año menos y más importe", ha explicado Ricart. El edil independiente ya desveló en la sesión plenaria del 30 de julio que el expendiente debía contar con el Reglamento del Servicio Municipal y por tanto, a su juicio, "estaba incompleto". Y por esa razón, Ricart abogó por que el asunto quedara sobre la mesa ante el riesgo de paralización y la falta de transparencia.
En la actualidad, el nuevo concurso está en licitación y hasta el 16 de noviembre se pueden presentar propuestas.
