ALICANTE. La empresa Medimotors Gestión, administrada por Juan Carlos Ramírez, acaricia ya la gestión y explotación de Panoramis -el centro comercial propiedad del Puerto de Alicante- al perfilarse como previsible ganador en la subasta convocada sobre su unidad de negocio con motivo de la liquidación de su concesionaria actual, Marina de Poniente. La compañía del expresidente del Hércules, socio de Enrique Ortiz en varias sociedades y amigo personal del controvertido empresario (procesado en los casos Gürtel y Brugal) es la única que ha mantenido su interés en ese proceso público de venta con una única oferta activa de 1,9 millones, según pudo conocer Alicante Plaza.
Salvo que se constate el rechazo de los acreedores de Marina de Poniente, todo parece apuntar que la sociedad de Ramírez tomará las riendas del complejo con el reto de tratar de reflotarlo tras imprimirle una nueva orientación basada en la restauración y el ocio, ya que, además de ser la única aspirante que ha continuado interesada hasta el final del proceso, su oferta de adquisición ha sido ya considerada válida tras el análisis formulado por la administración concursal.
Ese visto bueno resulta imprescindible para que el Juzgado de lo Mercantil número 1 (que tutela la liquidación de Marina de Poniente) pueda acordar la adjudicación. Por lo pronto, su titular ya ha emplazado a la Autoridad Portuaria a autorizar de forma expresa la cesión de la concesión del complejo y prevé dar traslado de la propuesta a los acreedores privilegiados de Marina de Poniente para que manifiesten su conformidad o desacuerdo de forma inminente.
Ese es, en realidad, uno de los últimos escollos que debe superar la oferta de Medimotors. Y no es un reto menor, ya que el importe de adquisición que plantea su propuesta solo permitiría saldar dos de las deudas principales que arrastraba Marina de Poniente, con un agujero global que supera los 5 millones. Se trata, en primer lugar, de las cantidades adeudadas a la propia Autoridad Portuaria en concepto de canon de explotación que, en este momento, ascenderían a más de 1,2 millones. Y, en segundo término, esa cifra contemplada en la oferta permitiría cubrir el pago correspondiente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuantificado en más de 92.000 euros.
Así, restaría una suma próxima a los 468.000 euros al pago de los créditos con privilegio especial, que corresponde a las entidades bancarias con las que Marina de Poniente había contraído deudas. En su conjunto, dicha sociedad adeudaba más de 3,2 millones en créditos hipotecarios a Banco Sabadell, Banco Castilla-La Mancha, Banco Mare Nostrum, EBN Banco de Negocios, Ibercaja Banco y Liberbank, como informó este diario en el momento en el que se convocó la subasta, hace ya cerca de dos años. Además, quedarían otros 137.000 euros para cubrir el pago de créditos contra la masa.
Cualquiera de los acreedores privilegiados podría plantear discrepancias sobre la oferta de la sociedad de Ramírez al considerar que no se habría conseguido el objetivo de la subasta: recuperar el máximo de las cantidades no satisfechas por Marina de Poniente antes de declararse en concurso de acreedores, en 2012. En ese caso, la resolución de la subasta volvería a retrasarse, a expensas de que la administración concursal y el juez analizasen y se pronunciasen sobre esas posibles alegaciones. Ese supuesto añadiría otro compás de espera a un proceso ya de por sí complejo, en el que se han sucedido varias prórrogas, recursos y abandonos de algunos de los licitadadores inicialmente interesados (primero, el fondo inversor Eurofund Management, que decidió retirarse de la puja para replegarse en su proyecto de Paterna, Puerto Mediterráneo; y después, el grupo hotelero de Muro Vilaplana Pérez Hermanos, que renunció a sus opciones para centrarse en otro proyecto en Madrid, según las fuentes consultadas).
La administración concursal valida la oferta pese a que no cubre las deudas de Marina de Poniente al considerar que dejar la subasta desierta no generaría ningún rédito y que, además, conllevaría más gastos
No obstante, según pudo saber este diario, el argumento que habría llevado a la administración concursal a aceptar la oferta de Medimotors como válida, con un informe de propuesta de adjudicación, sería precisamente que la concesión del bien subastado conllevaría un mayor rédito que declarar la subasta desierta. En definitiva, mediante su adjudicación a la sociedad de Ramírez, como mínimo se recuperarían los citados 1,9 millones. Si se rechazase su oferta, la subasta quedaría vacante, el centro comercial revertiría en la Autoridad Portuaria que tendría que volver a licitar su gestión sin recuperar el canon impagado, y además, ninguno de los restantes acreedores conseguiría recuperar cantidad alguna sobre sus créditos. Por si fuera poco, la Autoridad Portuaria tendría que hacerse cargo de la gestión del complejo de modo temporal, lo que repercutiría en gastos adicionales derivados de su funcionamiento, o acordar su cierre, con el consiguiente deterioro del activo: un escenario desaconsejable para afrontar una nueva licitación.
Como viene informando Alicante Plaza, la sociedad Marina de Poniente -controlada mayoritariamente por el grupo Cívica, del controvertido empresario Enrique Ortiz, tras la salida de Vectalia (antes, grupo Subús), en 2014- se declaró en concurso de acreedores en 2012, pero no pudo cumplir sus compromisos y fue a liquidación con una convocatoria de subasta de su único bien activo: la unidad de negocio del centro comercial. Panoramis dispone de 53 locales entre los que se encuentra un aparcamiento subterráneo, un multicines y un gimnasio. El complejo abrió sus puertas en el año 2000 y la concesión actual que ahora podría heredar la compañía de Ramírez permanecerá en vigor como mínimo hasta el año 2028, ya que existe una opción de prórroga por otros 12 años.