[Este artículo se incluye en la revista 'Alicante Plaza, 2016-2026: diez años creciendo'. Puede leerla íntegramente en este enlace]
ALICANTE. El mes de septiembre de 2019 quedará para siempre grabado en la memoria colectiva de la Vega Baja. Lo que a simple vista podría haber sido considerado un episodio fuerte de lluvia —una gota fría más en la costa mediterránea española— se transformó en una tragedia humana, social, ambiental y económica de una magnitud sin precedentes en la historia reciente de esta comarca. La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que impactó desde el 9 hasta el 14 de septiembre de 2019 descargó volúmenes de lluvia que superaron los 500 litros por metro cuadrado en apenas 48 horas, especialmente en municipios como Orihuela, considerado el epicentro del desastre.
Para entender lo que ocurrió y por qué fue tan devastador, hay que remontarse al contexto geográfico y climático de la Vega Baja del Segura: una comarca tradicionalmente fértil y de baja pluviometría que debe su riqueza agrícola al río Segura y cuya historia ha estado marcada por inundaciones catastróficas desde hace siglos. La dana de 2019 puso de manifiesto un hecho incontestable: el cambio climático no solo ha llegado, sino que ya moldea el riesgo y la vulnerabilidad de territorios enteros.
El impacto de la dana en la Vega Baja
El fenómeno meteorológico que se desató en septiembre de 2019 fue extremadamente intenso y rápido. Aunque las danas son habituales en el Mediterráneo, pocas veces sus efectos se habían concentrado de forma tan violenta y simultánea sobre un área con tanta población, infraestructura y actividad agrícola. Orihuela, Almoradí, Bigastro, Benejúzar, Dolores, Daya Vieja, San Fulgencio y otros municipios vieron cómo en cuestión de horas las calles se convertían en ríos, las casas se inundaban y las comunicaciones quedaban cortadas.
Los datos oficiales y las reconstrucciones meteorológicas señalan que la acumulación de lluvia fue excepcional. En vehículos, tiendas, viviendas y huertos, el agua destruyó bienes que habían costado décadas de trabajo construir. El desbordamiento del río Segura y la ruptura de muros fluviales agravaron aún más la situación, con miles de personas evacuadas, servicios básicos interrumpidos y un aislamiento casi total de algunas localidades durante días.
Pero más allá de la fuerza del agua, lo que marcó este episodio fue su efecto multiplicador: la lluvia no solo inundó; transformó una crisis meteorológica en una crisis social, económica y territorial. La huella dejada —material y emocional— todavía se percibe en cada pueblo y en cada conversación sobre riesgo, prevención o resiliencia en la comarca.
Víctimas, daños y cifras históricas
Las cifras definieron rápidamente la dimensión del desastre. La dana de 2019 es considerada, por volumen de daños, el episodio meteorológico más costoso en la historia de España, con un impacto económico que superó ampliamente los 1.300 millones de euros solo en los territorios más damnificados. Miles de hectáreas de cultivos quedaron destruidas, infraestructuras públicas y privadas sufrieron daños estructurales severos y más de 80 carreteras fueron cortadas en la provincia de Alicante, dejando pueblos incomunicados y generando un desafío logístico sin precedentes para los equipos de emergencia.
El dolor humano también dejó cifras que marcaron a toda la sociedad. Aunque muchas estimaciones varían en los números de víctimas y evacuados, lo indiscutible fue que miles de familias perdieron no solo bienes, sino la sensación de seguridad y estabilidad en una región acostumbrada a convivir con riesgos hidrometeorológicos.
La respuesta: el Plan VegaRenhace
Desde los primeros compases de la catástrofe quedó claro que la respuesta no podía limitarse únicamente a apagar el fuego. La Vega Baja necesitaba una estrategia integral de recuperación, reconstrucción y resiliencia ante el cambio climático. Fue en ese contexto cuando emergió el llamado Plan VegaRenhace. Impulsado inicialmente por la Generalitat Valenciana a finales de 2019, el Plan VegaRenhace se concibió como una respuesta estructurada a uno de los eventos hidrometeorológicos más devastadores de la historia reciente en la comarca. Su objetivo no se limitaba a reparar daños —cosa que, por sí sola, ya era colosal—, sino a transformar profundamente las políticas de gestión del territorio, prevención de riesgos y adaptación al cambio climático.
A diferencia de los enfoques tradicionales —centrados en medidas estructurales como diques o canalizaciones— VegaRenhace apostó por un modelo de acción basado en cuatro pilares clave. El primero fue la coordinación institucional: un esfuerzo conjunto entre administraciones autonómicas, locales y del Estado, impulsando actuaciones coherentes y evitando la fragmentación de competencias. El segundo pasó por un consenso social y territorial: implicar a comunidades locales, entidades sociales y agentes económicos para diseñar medidas que respondieran realmente a las necesidades territoriales. El tercer pilar fue el apoyo en la evidencia científica: la planificación debía apoyarse en estudios científicos sobre riesgos, hidrología, modelización climática y ordenación del territorio, reconociendo que la Vega Baja es una región de alto riesgo ante eventos extremos recurrentes. Por último, un pilar clave fue la resiliencia territorial: más allá de reparar daños, se buscaba fortalecer la capacidad del territorio y de sus comunidades para absorber, adaptarse y recuperarse frente a eventos futuros.
Estas líneas de actuación surgieron de análisis detallados del comportamiento del río Segura y de los sistemas fluviales asociados, así como de evaluaciones de cuenca que señalaban que las soluciones tradicionales —como la canalización ejecutada tras la riada de 1987— no eran suficientes para reducir eficazmente el riesgo, especialmente en un contexto de aumento de la frecuencia e intensidad de episodios extremos por el cambio climático.
Ejecución, obstáculos y tensiones
Si bien el Plan VegaRenhace generó un consenso inicial y fue recibido con esperanza por miles de habitantes de la Vega Baja, su implementación encontró obstáculos significativos. La magnitud de las inversiones necesarias, la complejidad de las intervenciones en cauces, ramblas y sistemas de drenaje, y las tensiones políticas entre administraciones ralentizaron su avance. Frente a las expectativas creadas, muchas de las actuaciones previstas quedaron sin ejecutar o avanzaron a un ritmo insuficiente.
En septiembre de 2024, en el quinto aniversario de la dana, alcaldes y autoridades locales de municipios como Orihuela reclamaron nuevamente la ejecución de obras estructurales aún pendientes y la culminación de proyectos que fueron anunciados como prioritarios pero que, cinco años después, seguían sin materializarse. Estas reclamaciones no eran solo una queja administrativa: eran la expresión de un sentir colectivo que observaba cómo, a pesar de la inversión anunciada —por cifras que rondaban millones de euros para actuaciones como dragados del río y mejoras de azares—, la realidad sobre el terreno continuaba mostrando puntos de vulnerabilidad sin resolver.
- La Guardia Civil acudió en lancha al rescate de centenares de ciudadanos -
- FOTO: RAFA MOLINA
Consecuencias que siguen viviéndose
Hoy, más de cinco años después de aquel septiembre de 2019, las consecuencias de la DANA siguen vivas en la Vega Baja. Las infraestructuras clave —cauces, ramblas, sistemas de drenaje— no han sido repuestas en su totalidad, y en muchos casos siguen siendo motivos de preocupación para los vecinos y técnicos. Las demandas de actuaciones estructurales continúan siendo recurrentes, especialmente cuando el cielo amenazante recuerda que los episodios extremos pueden repetirse.
Una de las problemáticas más mencionadas es el estado de los barrancos y del cauce del río Segura: fotografías aéreas y observaciones técnicas señalan que, años después, aspectos tan básicos como el mantenimiento, dragado y limpieza siguen sin ejecutarse de forma adecuada. Esto no solo limita la capacidad de evacuación de aguas en temporales futuros, sino que incrementa la percepción de vulnerabilidad entre la población y el tejido productivo de la comarca. Además, las obras complementarias afectadas —caminos rurales, puentes, aceras, infraestructuras educativas y sanitarias— han requerido inversiones adicionales y han sido objeto de licitaciones financiadas con recursos públicos, pero con avances dispares en función del municipio y de la disponibilidad presupuestaria.
El sector agrícola, que constituye una columna vertebral económica y social de la Vega Baja, es otra de las áreas donde se siguen percibiendo efectos residuales del desastre. La alteración de los perfiles de suelo, la compactación y la pérdida de producción durante años posteriores han marcado dificultades estructurales para muchas explotaciones, especialmente las de menor tamaño y con menos capacidad de inversión propia.
Finalmente, la percepción social del riesgo se ha transformado. La dana de 2019 no solo dejó un precedente físico de destrucción, sino también un impacto psicológico y comunitario profundo: es común que, ante escenarios de lluvia intensa, se reactive el recuerdo de 2019 y se produzca una respuesta colectiva de inquietud. Esa memoria colectiva operativa es, paradójicamente, una forma de resiliencia —la consciencia de riesgo— que sin embargo también refleja cuánto aún queda por hacer en términos de prevención y adaptación.
Lecciones y retos pendientes
La dana que devastó la Vega Baja del Segura en septiembre de 2019 fue mucho más que un episodio meteorológico extremo: fue un punto de inflexión en la forma en que esta comarca entiende su relación con el clima, el territorio y la gestión de riesgos. Los daños cuantificables en millones de euros, las pérdidas humanas y la transformación social que dejó atrás han colocado al cambio climático en el centro del debate sobre planificación territorial y políticas públicas en el sureste de España.
El Plan VegaRenhace, con sus aciertos y limitaciones, simboliza la búsqueda de una respuesta integral a un problema que no puede concebirse como aislado ni temporal. La adaptación al cambio climático, la gestión sostenible del agua y la reducción del riesgo de desastres son tareas que exigen continuidad, recursos, coordinación y visión a largo plazo.
Hoy, la Vega Baja sigue reconstruyéndose, no solo en sus carreteras, cauces y huertos, sino en la cultura de prevención, en la demanda de políticas firmes y en la memoria compartida de una tragedia que cambió para siempre el rumbo de una tierra rica en historia, diversidad y capacidad de resiliencia. El reto —como tantas veces han recordado técnicos, autoridades y vecinos— no es solo reparar lo que se perdió, sino estar mejor preparados para lo que viene.
FUE NOTICIA EN 2019
- Barreras en alto para la liberalización de la AP7 -
- FOTO: RAFA MOLINA
Una reivindicación histórica: fin a los peajes en la AP-7
ALICANTE (MIQUEL GONZÁLEZ). Reivindicaciones históricas en la provincia de Alicante ha habido muchas, pero si una ha sido trasversal ha sido la eliminación de los peajes en la autopista AP7 entre Alicante y Tarragona. Fue ejecutada por el Gobierno el 1 de enero de 2020 y supuso uno de los cambios más relevantes en la movilidad y la economía del arco mediterráneo en las últimas décadas. La decisión del Gobierno central de no renovar la concesión histórica de Aumar (Abertis) puso fin a más de 40 años de pago obligatorio en una infraestructura clave para el transporte turístico, logístico y residencial. Para la provincia de Alicante, el impacto fue inmediato: reducción de costes para empresas y transportistas, descongestión de la N332 y la N340, y una mejora sustancial en la conectividad entre comarcas como la Marina Alta, la Marina Baixa y l’Alacantí.
La medida fue celebrada por ayuntamientos, cámaras de comercio y organizaciones empresariales, que durante años habían reclamado la liberalización de la autopista. También permitió reequilibrar el mapa de movilidad en zonas tradicionalmente castigadas por la falta de alternativas gratuitas, como Benissa, Calp, Altea o La Vila Joiosa. La supresión del peaje reforzó además el corredor turístico entre Alicante, Benidorm y València, y mejoró la competitividad del puerto de Alicante y del aeropuerto de El Altet. Paralelamente se han iniciado proyectos para crear unos nuevos accesos. Es el caso del de Oliva/Pego y ahora está en proyecto el de Gata de Gorgos con el fin de descongestionar la salida por Ondara. Al mismo tiempo se han ejecutado obras como la circunvalación de Benissa, todavía en obras en su segunda fase. La gran asignatura pendiente sigue siendo la solución para Altea, cuya travesía urbana sigue acumulando muchas retenciones.
Años más tarde, la provincia volvió a vivir un proceso similar con la supresión de los peajes en la segunda circunvalación de Alicante, la vía rápida que conecta la A31, la A70 y la A7. Esta infraestructura había sido gestionada durante años por la concesionaria Ciralsa, cuya etapa estuvo marcada por sobrecostes, litigios y un rendimiento económico muy inferior al previsto. Tras la reversión al Estado, la gestión pasó a la empresa pública Seittsa, que asumió la explotación y mantenimiento de la vía. La eliminación del peaje en esta circunvalación —ejecutada ya en la segunda mitad de la década— permitió descongestionar la A70 y redistribuir el tráfico metropolitano de Alicante, especialmente el procedente de Elche, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan y la zona norte de la ciudad. También facilitó el acceso a los polígonos industriales y mejoró la movilidad interurbana sin coste para los usuarios.
Ambas decisiones —la liberalización de la AP7 y la supresión del peaje de la circunvalación— consolidaron un nuevo modelo de movilidad en la provincia, basado en la gestión pública directa y en la eliminación de barreras económicas en los principales corredores viarios, con una excepción: los peajes solo se mantienen en un tramo de la autopista Cartagena-Torrevieja.
