Volvemos al ritual de cada verano ante el fuego: el Gobierno central reclama coordinación, las CCAA exigen financiación, los políticos de uno y otro lado se acusan mutuamente de negligencia e incapacidad, y la ciudadanía escucha cómo se reclama por enésima vez un pacto de Estado en política forestal.
La Ley de Montes, de 2003 aunque modificada hasta en siete ocasiones desde su publicación, su instrumento de referencia, la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050, y el actualmente vigente Plan Forestal Español 2022-2032 son herramientas que demuestran que en nuestro país no existe un vacío normativo o estratégico a la hora de planificar la acción pública contra los incendios forestales. Es más: esos recursos de ordenación han sido diseñados, y luego aprobados, conjuntamente por el Estado central y las CCAA, dado que se han analizado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Por tanto, existe ya un acuerdo técnico e institucional sobre los objetivos esenciales: gestión forestal sostenible, prevención de incendios, adaptación al cambio climático, conservación de la biodiversidad, bioeconomía forestal y vertebración territorial. Quizá lo que no existe tanto es la voluntad política de aplicar esos instrumentos de manera continuada, con lealtad institucional, eficazmente y con visión de largo plazo.
La primera pregunta que deberíamos hacernos por ello, antes de exigir una vez más ese famoso pacto de Estado, es qué se ha hecho con los instrumentos que ya existen y por qué un Estado descentralizado como España sigue atrapado de manera permanente en la discusión competencial cada vez que arde el bosque.
La prevención de los grandes incendios exige actuaciones continuadas durante todo el año: gestión de la masa forestal, creación de mosaicos agroforestales, mantenimiento de infraestructuras, aprovechamiento de biomasa, apoyo al pastoreo extensivo, selvicultura preventiva y recuperación de usos tradicionales del territorio. Todas ellas medidas ya conocidas y previstas en los planes, así como respaldadas por la evidencia técnica y científica. No se entiende, por tanto, que se siga priorizando la extinción frente a la prevención del fuego, lo que no deja de ser una decisión absolutamente política.
Quizá algún día descubramos, si no es ya demasiado tarde, que nuestros montes y bosques funcionan en una escala temporal distinta a la de la política, porque no dependen de legislaturas, en las que cada cambio de gobierno supone nuevas visiones, medidas distintas, presupuestos modificados y cambio de modelos de gestión. Para una masa forestal bien gestionada lo importante son las décadas, muchas en algunos casos, en las que debe darse continuidad a políticas públicas estables y prolongadas. Y requiere igualmente de una ejecución de las mismas de manera eficaz y con indicadores objetivos de cumplimiento perfectamente evaluables, algo que casa mal con la actual retórica institucional.
- Árboles frutales quemados en un incendio forestal en Alfondeguilla, Castellón
La cooperación interadministrativa no puede seguir contemplándose como una concesión política, sino desde la idea de la colaboración leal entre instituciones, a lo que no ayuda, desde luego, el espectáculo de la trifulca soez entre presidentes de los diferentes gobiernos o entre sus ministros y consejeros respectivos. La coordinación es una obligación en un modelo descentralizado eficaz, no una posibilidad o una conveniencia, como algunos entienden equivocadamente.
La respuesta a si necesitamos un pacto de Estado en materia forestal, por tanto, no está en descubrir nuevas herramientas legales o técnicas, sino en ver primero lo que ya tenemos sobre la mesa, que no es poco, y cambiar la visión y destino de los recursos disponibles con una reflexión crítica de la gestión realizada hasta hoy. Planificación adecuada, ejecución real de la misma, presupuestos estables, coordinación real y rendición de cuentas: ese es el verdadero pacto de Estado que necesitamos. Algo que está, sencillamente, en la voluntad de quienes nos gobiernan. De la misma manera, exactamente, que las medidas para evitar desastres provocados por lluvias intensas como las vividas no hace mucho también están escritas, diseñadas, y suficientemente estudiadas, y solo pendientes de que haya un político que admita que debe empezar una obra aunque él no pueda inaugurarla a su finalización.
Sí, necesitamos un pacto de Estado, un gran acuerdo político sobre el territorio y nuestros montes y bosques. Un acuerdo real que contemple una estrategia forestal común, un plan operativo eficaz y, sobre todo, criterios y órganos técnicos de cooperación entre el Estado y las CCAA. Porque el diagnóstico del problema ya está hecho desde hace años. Pero como necesitamos también políticos responsables y no pelagatos del corto plazo para gestionar esas herramientas. Una responsabilidad con nombres y apellidos, los que tienen, y conocemos todos, quienes desde los gobiernos estatales y autonómicos han aprobado estrategias que luego no ejecutan; desde esos partidos que han gobernado anteponiendo el rédito político inmediato a la gestión forestal de largo plazo; en esas Administraciones Públicas que recurren ante un incendio a la discusión permanente sobre competencias y obligaciones de actuar. Cosas estas frente a lo que el fuego no se detiene.
