GUARDAMAR DEL SEGURA. El Ayuntamiento de Guardamar del Segura ha sacado a licitación el servicio de asistencia jurídica, dirección letrada, representación y defensa judicial en los asuntos relacionados con Urbanismo y Actividades, un contrato con un presupuesto base de 59.156,90 euros, IVA incluido, y una duración inicial de un año.
La contratación pretende dotar al consistorio de apoyo jurídico especializado tanto para la gestión ordinaria de los expedientes municipales como para aquellos procedimientos que terminen ante los tribunales. El servicio incluye la elaboración de dictámenes e informes jurídicos sobre actividades, planeamiento, gestión y disciplina urbanística y procedimientos expropiatorios, además de la asistencia a reuniones con otros organismos e instituciones.
El alcance del contrato va más allá del asesoramiento urbanístico. La empresa o despacho adjudicatario deberá asumir la defensa judicial activa y pasiva del Ayuntamiento en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias, incluidos los ámbitos civil, social, penal y contencioso-administrativo, así como ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas.
También estará incluida la defensa derivada del ejercicio de sus funciones de funcionarios, empleados laborales, personal eventual y miembros de la Corporación, además de cuestiones relacionadas con el derecho al honor, el derecho de rectificación y la protección de datos.
Un mínimo de dos abogados y un procurador
Los pliegos establecen que el adjudicatario deberá adscribir al contrato un equipo profesional mínimo formado por dos abogados, uno de ellos especialista, y un procurador. Para ser considerado especialista, el letrado deberá acreditar haber asumido la defensa en al menos 25 procedimientos relacionados con las materias objeto del contrato entre 2022 y 2025 en los que una de las partes fuera una administración pública.
La prestación comprenderá igualmente los procedimientos judiciales que ya estén iniciados en el momento de adjudicarse el contrato y todavía no hayan concluido. Asimismo, el adjudicatario deberá resolver las consultas y emitir los informes jurídicos solicitados por los distintos departamentos municipales, sin sustituir los informes que corresponda elaborar a los empleados públicos.
Entre las obligaciones figura mantener al menos una reunión mensual presencial en el Ayuntamiento para informar sobre los asuntos en tramitación, además de presentar mensualmente un informe por escrito. El servicio tendrá que estar disponible telefónicamente de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 15.00 horas.
Cuando el Ayuntamiento solicite un informe sin establecer expresamente un plazo, el adjudicatario dispondrá de diez días hábiles para entregarlo, mientras que las consultas deberán resolverse, con carácter general, en un máximo de tres días hábiles.
El contrato también obliga a crear un sistema en la nube en el que se incorpore la documentación correspondiente a los procedimientos judiciales y al resto de actuaciones desarrolladas. Las resoluciones judiciales deberán remitirse al Ayuntamiento en un plazo máximo de 24 horas, mientras que las sentencias y autos que pongan fin a los procesos tendrán que acompañarse de un informe sobre su contenido y, cuando proceda, sobre la viabilidad de recurrirlos.
El precio solo supondrá el 10% de la puntuación
La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 6 de octubre de 2026 a las 23.59 horas. El valor estimado asciende a 48.890 euros sin impuestos.
El precio tendrá un peso relativamente reducido en la adjudicación, ya que representará 10 de los 100 puntos posibles. La mayor puntuación, 40 puntos, corresponderá al criterio relacionado con las sentencias favorables; otros 25 puntos se otorgarán por la formación profesional del personal adscrito al contrato y los 25 restantes dependerán de la valoración del proyecto de prestación del servicio.
Los pliegos establecen además que los licitadores no podrán fijar límites máximos al número de procesos judiciales que deban interponerse o tramitarse durante la vigencia del contrato. Los gastos de procurador correrán a cargo del adjudicatario, mientras que las tasas, impuestos y eventuales costas impuestas al Ayuntamiento quedarán fuera del contrato.
El futuro adjudicatario tampoco podrá defender intereses particulares en litigios contra el Ayuntamiento de Guardamar y deberá evitar cualquier situación de conflicto de intereses. Esta obligación se extiende, en determinados supuestos, durante los dos años posteriores a la finalización del contrato.
