Gerard Fullana.ALICANTE. El diputado de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha desvelado este jueves la auditoría que el equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, encargó sobre los gastos del grupo popular durante los mandatos 2015 y 2018. Según Fullana, esta auditoría externa encargada por la Diputación de Alicante sobre las subvenciones recibidas por los partidos políticos "no pone luz y taquígrafos en el uso que el PP hace del dinero público", pero sí constata, en su opinión, "parte de las irregularidades que viene denunciando Compromís desde hace años en la institución alicantina, como es la financiación irregular del partido con dinero público y falsedad documental en la acreditación de ese gasto".
Según la explicado Fullana en una comparecencia pública, el informe de Faura-Casas acredita que el PP debe devolver a las arcas públicas -al menos- 45.000 euros de los cerca de 466.000 que ha ingresado desde la Diputación Provincial en cuentas del partido entre 2015 y 2018. De esta cantidad a devolver, según el portavoz valencianista, "28.000 euros sirvieron para pagar comidas y desplazamientos que no tienen nada que ver con la actividad política de los diputados". A esos 28.000 euros habría que sumar otros 16.615 euros, que corresponderían a "fondos no dispuestos en la misma actualidad en la que se otorgaron". Minutos más tarde, el PP ha anunciado que reintegrará esa cantidad. No obstante, ha arremetido contra Fullana, por “querer montar un cuento con acusaciones falsas respecto a las cuentas del Grupo Popular, un cuento que se le desmorona como ya le ocurrió con Fitur”, ha indicado la diputada de Hacienda, María Gómez.
Según ese informe, la Diputación de Alicante financió entre 2015 y 2016 el porcentaje de financiación del partido proveniente de la Diputación "pasa a ser del 27,82% al 99,58%, generando incluso superávit en las cuentas del PP".
Compromís considera que Eduardo Dolón, secretario provincial del partido entonces y vicepresidente de la institución, "mintió" cuando certificó que el trasvase de dinero al partido estaba justificado al ser, según Dolón, un gasto conjunto e indivisible. La coalición ha anunciado que ese dato se aportará a la investigación que actualmente realiza la Fiscalía Anticorrupción sobre este asunto.
Los valencianistas, no obstante, califican de "auditoria amiga" del PP al ser, a su juicio, "excesivamente laxa con la investigación". "La auditoría da el visto bueno a gastos en telefonía por valor de 60.000 euros que sirvieron para pagar el teléfono de todo el partido mientras indica expresamente que no puede considerarse un gasto conjunto e indivisible del grupo popular", sostiene Fullana.
“El importe indicado en las diferentes cuentas justificativas incluye gastos de teléfono del Partido Popular de Alicante que corresponde a gastos comunes indivisibles como: líneas fijas, ADSL-internet, línea fax, etc. y gastos de teléfono que no tendrían la consideración de gastos comunes e indivisibles al incluirse las líneas particulares de miembros del Partido Popular de Alicante que no tienen relación directa o indirectamente con el Grupo Popular de Diputación de Alicante. La información facilitada no permite identificar los gastos que corresponden a uno u otro concepto, por lo que no podemos identificar los gastos que deben considerarse como elegibles de este concepto (nota 2.4.2)”, recoge el resumen de la auditoría desvelado por la coalición.
Asimismo, según Compromís, la auditoría admite que "el PP no aporte las facturas de gasto al informe y se haya limitado a exhibirlas en su sede, contrariamente a lo que la Intervención de la institución pidió a todos los partidos, entre ellos Compromís". Y lo más llamativo, según los valencianistas, es que "da por bueno que el PP pasará a financiar en 2016 desde la Diputación el 99,58% de los gastos del partido y que indique que no existe ningún criterio razonable que lo justifique, como expresa el auditor cuando enumera las limitaciones del propio estudio financiero".
“En las cuentas justificativas presentadas se observa que con los fondos aportados por el Grupo Político del Partido Popular de la Diputación de Alicante se financian gastos realizados por el Partido Popular de la provincia de Alicante (PP de Alicante) cuyo porcentaje de financiación varia de unos ejercicios a otros y sin que dicho porcentaje esté establecido a partir de argumentos y razonamientos que permitan verificar la razonabilidad del porcentaje aplicado (nota 2.3.2)”.
“Más allá de las acusaciones de financiación irregular los datos reflejan el uso sin complejos de los recursos de la Diputación para mantener la casi totalidad de gastos del PP provincial. Cabe recordar que, en 2015, en plena crisis económica, el PP multiplicó por cuatro estas asignaciones a los grupos. Carlos Mazón y todo el pasado del PP deberían tener una distancia social de un kilómetro de cualquier administración pública”, ha aseverado Gerard Fullana, portavoz del Compromís, quien fuera denunciado por el PP de Alicante por expresar lo que ahora en parte constata una empresa privada.
La diputada de Hacienda, María Gómez, ha defendido que el grupo popular ha justificado todas sus cuentas aunque acatará las conclusiones de la auditoría externa en la que se pide el reintegro del diez por ciento de lo asignado al grupo. “Seremos el primer grupo el hacer el reintegro, pero no estamos de acuerdo con los resultados porque el PP ha justificado y demostrado cada céntimo gastado”.
Mientras que el grupo popular ha dado ya orden de reintegrar 45.000 euros (el 10% de la asignación), el PSPV-PSOE tendrá que reintegrar un 16% (14.489,74 euros) mientras que el grupo EUPV tendrá que reintegrar la totalidad (el 100%) de la subvención a su grupo. Compromís, por su parte, debería devolver 5.227 euros, según ha indicado el PP. “El grupo popular ha entregado en todo momento la documentación solicitada para la auditoría y la acataremos por coherencia política, aunque no compartimos su análisis porque consideramos que está todo debidamente justificado al céntimo. No sabemos si el resto de grupos la acatarán”, ha dicho.
Por su parte, Compromís ha anunciado que aportará la auditoría a la Fiscalía de Anticorrupción que actualmente investiga los hechos denunciados por la coalición. Además, el portavoz en la institución, Gerard Fullana, ha insistido en que la auditoria no solo es ilegal, puesto que usurpa la acción que debería ser del Tribunal de Cuentas, sino que lo es también por dar por buenas justificaciones que no acreditan el destino finalista de los fondos.
