Los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en una imagen de archivo.ALICANTE. Los dos exalcaldes de Alicante procesados en la rama del caso Brugal sobre el presunto amaño del Plan General de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, se inclinan por defender su inocencia durante la celebración del juicio, sin vislumbrar ningún acuerdo de conformidad como los firmados hasta ahora por los promotores Enrique Ortiz y Ramón Salvador. A poco más de un mes de la fecha señalada para el inicio de la vista -que debe arrancar con una primera sesión el próximo 30 de junio-, fuentes consultadas entre las defensas de los dos exdirigentes políticos se considera muy complicada -prácticamente descartada- la posibilidad de que se pueda llegar a un pacto previo que evite el desarrollo de todo el proceso, aunque todavía no se cierra la puerta a una posible negociación in extremis.
Así, según las mismas fuentes, desde que se concretó el pacto con Ortiz no se ha producido ningún contacto firme con la Fiscalía Anticorrupción en el que se haya podido negociar un hipotético acuerdo que, según se insiste desde el entorno de los exdirigentes municipales, se continúa considerando improbable. Para que pueda prosperar, las defensas de los dos exalcaldes siguen planteando que las acusaciones deberían renunciar al grueso de las conductas delictivas que se les atribuye. Y, por consiguiente, también debería producirse una rebaja de las peticiones de pena y de las cantidades económicas para resarcir una posible responsabilidad civil que se les requiere.
Hasta el momento, Anticorrupción reclama 10 años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi por favorecer, presuntamente, a Ortiz en el diseño del nuevo PGOU, durante su fase de redacción, a cambio de distintas dádivas: entre ellas, viajes pagados a Ibiza, Creta y Andorra, así como la entrega de un vehículo modelo Mini Cooper y diversas cantidades de dinero en metálico. El ministerio público acusa a ambos expolíticos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias.
La representación legal de Esquerra Unida, por su parte, solicita las mismas penas para los dos exalcaldes, mientras que el letrado que defiende los intereses del Ayuntamiento de Alicante (un abogado externo) rebaja esa petición a cuatro años para cada uno. Por ahora no ha trascendido la voluntad de ninguna de las tres acusaciones en modificar esas solicitudes para reducir su duración, aunque, según las fuentes consultadas, se antoja difícil que se pueda pretender que se apliquen dilaciones indebidas por la cantidad de recursos que se ha ido presentando a lo largo de la instrucción.
Por lo pronto, en la comparecencia pública posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante celebrada este martes, el portavoz adjunto del equipo de Gobierno y edil responsable de Asesoría Jurídica, Manuel Villar (PP), solo señaló respecto a la posición municipal en el proceso que el letrado que representa al Ayuntamiento ha dispuesto de autonomía para asumir esa tarea "sin interferencia del equipo de Gobierno" y que el objetivo fundamental es defender los daños que pudiesen haberse ocasionado sobre el interés público.
En esta línea, Díaz Alperi y Castedo se reafirmarían en su intención de resistir y defender su inocencia en el juicio al mantener que existen argumentos suficientes para rebatir las imputaciones a las que se enfrentan pese a las dificultades que entraña enfrentarse a la confesión de al menos dos de los procesados. Todo, al margen de que se pueda utilizar, como primera baza, la petición de nulidad de las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación policial tras alegar indefensión.
Según las mismas fuentes, el escenario más probable es el de llegar a sala y ya se está trabajando en ello, preparando las sesiones del juicio, con la consciencia de que los plazos efectivos para que pueda intentarse un acuerdo de conformidad no son de un mes natural: ninguna de las partes puede agotar ese horizonte sin saber a qué atenerse. Así, uno de los últimos pasos dados por la defensa de Alperi ha sido la petición de las transcripciones de las declaraciones testificales practicadas en la fase de instrucción (que todas las partes tienen en soporte de vídeo) para facilitar la planificación de la vista.
En todo caso, además de Díaz Alperi y Castedo, también deberán sentarse en el banquillo de los acusados otros tres procesados sobre los que tampoco ha trascendido la firma de ningún acuerdo previo. Se trata, por un lado, del hermano de la exregidora, el abogado José Luis Castedo, y su socio en el bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez, a quienes se atribuye el papel de supuestos colaboradores en el presunto trato de favor a Ortiz, como responsables de asesorar en la tramitación de las modificaciones en el planeamiento. Y por otro lado, también figuraría un tercer responsable de las empresas del constructor, Pablo Rico, que queda fuera del pacto suscrito por Ortiz, su hermano Virgilio Ortiz y otro de sus trabajadores, Santiago Bernáldez.
Al margen de los posibles acuerdos de conformidad, la otra incógnita que envuelve a la celebración del juicio es la fecha y las condiciones para su desarrollo. Salvo una posible modificación del calendario previsto -que pudiese acordarse con motivo de las alteraciones provocadas por la crisis sanitaria del coronavirus-, las sesiones del juicio se concentrarán entre el 23 de septiembre y el 12 de noviembre, tras la jornada inicial del 30 de junio ya citada y una segunda sesión convocada para el 7 de julio. Como informó Alicante Plaza, se prevé la declaración de 53 testigos, al margen de las comparecencias de los peritos.
En principio, las partes mantienen esas fechas en sus respectivas agendas hasta el punto de que varios de los letrados han tenido que solicitar el aplazamiento de otros señalamientos previstos para el mismo 30 de junio. La información que se maneja hasta ahora es que esa primera vista se celebrará, aunque puedan suspenderse otros procedimientos también fijados para ese mismo periodo antes de que se paralizase la celebración de juicios tras la declaración del estado de alarma.
La cuestión es cómo podrían desarrollarse esas primeras sesiones, de manera presencial o telemática, a través de la nueva aplicación informática habilitada por la Conselleria de Justicia. Según las fuentes consultadas, la opción más probable es que esas dos primeras sesiones se celebren presencialmente procurando que se guarden las distancias de seguridad entre los participantes que fijan los protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus. En esa hipótesis, todo parece indicar que el juicio podría desarrollarse fuera de las instalaciones de la Audiencia. Probablemente, en el salón de actos del edificio judicial de la calle Pardo Gimeno, en el que se suelen desarrollar los juicios sobre procesos de especial repercusión social o con muchos intervinientes.
