Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Política de Cookies Aceptar

proceso contra el exprimer edil gabriel echávarri 

'Caso Comercio': el principio del fin de la Alcaldía socialista en Alicante llega a juicio

29/09/2019 - 

ALICANTE. Salvo acuerdo de conformidad in extremis, que las defensas no contemplan, el exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, se sentará a partir de este lunes en el banquillo de los acusados por el presunto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio. O lo que es lo mismo: arranca el juicio al principio del fin de la Alcaldía socialista.

En 2015, el PSOE consiguió romper 20 años de indiscutible hegemonía del PP. Un pacto de gobierno con Guanyar y Compromís permitió que, por primera vez en dos décadas, se hiciese con la vara de mando de la segunda ciudad de la Comunitat. Y lo cierto es que aquella primera ocasión también fue la última. Poco más de un paréntesis que duró dos años y medio. El pasado 26 de mayo, el PP ganó las elecciones como lista más votada y logró consolidar el año de mandato precedente. Justo el que pudo disfrutar gracias a la caída de Echávarri.

El desarrollo del juicio está programado en cinco sesiones (de lunes a viernes) ante el tribunal de la sección tercera de la Audiencia Provincial. Pero no hay fecha concreta conocida sobre cuándo puede dictarse la sentencia. Por el momento, la única certeza es que el exalcalde se enfrenta a una posible condena de diez años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público, en el caso de que se le considere culpable del delito continuado de prevaricación administrativa que se le atribuye.

Junto a él, también se sentarán en el banquillo de los acusados dos de sus más directos colaboradores en el ayuntamiento: su jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de la Concejalía de Comercio, Pedro de Gea. Ambos se exponen también a una posible pena de inhabilitación por el mismo supuesto delito, aunque su hipotética condena quedaría limitada a las funciones de cargo de confianza (sí podrían ejercer de concejales, diputados o en cualquier otra responsabilidad pública). 

Esa es, por ahora, la situación de partida. Aunque todo queda sujeto al posible cambio de criterio de la Fiscalía: la única parte acusadora que sigue activa en el proceso tras la retirada del PP municipal. Así, el acusador público -representado en este caso por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones- podría modificar sus conclusiones y plantear una solicitud de pena distinta. Las defensas, por su parte, mantienen la inocencia de los tres procesados y piden su absolución al considerar que, como máximo, los hechos denunciados podrían considerarse una anomalía administrativa fruto de un error en el que no hubo ni intención ni perjuicio público. Es decir, que en ningún caso sería constitutiva de delito. 

¿De qué hechos se trata? El proceso contra el exprimer edil y sus dos colaboradores deriva de un lote de 25 pagos distintos por un importe global de 189.000 euros relacionados con una campaña publicitaria de promoción del comercio local y con la organización de la Gala de Premios del sector. 

Todos esos encargos se concentraron en las navidades de 2016. Pero la alerta no saltó hasta abril de 2017, cuando se iba a acordar el abono de esas facturas. Un primer informe del jefe de servicio de la Concejalía de Comercio, y otro posterior emitido por el interventor municipal, apuntaron dudas sobre la existencia de un posible fraccionamiento de contratos (los 25 por importe inferior a 18.000 euros y, por tanto, adjudicados de manera directa), lo que evitaba la convocatoria de un concurso abierto a la libre concurrencia. En resumen, que cualquier empresa interesada pudiese optar a prestar esos servicios.

Bastó que el grupo municipal del PP, liderado por el actual alcalde, Luis Barcala, se acogiese a esos informes para presentar una denuncia (en Fiscalía, primero, y en los juzgados, después). Su acción tuvo respuesta: el juzgado que la asumió imputó a Echávarri, a Díez y a De Gea en septiembre. Y acabó firmando el auto de su procesamiento dos meses después.

En ese tránsito, se desencadenaron todo tipo de acontecimientos paralelos. Entre ellos, una comisión de investigación desarrollada a instancias de Ciudadanos (Cs), que se cerró sin que se emitiese un informe de conclusiones. Y además, el propio Echávarri también movió ficha. Ordenó el despido de una trabajadora municipal emparentada con Barcala (su cuñada) y, además, admitió que la había cesado después de que el líder del PP le denunciase por los contratos de Comercio. 

La maniobra no hizo más que agravar su situación ante la justicia. Resultó imputado por segunda vez (a instancias de la denuncia presentada esta vez por dos activistas vecinales) y también acabó siendo procesado por esos hechos. Es más, tendrá que someterse a juicio por un supuesto delito de prevaricación para responder por esa decisión, en enero de 2020.

Las consecuencias son conocidas: tal travesía en los juzgados, frenó la trayectoria política de Echávarri. Los dos procesos abiertos contra él terminaron por dinamitar el pacto de gobierno que había dado lugar al tripartito. Las relaciones entre PSOE, Guanyar y Compromís -que ya arrastraban problemas de desconfianza desde hacía meses-, acabaron saltando por los aires en noviembre de 2017. Compromís y Guanyar renunciaron a sus delegaciones ante la negativa de Echávarri a dimitir para que se pudiese elegir a otro alcalde o alcaldesa entre los bancos del eje progresista.

¿Qué hizo Echávarri? Primero, negó la comisión de todo delito y resistió. Después, argumentó que su posible abandono suponía el regreso del PP a la Alcaldía, ya que que no existían garantías suficientes para investir a otro alcalde socialista. De hecho, así era: se necesitaba la suma de 15 ediles (mayoría absoluta) y el tripartito sólo tenía 14, después de que se hubiese producido la expulsión de la exedil de Guanyar, Nerea Belmonte. Así, Echávarri ganó tiempo y consiguió mantener el gobierno de la ciudad con el apoyo de sus 5 compañeros de filas. Sin embargo, la presión política (y la dureza de los autos judiciales) llevó a la dirección del PSPV y al propio edil a concertar su renuncia.      


La marcha de Echávarri se produjo finalmente el 9 abril de 2018. Y entonces se cumplió su vaticinio: el PP tomó la Alcaldía gracias a la abstención consciente de Belmonte. Ciudadanos (Cs) aguantó todos los envites y retiró la confianza que había depositado en el PSOE en el pleno de investidura de 2015. Así que la sucesora natural de Echávarri, Eva Montesinos, se quedó a las puertas de convertirse en alcaldesa.

El resto es casi la historia de ayer mismo: un año de mandato exprés del PP; elecciones con victoria a los puntos de Barcala (frente a un PSOE con el viento de cola a su favor) y formación de un nuevo pacto con Cs para compartir el peso de la gestión (en su mayor parte, con acuerdos adoptados desde la Junta de Gobierno, en la que se dirige toda ciudad del tamaño demográfico de Alicante). 

Mientras, en las filas socialistas todavía no se da crédito a lo sucedido. Buena parte de su militancia aún se sigue preguntando cómo fue posible que un alcalde tuviese que dimitir por una cuestión ligada a un asunto administrativo. Más, si cabe, después de los años de escándalos que azotaron a sus predecesores del PP. Y, salvando las distancias de cada caso, muchos de sus afiliados continúan atónitos por la rapidez de los procesamientos de Echávarri, en comparación con los precedentes del caso Brugal que afecta a Díaz Alperi y Castedo. Ambos siguen sin fecha para rendir cuentas ante un tribunal por un caso de presunta corrupción: el supuesto amaño del Plan General en favor del promotor Enrique Ortiz, a cambio de dádivas.

Noticias relacionadas

next
x