Los 29 ediles de la corporación municipal votan en un momento del pleno.ALICANTE. Siete horas y media (descontados los dos recesos) de debate político entre lo municipal, lo mundano y lo divino (también se tocó la fiesta de la Santa Faz y la Semana Santa) dan para mucho. Más, si cabe, en la antesala de la apertura de la campaña de las generales del 10N, cuyo pistoletazo de salida se daba justo en la medianoche de este mismo jueves. Lo cierto es que la cercanía de las urnas impregnó prácticamente todo el desarrollo del pleno ordinario de octubre: uno de los más largos entre los registrados en los últimos mandatos.
Por partes. El aroma electoral se dejó notar, sobre todo, en el tramo final de la sesión, cuando PP, Cs y Vox introdujeron con calzador la propuesta para acatar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el procés; cuando se debatió la iniciativa registrada por Vox para condenar los "actos de insurrección violenta ocurridos en Alicante" en connivencia con los ocurridos en Cataluña (el entrecomillado es literal, y se refiere al desarrollo de una manifestación de apoyo a los condenados por la sentencia del Supremo, junto a otra por la unidad de España, que reunieron a menos de 500 personas en total); o cuando se produjo la repulsa (¡ojo, por triplicado!) sobre los insultos homófobos proferidos por un grupo de simpatizantes de Vox a algunos de los asistentes al Salón del Cómic, celebrado el pasado sábado en IFA. Todo cabe en el reglamento del pleno cuando interesa interpretarlo, pese a que no se trate de cuestiones que afecten de manera directa e inequívoca a Alicante.
Tocaba hablar del conflicto catalán, porque es un tema que prácticamente monopoliza la agenda temática del 10N (por encima del paro, del precio de la vivienda, de la sostenibilidad de las pensiones, de la calidad de la sanidad o la educación...) y había que rascar votos al grito de se rompe España, pese a que eso pudiese ir en detrimento de "otros temas municipales sobre los que no les interesa debatir", según expuso el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López.
Y tocaba hablar también de la actitud de "un grupo de personas que no tienen nada que ver con la posición de Vox sobre la homosexualidad", según defendió su homólogo del partido de Santiago Abascal, Mario Ortolá, aunque el incidente se registrase en el término municipal de Elche, porque había que contrarrestar el debate sobre Cataluña y agitar el voto del miedo frente a los ultras.
Las tres declaraciones institucionales tuvieron el resultado esperado: ataques de PP, Cs y Vox a Compromís por la cercanía de algunos de sus dirigentes al movimiento independentista, y ataques del conjunto de la corporación a la homofobia, para marcar distancia contra el rechazo de Vox al fomento de políticas de reconocimiento del colectivo homosexual. Todo, entre desquites y referencias personales entre la vicealcaldesa y líder de Cs, Mari Carmen Sánchez, y el portavoz de Unides Podem, López, en su particular carrera por ver quién defiende más y mejor los derechos del colectivo LGTBI (el área que desempeña Sánchez, junto a la de Turismo).
A la postre, la declaración sobre la sentencia quedó aprobada con los votos de PP, Cs, Vox y PSPV-PSOE. La iniciativa para condenar "los actos de insurrección violenta", quedó aprobada por PP, Cs y Vox. Y en la discusión sobre las tres declaraciones relacionadas con el episodio de IFA, hubo tres votaciones diferenciadas: la de Cs quedó aprobada con apoyo de PP y Vox; la de Compromís, con respaldo de 27 ediles y la abstención de los dos concejales de Vox; y la de Unides Podem, con idéntico resultado.
Del conjunto del cruce dialéctico quedaron, al menos, dos reflexiones especialmente oportunas. La primera, la formuló el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, quien cuestionó sobre si el PP, Cs o Vox tenían alguna propuesta de solución para el conflicto catalán, más allá de expresar su respaldo a la sentencia del Supremo y de condenar los actos violentos. Y la segunda, la verbalizó la portavoz del PP, Mari Carmen de España, quien manifestó su "tristeza" por que se tratase de diferenciar conductas violentas en función de quién fuese su responsable. "La violencia se debe condenar siempre, venga de quien venga", recalcó.
La política apareció también con la iniciativa registrada por Unides Podem para rendir homenaje y dedicar una calle a Miquel Grau, considerado la última víctima de la Dictadura Franquista. La propuesta obtuvo el rechazo que podía esperar (y quién sabe si pretender) el grupo proponente. PP, Cs y Vox (16 votos de 29) votaron en contra. Eso sí, el eje progresista tuvo que escuchar que el concejal de Cultura, Antonio Manresa (Cs), les recordase que fueron los vecinos quienes prefirieron asignar otra denominación a la calle que se había propuesto dedicar a Miquel Grau bajo el mandato del tripartito.
Y no fue menos política la declaración institucional presentada por el PP para denunciar la falta de inversiones autonómicas en la ciudad y reclamar que los presupuestos de la Generalitat incluyesen la partida necesaria para llevar a cabo la rehabilitación de los barrios de Miguel Hernández y Virgen del Carmen tras su "exclusión" durante la legislatura precedente. Tanto Unides Podem como Compromís defendieron con vehemencia que las cuentas autonómicas ya preveían esa inversión: 6,6 para Miguel Hernández y 2,5 para Virgen del Carmen.
Pese a todo, entre el fragor de esas batallas, hubo lugar para que se adoptasen acuerdos de ámbito local. En algunos casos, a propuesta del equipo de Gobierno (PP y Cs). Así, se aprobó la ordenanza reguladora de las condiciones de circulación de los patinetes eléctricos y el inicio de los trámites para solicitar que la Semana Santa sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional y que les Fogueres puedan optar a la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En estos dos últimos casos, las iniciativas fueron conjuntas, aunque promovidas por el PP. E igualmente, también se aprobó la declaración presentada por Cs para instar al Consell a procurar la finalización de las obras de la Vía Parque, pendientes de un modificado de proyecto y ya sin presupuesto consignado, según apuntó el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez.
En otros casos, los acuerdos partieron de las filas de la oposición. El PSPV-PSOE logró unanimidad para crear una comisión específica para reflexionar sobre la integración Puerto-ciudad y otra para la revisión del Plan Integral de la Zona Norte. Además, también sumó a todo el pleno para que el ayuntamiento intente (de nuevo) la compra del edificio del antiguo Cine Ideal para su uso público, aunque se trate de un intento complejo, sujeto al precio de tasación de los técnicos, inferior al concertado por el Grupo Baraka.
El portavoz socialista, Paco Sanguino, durante una de sus intervenciones.Unides Podem también logró unir a toda la corporación salvo a Vox para promover que el edificio del histórico cine quede protegido como Bien de Relevancia Local (BRL) y Compromís hizo lo propio al impulsar una comisión para retomar la elaboración del Plan de Inclusión.
Pero, sin duda, el bloque temático que destacó entre el resto fue el del estado de las infraestructuras educativas de la ciudad. Fue el telón de fondo de cuatro puntos del orden del día, que PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís (incluso Vox) utilizaron como instrumento para arremeter contra el bipartito en busca de la réplica de la edil de Educación, Julia Llopis (PP). Y la encontraron, en algunas ocasiones más afortunadas que en otras. Las primeras fricciones se plantearon por la asunción de la delegación de competencias para la construcción del nuevo colegio de La Cañada, tras quedar integrado en el Plan Edificant. Llopis volvió a criticar (una vez más) esa fórmula al reiterar que traspasa la carga de trabajo a los ayuntamientos sin asignar más recursos. Además, insistió en la idea de que las asociaciones de padres y madres estaban manipuladas por "infiltrados" afines a los partidos progresistas (ya lo hizo en el pleno de septiembre a colación de otra propuesta sobre el plurilingüismo y la recuperación del distrito único).
Pero la edil de Educación tuvo que escuchar que la socialista Trini Amorós le recordase los desmanes de la empresa pública Ciegsa y que el portavoz de Compromís, Bellido, le exigiese una rectificación por criticar a los padres por reclamar la construcción de colegios para sus hijos.
Después, fue el también edil Compromís, Rafa Mas, quien formuló un ruego para que se incluya la reforma del CEIP Santísima Faz y el CEIP El Palmeral en el Plan Edificant. Y Llopis respondió que resultaba imposible abarcar al mismo tiempo todas las necesidades de los centros educativos de la ciudad, por lo que ella y su departamento habían abogado por priorizar y mantener la elección de actuaciones que ya estaba en marcha desde el pasado mandato. "Desconozco qué criterios se siguieron para priorizar en el Plan Edificant porque eso fue en 2017", cuando la concejalía de Educación recaía en Compromís.
En tercer lugar, llegó la pregunta formulada por la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, sobre los avances en el acuerdo adoptado en septiembre para la construcción del nuevo colegio de La Almadraba. Llopis incidió en la misma respuesta, que no se podía dar cobertura a todos los centros a la vez. A lo que añadió otra crítica a la Conselleria de Educación, al señalar que el departamento autonómico persiste en el proyecto para que La Almadraba comparta espacio con el IES Radio Exterior. "No se puede avanzar mientras no se den por enterados sobre el acuerdo", apuntó. El edil de Urbanismo, Pérez, recalcó, además, que no podía cederse una nueva parcela para el colegio si Educación no la solicitaba.
Y, por último, Vox también preguntó por las obras de remodelación del centro de educación especial Santo Ángel de la Guarda. A lo que Llopis respondió que su previsión era incluir la ejecución de esas obras a cargo del Plan Edificant para los años 2020-2021.
Por lo demás, en esas siete horas y media de duración del pleno, también tuvo encaje alguna propuesta estridente, como el ruego formulado por Vox para que se comprasen más pistolas eléctricas para los efectivos de la Policía Local, que fue rechazado por el edil de Seguridad, José Ramón González (PP), tras detallar que suponen un gasto excesivo, que tienen una vida útil demasiado corta, que no existen más agentes con la formación requerida sobre su uso y que los propios mandos de la policía no lo consideraban necesario. Para cerrar, mención al acuerdo feliz: la declaración de los festivos locales para 2020, el 23 de abril día de la Romería de Santa Faz, y el 22 de junio, con motivo de les Fogueres.
