Alicante responde a la jueza y alega daños para evitar la reposición de las calles franquistas

ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante registró este martes el recurso contra el auto de la titular del juzgado de lo Contencioso número 4 que suspende el ajuste del callejero de Alicante a la Ley de Memoria Histórica, tras aceptar la medida cautelar solicitada por el PP mientras se dirime el fondo de su impugnación. En ese escrito, los servicios jurídicos municipales tratan de evitar que se tenga que cumplir la segunda medida prevista por la jueza: la obligación de reponer las placas con las antiguas denominaciones que el ayuntamiento retiró sin esperar a que la jueza se pronunciase sobre la petición del PP.

Las fuentes del equipo de Gobierno consultadas precisaron que el recurso municipal se fundamenta en los daños que generaría esa restitución para tratar de eludirla. Daños ya no derivados sólo por los costes que entrañaría la colocación de esos rótulos (por las horas de trabajo de las brigadas municipales y por la reparación de las placas que puedan haber sufrido deterioro), sino por el perjuicio público que podría derivarse de la recolocación de las placas con los nombres antiguos en el caso de que, finalmente, la propia jueza fallase -tras analizar el fondo del asunto- que todo el proceso de cambio de denominaciones es legal. Esa decisión, que probablemente puede demorarse todavía durante algunos meses, obligaría al Ayuntamiento y a los ciudadanos a reajustar el listado de direcciones oficiales para las 46 calles con referencias franquistas que llegaron a modificarse. 

El recurso incide en que el PP no incluyó la reposición de las placas al solicitar la suspensión cautelar de los cambios 

Se trata, en realidad, de darle la vuelta a uno de los argumentos utilizados por el PP para defender su petición de suspensión cautelar. Los populares alegaron el perjuicio que podían suponer los cambios ejecutados en el supuesto de que, a la postre, la jueza los acabase anulando. Pero, además, el escrito del Ayuntamiento abunda en que la restitución de los antiguos nombres excede, incluso, de la petición formulada por el PP, de modo que, de acuerdo con la posición municipal, mantener esa obligación de reposición de placas conllevaría ir un paso más allá en el que se estaría prejuzgando sobre el fondo del litigio.

La jueza debe dirimir ahora si acepta las alegaciones del Ayuntamiento o si las rechaza y se mantiene en las conclusiones de su auto. En él, atribuía al equipo de Gobierno la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial por haber aplicado las nuevas denominaciones de calles sin esperar a su autorización. El grupo municipal del PP advirtió este martes con la posibilidad de reclamar responsabilidades patrimoniales a los dirigentes que tomaron esa decisión y reclamaron celeridad en el cumplimiento del auto, ya que, recordaron, el recurso no tiene efectos suspensivos. Las concejalías de Estadística y Memoria Histórica, dirigidas por Daniel Simón (Guanyar) y María José Espuch (Compromís), vienen manteniendo en sus últimas declaraciones al respecto que el auto se cumplirá "en los tiempos normales de la administración, como los que se siguieron para aplicar los cambios de placas". Ese proceso se prolongó durante alrededor de un mes.