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Destacan la pérdida de calidad en el servicio

57 abogados y procuradores denuncian el colapso de los Juzgados de Ibi, con retrasos "inasumibles"

4/12/2024 - 

IBI. El colectivo de abogados y procuradores han presentado una queja por la pérdida de calidad en el servicio de los Juzgados de Ibi. Según manifiesta este colectivo, se viene observando un retraso considerable en la tramitación y resolución de los asuntos que se siguen en los dos Juzgados de Ibi, retraso que los profesionales califican de "inasumible".

Un total de 57 profesionales han suscrito un escrito en el que solicitan la adopción de las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación. Copia de este escrito será presentada en el Colegio de Procuradores de Alicante, en los Colegios de Abogados de Alcoy y Alicante, en la Conselleria de Justicia y en el Consejo General del Poder Judicial.

Señalamientos: de seis a quince meses

A partir de las estadísticas que publica el Consejo General de Poder Judicial y de los datos recogidos por los propios profesionales, se constata un aumento en las fechas de señalamientos en el Juzgado nº 2, que han pasado de una media de seis meses y 21 días en el año 2021, a 15 meses y cuatro días en el primer semestre de 2024. Si se mantiene este ritmo, no se descarta que en breve se esté rozando señalamientos a 24 meses vista. "Nunca en la historia de los Juzgados de Ibi se había producido una situación similar", según informan en una nota de prensa.

Según las estadísticas oficiales, los asuntos ingresados en el año 2021 fueron 1.432, que pasaron a 1.629 en el año 2022 y a 1.809 en 2023. A juicio de los profesionales, "este aumento de carga de trabajo en torno al 10% no justifica un aumento del 200% o 300% en el tiempo de señalamiento de las vistas".

Además, los firmantes de la queja han comprobado que en el Juzgado nº 1 existe un "verdadero atasco", siendo decenas los expedientes sin incoar, tramitar y señalar, así como otros tantos escritos y resoluciones pendientes. "Es lamentable tener que esperar tres o cuatro años a que se resuelva un asunto civil, pues genera en la ciudadanía una indeseada desconfianza en la justicia".




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