El alcalde, Luis Barcala (PP), estrecha la mano al portavoz de Compromís, Natxo Bellido, en un pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El partido acaba en tablas. Los bloques de la derecha (PP-Cs) y de la izquierda (PSOE, Guanyar y Compromís) empataron en el pleno ordinario de noviembre de este jueves en el debate político celebrado a cuenta de la adjudicación de contratos municipales con la fundación Escola Valenciana y con empresas vinculadas a uno de los asesores del PP (cesado por un supuesto de incompatibilidad el pasado julio). Ese resultado expresado en términos de símil futbolístico sería el resumen global válido sobre la cuestión, de no ser por una singularidad no precisamente menor: que en el fondo de lo que se trata es, de nuevo, del manejo de fondos públicos.
Como ha contado Alicante Plaza, el equipo de Gobierno, del PP, logró sumar a Cs para reprobar a dos de los concejales de Compromís, Natxo Bellido y María José Espuch, por los acuerdos que impulsaron durante su etapa al frente de las concejalías de Presidencia e Igualdad con la entidad en la que trabaja la pareja de Espuch y vicesecretario general de la coalición, Ismael Vicedo. Pero, nada más. Ninguno de los dos dio el paso de admitir supuestas irregularidades ni tampoco un comportamiento inmoral, por lo que no sopesaron la posibilidad de dimitir como les exigieron con vehemencia desde los escaños de PP y Cs. Lo cierto es que, con otras formas, también les mostraron ese camino los dos ediles no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte, que han sido dos de las dianas habituales de las críticas de Compromís sobre su exigencia de comportamiento ético. Y en cierto modo también PSOE y Guanyar les animaron a expiar sus propias culpas, bajo la advertencia de que, en todo caso, Compromís se expondría a la depuración de posibles responsabilidades en las urnas, en las elecciones del próximo mes de mayo.
Las explicaciones que Bellido había ofrecido en su comparecencia previa, a petición de Cs, no parecieron convencer plenamente a ningún partido del arco plenario, máxime cuando él ha venido basando su aportación a la gestión pública desde el inicio del mandato en el discurso de la ética y la estética. Esas explicaciones tampoco lograron saciar la sed de los populares, que podrían ver en el desgaste de Compromís, y en el uso (quién sabe si abuso) del discurso identitario y el frente contra el fantasma del catalanismo, un instrumento perfecto para absorber a los feligreses de Cs. Y, a su vez, para restar votos ante la posible conformación de un nuevo pacto de progreso tras las municipales de 2019 como el que se gestó en 2015.
La izquierda, por su parte, consguió mantener viva la llama de la polémica en torno a los asesores del PP: un asunto que se ha revelado al menos como uno de los talones de Aquiles del atípico mandato de Barcala, de solo un año de duración. Como mínimo, la comisión de investigación constituida a cuenta de los contratos concedidos al entorno de su exasesor y miembro de su ejecutiva local va a garantizar la prolongación del ruido que tanto daño hizo al tripartito, y que tanto temían los populares que les afectase a ellos. Su objetivo era que nada enturbiase la que debía ser su labor: poner en marcha todo aquello que el tripartito diseñó (el PP ha reconocido que no tenía tiempo material para planificar algo diferente), pero que sus integrantes fueron incapaces de ejecutar precisamente por sus disputas internas (y su pérdida de la mayoría absoluta).
En relación a este asunto, sorprendió el posicionamiento de Cs (que no apoyó la moción de Compromís) en la medida en que fue quien promovió la comisión de investigación del llamado caso Comercio y, además, quien provocó la dimisión/cese del asesor del PP, Jorge Crespo, al detectar que una de sus empresas iba a convertirse en adjudicataria de un contrato municipal. Y sorprendió también por presentar una enmienda para que se investigasen -precisamente ahora- los contratos relacionados con la redacción del llamado Plan Ciudad, pese a que los expedientes relacionados con esos acuerdos están en su poder desde hace cerca de un año. Si fue un intento por mantener el equilibrio entre PP y el extinto tripartito (y, de paso, no dar tregua a Compromís), sólo Cs lo sabe.
En cualquier caso, la revisión de esos contratos pueden añadir un nuevo aliciente al último tramo del mandato, en la medida en que, en teoría, deberán tratarse en la comisión de vigilancia de la contratación (su argumento para oponerse a la comisión de investigación de Compromís), aunque con una perspectiva algo diferente. Como apuntó el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, no de manera específica ni con las mismas condiciones.
Por lo que respecta al resto de la sesión, corresponde una reseña obligada al desbloqueo del paquete de 22 obras municipales por un importe global de 12 millones, con compromiso del PP y acto de fe de Guanyar incluidos, o la comisión para estudiar las posibilidades de recuperar la titularidad pública del Monasterio de la Santa Faz... y, en el mismo viaje, de otros inmuebles inscritos a nombre de la Iglesia (inmatriculaciones). Algo en lo que, según precisó Barcala, no incluye al antiguo Asilo de Benalúa, porque "en ese caso no existe inmatriculación sino escritura de compra".
