Un mandato jalonado por las polémicas en la contratación 

ALICANTE. El mandato municipal actual se abrió en junio de 2015 con un discurso más o menos compartido por todas las formaciones políticas sobre la necesidad de la regeneración, de la transparencia y del cambio respecto a las circunstancias en las que se había desarrollado la última etapa del PP al frente del Ayuntamiento, bajo los mandatos de Luis Díaz Alperi y de Sonia Castedo (quien, finalmente, tuvo que ser forzada a dimitir por su propio partido a menos de medio año de la cita con las urnas, en diciembre de 2014). 

La sombra de corrupción que extendió el caso Brugal (todavía pendiente de juicio y, por tanto, sujeto a todas las presunciones posibles) era el ejemplo paradigmático que destacaba sobre otros asuntos no menos controvertidos, como la adjudicación de los telecentros, el caso Isjoma, el caso Magallanes, la adjudicación del Plan E o la feria outlet del Puerto, entre los más conocidos.

Todas las siglas, especialmente las de la izquierda, aunque también las de los partidos emergentes como Ciudadanos (Cs) o Podemos, organizaron sus campañas en torno al discurso de la transformación, de la limpieza, de la ética y de la estética. El listón de la manida línea roja se puso necesariamente bajo. Tres años y medio después, se han registrado varios episodios que han rebasado esa altura en prácticamente todas las fuerzas que han ocupado responsabilidades de gobierno. Varios de esos casos, denunciados por grupos opositores o incluso alentados por 'fuego amigo', han concluido en la dimisión de los responsables de los acuerdos que desataron la polémica.

-Expulsión de Belmonte: La primera controversia de calado relacionada con los contratos municipales trascendió en marzo de 2016, cuando se dio a conocer que la exconcejal de Acción Social y Vivienda por Guanyar, Nerea Belmonte, había adjudicado dos contratos menores de 4.000 y 7.000 euros a una empresa (TechData) creada por dos militantes de su círculo de confianza en Podemos. Ella defendió que se había solicitado tres propuestas y que se había adjudicado a la mejor. El resultado: fue expulsada de las filas de Guanyar y del equipo de Gobierno, pero mantuvo el acta como concejal no adscrita. En el pleno de elección de nuevo alcalde tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri cambió el sentido del voto que emitió en 2015, entonces a favor de la investidura del candidato del PSOE y se decantó por la abstención, lo que permitió que Luis Barcala (PP) tomase la Alcaldía. 

-Caso Comercio: La segunda controversia de relevancia afectó al propio alcalde socialista, en abril de 2017. La tramitación de hasta 25 encargos directos relacionados con campañas de promoción del comercio de la ciudad, con la organización de la Gala del Comercio y con la mejora de la señalética en los mercados municipales por un importe global de 189.000 euros desembocó en el procesamiento de Echávarri y de dos de sus cargos de confianza (su jefe de Gabinete, Eduardo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea) por un delito de prevaricación, en relación a un supuesto fraccionamiento de contratos, después de que el PP elevase una primera denuncia en Fiscalía que reprodujo más tarde en el juzgado. Echávarri, que defendió que no había existido más que una anomalía administrativa y que todo partía de una denuncia política, acabó presentando su dimisión el 9 de abril y será juzgado en otoño de 2019.

-Liga de la Educación: En enero de 2018, el PSOE tuvo que ofrecer explicaciones ante el pleno a instancias del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) por la concertación de dos acuerdos distintos con la Liga de la Educación y la Cultura Popular: una ONG vinculada a dirigentes socialistas como el exdiputado extremeño Victorino Mayoral, y el exdiputado alicantino, Agustín Jiménez. Los dos acuerdos ascendieron a cerca de 400.000 euros y se tramitaron a través de dos concursos públicos sin que los ediles socialistas se inhibiesen a la hora de aprobar su adjudicación, pese a que llegó a plantearse que existía deber de abstención. El primer contrato concedido a dicha ONG se aprobó en la Junta de Gobierno Local, en agosto de 2017, tras convocarse un concurso por un importe de casi 220.000 euros para el desarrollo de un programa de cohesión social en la escuela. La adjudicación del segundo, de 200.000 euros, se ratificó el pasado 5 de enero, tras otro concurso sobre formación permanente de personas migradas, y con cargo a los fondos europeos EDUSI. En ese caso, no hubo ninguna dimisión. Tampoco nadie exigió que las hubiese.

-Compostaje: En mayo de 2018 trascendió la controversia en relación a la acumulación de pagos mensuales a un colaborador de la Concejalía de Medio Ambiente por el control de los contenedores de compostaje puestos en marcha por el entonces concejal de Guanyar, Víctor Domínguez. En suma, a dicho colaborador -al parecer, militante de Esquerra Unida (a la cabeza de Guanyar)- se le pagaron algo más de 8.000 euros de manera directa. 

Domínguez también negó que se hubiese cometido ninguna anomalía, defendió que no tuvo que ver en dichos encargos y que no hubo ningún reparo técnico. Pero también acabó presentando su dimisión con el argumento de no perjudicar a su partido. La Fiscalía ha abierto diligencias para esclarecer si en esos pagos directos pudo existir delito. Por el momento, sólo ha solicitado información al Ayuntamiento sobre esos pagos. 

-Asesores: Un mes después de su llegada al poder, en abril de este año, el equipo de Gobierno del PP acordó el cese de uno los asesores que había contratado como personal eventual, Miguel  Ángel Redondo, tras aludir a una pérdida de confianza motivada por cuestiones relacionadas con su ámbito personal. Justo entonces se había dado a conocer que había sido visto acompañando a Belmonte en sus visitas a varias dependencias municipales como si se tratase de su personal de apoyo. La Fiscalía mantiene abiertas diligencias en relación a esa supuesta labor como asesor de la edil no adscrita, un recurso al que Belmonte no tendría derecho, y a si esa circunstancia pudo estar vinculada a su voto en el pleno de elección de nuevo alcalde. 

Dos meses después, en julio, el PP tuvo que acordar el cese de un segundo asesor, Jorge Crespo, al comprobar que había optado al concurso por el mantenimiento de las zonas verdes de las escuelas infantiles municipales a través de una de sus empresas, en las que poseía más del 10% de las participaciones, lo que podría considerarse un caso de incompatibilidad. El PP subrayó entonces que había actuado con rapidez para atajar dudas y, además, la empresa se acabó retirando del concurso. Como ha publicado Alicante Plaza, ahora trasciende que el PP adjudicó entre junio y agosto de este año seis contratos menores por un importe global de 9.600 euros a su socia y administradora única de esa empresa. 

-Escola Valenciana: El equipo de Gobierno del PP ha derivado al consejo de transparencia la documentación que obra en el ayuntamiento sobre los pagos concertados con la Fundación Escola Valenciana durante el periodo en el que Compromís desempeñó responsabilidades de gobierno. En concreto, se alude a la organización de dos ediciones de la feria de publicaciones en valenciano, la llamada Plaça del Llibre, en 2016 y 2017. En el primer año, según ha ido informando el propio PP tras la revisión de esos acuerdos, se produjo un pago de 8.000 euros a través de un convenio por la promoción del valenciano firmado por el alcalde socialista, Gabriel Echávarri, pero impulsado desde la Concejalía de Presidencia y Promoció Lingüística que dirigía el portavoz de Compromís, Natxo Bellido. Entre los documentos que Escola aportó para justificar el uso de los fondos del convenio incluyó el pago de la nómina de Ismael Vicedo, número 3 de Compromís en Alicante y pareja de una de las ediles nacionalistas, María José Espuch. En la segunda edición de esa feria se produjo un pago directo a Escola de 14.000 euros, con cargo al presupuesto destinado a Promoció Lingüística. Además, también ha dado traslado al mismo consejo de Transparencia sobre el encargo directo a Escola de una actividad relacionada con el Día de la Igualdad organizada por Espuch desde esa concejalía. En ese caso, se trataba de un pago de 1.400 euros.

Bellido ha sostenido que todos esos encargos se produjeron conforme al procedimiento administrativo requerido, que se seleccionó un producto concreto que ofertaba Escola Valenciana en varios ayuntamientos de la Comunitat y que la pareja de Espuch hubiese recibido su nómina con o sin acuerdo con el Ayuntamiento. Además, ha insistido en la posibilidad de que se fijen nuevos requisitos más allá de los que resultan obligatorios desde el punto de vista de la legalidad para aportar mayor transparencia a la contratación municipal. Y, por último, también ha manifestado que en Compromís no se contemplan dimisiones en relación a los pagos con Escola.