BENIDORM. El presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2019 deberá comenzar con un cambio importante: 100 millones de euros para llevar a cabo los trabajos de demolición de los dos rascacielos conocidos como Gemelos 28 de Benidorm, ubicados en Punta Llisera, en la zona norte de la playa de Levante. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha ordenado la ejecución de la sentencia; es decir, el derribo de los 186 apartamentos. De esta manera, se ratifica el fallo, que se hizo publico en noviembre de 2017 y que fue adelantado en exclusiva por Alicante Plaza, y se conmina a la Generalitat Valenciana a que consigne en sede judicial 100 millones de euros para hacer frente a las indemnizaciones para los propietarios de las viviendas que será derribadas. El plazo comienza a contar desde el 23 de noviembre y, por lo tanto, finaliza el 23 de febrero.
El TSJ ha dictado este auto después de que la sala contecioso-administrativa del Supremo no haya admitido el último intento del Gobierno valenciano, y de la promotora Terres de l'Horta (Edificaciones Calpe, de Andrés Ballester) para buscar una solución alternativa al derribo. Hay que recordar que la sentencia que fija el derribo definitivo es de 2012, cuando el Supremo que ya declaró ilegal el permiso otorgado el 29 de abril de 2005 por la Dirección General de Costas y Puertos de la Conselleria de Obras Públicas, en ese momento, dirigida por Rafael Blasco para construir los dos edificios. Además, el alto tribunal obliga a la Generalitat no sólo a asumir los costes derribo sino la indemnización de la compra de la viviendas, más de un 20% adicional. Es lo mismo que el TSJ ordenó en 2017, pero un año después, al inadmitirse el último recurso de reposición.
