Foto: PEPE OLIVARESELCHE. El equipo de gobierno celebró la semana pasada la última Junta de Gobierno del ejercicio. Como suele ocurrir a final de año, el Ejecutivo aprovecha para dar salida a facturas pendientes y pagos varios, a veces para que se puedan financiar con el remanente que existe, otras para que computen en las cifras del actual ejercicio, por ejemplo. En este caso, se aprobaron reconocimientos de obligaciones de tres informes con 97 expedientes con reparos. Las irregularidades económicas que han sido fruto de refriega política de nuevo este año.
En este sentido, la portavoz de la Junta, Inma Mora, respondía sobre esta cuestión que son expedientes con 97 facturas de distintas concejalías, sobre todo de Mantenimiento, Telecomunicaciones, de compra de repuestos para el parque móvil del Ayuntamiento, o adecuación para centros educativos. En este caso, un informe de esos reparos —ahora denominados expedientes tramitados con 'omisión de la función interventora'— ascendía a 20 expedientes con 31.100 euros. Otro informe de Intervención hablaba de 17 expedientes por valor de 28.662,33 euros, y por último, un informe de reconocimiento de obligaciones de 60 expedientes por 90.892 euros. En total, sobre los 150.000 euros.
Sobre estos expedientes, se refieren de nuevo a facturas pagadas sin contrato, de las que el PSOE ha advertido que había detectado 17 expedientes por un valor de 2,9 millones de euros. Como cabe recordar, son situaciones que se llevan dando desde hace años en el Consistorio, y aunque Intervención tiene que señalar que existe esta irregularidad, después la Junta de Gobierno aprueba el pago, a menudo de cuestiones de gestión del día a día, avalado con que hay dinero suficiente para sufragar estos pagos, que es necesario o que hay informe técnico detrás.
Es el motivo por el que el PP llevó a PSOE y Compromís a los tribunales, lo que finalmente fue archivado, si bien hubo varios tirones de orejas de Antifraude, pidiendo medidas y anular algunos expedientes. Lo cual nunca se hizo. Ahora son los socialistas quienes han utilizado la misma estrategia, con estas irregularidades integradas en un expediente que Antifraude mantiene abierto para analizar, junto a decenas de denuncias de casos en otros Ayuntamientos de la Comunitat. Asimismo, Contratación incide desde que el asunto es motivo de polémica que se encuentra corrigiendo esta situaciones, vía licitaciones para evitar recurrir a situaciones 'alegales'. En este sentido, el monto ha descendido, en 2022 fueron 29 expedientes por valor de 4,2 millones de euros, y en 2023, 27 por 3,8 millones.
El responsable del área, Claudio Guilabert, apuntaba semanas atrás que están aumentando las licitaciones de todo tipo de material: para baldosas, obras o flores, entre otros, y defiende que como denuncian los socialistas, no se siguen emitiendo facturas a proveedores que ya tienen servicios contratados por ejemplo para el suministro de flores, sino que depende de que estas empresas emiten las facturas después de las entregas, por lo que a veces estas llegan cuando ya está este servicio adjudicado. Poniendo el foco en que están reduciendo progresivamente el nivel de contratos menores o facturas emitidas sin contrato. También que se han reforzado los recursos humanos del área. Eso sí, ha cambiado el paso con el enfoque, de negar al principio que existieran estos reparos o no dar cuenta de ellos, a ofrecer información sobre esa gestión y que se están tomando medidas que ya surten efecto para paliarlo.
